La implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) representa una de las transformaciones más importantes de la justicia mexicana en las últimas décadas. El tránsito hacia procedimientos predominantemente orales pretende fortalecer la inmediación judicial, la contradicción, la concentración procesal y la calidad de las decisiones jurisdiccionales.

Sin embargo, la oralidad también plantea algunos riesgos que no siempre reciben suficiente atención. Uno de los más importantes consiste en atribuir a la inmediación judicial capacidades que realmente no tiene. En particular, existe la creencia de que un juez puede determinar si un testigo dice la verdad simplemente observando sus gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, seguridad al responder o actitud durante el interrogatorio.

Esta creencia merece ser cuestionada.

La inmediación permite al juez presenciar directamente la producción de la prueba, pero no le concede una capacidad especial para descubrir la verdad mediante la observación del comportamiento humano.

La distinción es fundamental para comprender cómo debe valorarse racionalmente la prueba testimonial en el nuevo sistema procesal civil y familiar.

1. Qué significa realmente el principio de inmediación

La inmediación es uno de los principios estructurales de los procedimientos orales. Su finalidad consiste en garantizar que la persona juzgadora tenga contacto directo con las partes, los testigos, los peritos y los demás medios probatorios que se desahogan durante las audiencias.

El artículo 7 del CNPCyF recoge este principio dentro del sistema de justicia civil y familiar, mientras que las disposiciones relativas a las audiencias desarrollan las condiciones para su aplicación.

La inmediación permite que el juez escuche directamente las declaraciones, conozca las preguntas formuladas por los abogados, observe cómo se desarrolla el interrogatorio y controle el respeto de las reglas procesales.

También permite apreciar aspectos importantes de la declaración: si una respuesta resulta contradictoria con otra, si el testigo modifica su versión, si reconoce que desconoce determinados hechos o si proporciona información que puede contrastarse con otras pruebas.

Todo ello tiene valor procesal y epistemológico.

Pero debemos distinguir entre presenciar directamente una declaración y conocer con certeza la sinceridad de quien declara.

La primera posibilidad es una consecuencia de la inmediación. La segunda no está garantizada por ella.

Un juez puede observar perfectamente a un testigo y, aun así, equivocarse al determinar si su declaración es verdadera.

2. El mito del lenguaje corporal como detector de mentiras

Durante mucho tiempo se ha supuesto que determinadas conductas permiten identificar a las personas que mienten.

Entre las creencias más extendidas encontramos las siguientes:

• Quien evita mirar a los ojos está mintiendo.
• Quien responde con seguridad está diciendo la verdad.
• Quien se muestra nervioso pretende ocultar información.
• Quien duda demasiado ha inventado su relato.
• Quien recuerda numerosos detalles necesariamente presenció los acontecimientos.
• Quien modifica algún aspecto de su declaración carece de credibilidad.

El problema es que estas afirmaciones no cuentan, como reglas generales, con respaldo científico suficientemente sólido.

Las investigaciones de psicología del testimonio y detección del engaño muestran que muchos indicadores conductuales tradicionalmente asociados con la mentira poseen una capacidad explicativa limitada.

Una persona puede experimentar nerviosismo porque está mintiendo, pero también porque se encuentra frente a un tribunal, teme equivocarse, desconoce el procedimiento, tiene dificultades para expresarse o está recordando una experiencia traumática.

Del mismo modo, una persona puede declarar con absoluta tranquilidad y estar proporcionando información falsa.

La seguridad subjetiva del declarante no constituye una garantía de exactitud objetiva.

Esto tiene consecuencias importantes para la formación judicial.

La persona juzgadora debe evitar sustituir el análisis de las evidencias por impresiones personales sobre la actitud de los testigos.

No basta afirmar en una sentencia que alguien resultó creíble porque declaró de manera espontánea, mantuvo contacto visual o respondió sin titubeos.

Es necesario explicar qué elementos de su declaración permiten considerar suficientemente acreditados los hechos relevantes.

3. Sinceridad, memoria y exactitud: tres cuestiones diferentes

Uno de los errores más frecuentes en la valoración testimonial consiste en confundir sinceridad con exactitud.

Un testigo puede ser completamente sincero y, sin embargo, estar equivocado.

La memoria humana no funciona como una grabación que reproduce fielmente los acontecimientos. Es un proceso reconstructivo, sujeto a múltiples influencias.

El transcurso del tiempo, la información recibida posteriormente, las conversaciones con otras personas, las expectativas, las emociones y la forma en que se formulan las preguntas pueden modificar el recuerdo.

Pensemos en un litigio civil derivado de un accidente de tránsito.

Un testigo afirma haber observado que uno de los vehículos circulaba a velocidad excesiva. Declara con seguridad y sostiene que recuerda perfectamente lo sucedido.

Sin embargo, durante el contrainterrogatorio reconoce que observó el accidente desde una distancia considerable, durante pocos segundos y mientras realizaba otra actividad.

En este supuesto, la cuestión central no consiste en determinar si el testigo parece honesto.

La pregunta relevante es otra:

¿En qué condiciones percibió los hechos y qué tan fiable resulta la información que proporciona?

El análisis debe considerar la distancia, visibilidad, duración de la observación, atención, condiciones ambientales, tiempo transcurrido y posibles influencias posteriores.

La sinceridad del testigo puede ser relevante, pero no sustituye la evaluación de la calidad de su percepción y memoria.

4. El peligro de las máximas de experiencia

Otro problema frecuente aparece cuando los tribunales utilizan las denominadas máximas de experiencia para justificar conclusiones probatorias.

Las máximas de experiencia son generalizaciones sobre el funcionamiento del mundo que pueden utilizarse para construir inferencias.

Por ejemplo, a partir de determinados hechos acreditados, una persona juzgadora puede utilizar conocimientos generales sobre relaciones causales, comportamientos habituales o fenómenos naturales para valorar una hipótesis.

El problema surge cuando esas generalizaciones carecen de fundamento suficiente.

Consideremos algunas afirmaciones:

«Una madre siempre conoce mejor las necesidades de sus hijos».

«Una persona que verdaderamente sufrió violencia necesariamente lo denunciará de inmediato».

«Quien no recuerda una fecha exacta está ocultando información».

«Una persona con estudios universitarios difícilmente puede ser engañada».

Estas expresiones pueden presentarse como reglas de experiencia, pero en realidad contienen estereotipos o generalizaciones injustificadas.

Su utilización puede conducir a decisiones arbitrarias, particularmente en procesos familiares.

La valoración racional exige someter las máximas de experiencia a un examen crítico.

Conviene preguntar:

¿La generalización tiene fundamento empírico?

¿Es aplicable al caso concreto?

¿Existen explicaciones alternativas?

¿Se está utilizando un estereotipo?

¿La conclusión se encuentra respaldada por otras evidencias?

La sana crítica no autoriza a convertir intuiciones personales en reglas generales de valoración probatoria.

5. El sesgo de confirmación en la actividad judicial

El sesgo de confirmación consiste en la tendencia a buscar, interpretar o recordar información de manera que refuerce creencias previamente adoptadas.

Este fenómeno puede afectar a cualquier persona, incluidos abogados, peritos y jueces.

Imaginemos un proceso familiar en el que, desde las primeras actuaciones, una de las partes aparece como particularmente conflictiva.

Si la persona juzgadora forma prematuramente una impresión negativa, puede terminar interpretando las declaraciones posteriores a partir de esa percepción inicial.

Las contradicciones de esa parte podrían recibir una importancia desproporcionada, mientras que inconsistencias semejantes de la contraparte podrían minimizarse.

Algo similar ocurre cuando una hipótesis inicial sobre los hechos comienza a orientar selectivamente la interpretación de toda la prueba.

La solución no consiste en exigir que los jueces carezcan de hipótesis. Eso sería imposible y, además, inconveniente.

Lo importante es que las hipótesis permanezcan abiertas a la revisión.

Una buena metodología probatoria debería obligar a considerar tanto las evidencias que apoyan una explicación como aquellas que la contradicen.

También debe examinar hipótesis alternativas.

Por ejemplo, si un testigo modifica un detalle de su declaración, existen diversas explicaciones posibles: pudo mentir, recordar mejor, haber recibido información posterior o simplemente cometer un error de memoria.

La valoración judicial debe justificar por qué una explicación resulta preferible a las demás.

6. La importancia de distinguir credibilidad y fuerza probatoria

La credibilidad de una persona y la fuerza probatoria de una declaración no son conceptos idénticos.

Un testigo puede parecer confiable y aportar información poco relevante.

También puede tener intereses personales en el resultado del juicio y, sin embargo, proporcionar datos corroborados por evidencias independientes.

Por ello, la valoración no debería concentrarse exclusivamente en las características personales del declarante.

Conviene analizar el contenido de cada proposición fáctica.

Supongamos que un testigo afirma:

«Vi al demandado entregar un sobre al actor».

Esta declaración puede resultar suficientemente fiable para acreditar que existió una entrega material.

Pero no necesariamente demuestra que el sobre contenía dinero, que el dinero correspondía al pago de una deuda o que se extinguió determinada obligación contractual.

Es indispensable separar el hecho directamente percibido de las inferencias que se pretende construir a partir de él.

La declaración testimonial no tiene una fuerza probatoria uniforme respecto de todas las afirmaciones que contiene.

Cada proposición debe valorarse según la calidad de la información disponible y su conexión racional con el hecho que pretende acreditarse.

7. El valor de la corroboración independiente

Una de las herramientas más importantes para mejorar la valoración testimonial consiste en buscar corroboración.

La corroboración aparece cuando otras fuentes de información apoyan una afirmación relevante.

Por ejemplo, en un juicio de responsabilidad civil, un testigo declara que determinada reunión tuvo lugar el 15 de marzo.

Su afirmación puede contrastarse con correos electrónicos, registros de acceso, fotografías, mensajes, documentos o declaraciones de otras personas.

Sin embargo, no basta acumular fuentes aparentemente coincidentes.

Es necesario verificar su independencia.

Si tres testigos repiten una misma versión porque previamente conversaron entre ellos, sus declaraciones no constituyen necesariamente tres confirmaciones independientes.

En cambio, un registro electrónico generado automáticamente antes de la controversia puede proporcionar una fuente de corroboración distinta, siempre que su autenticidad y fiabilidad estén suficientemente justificadas.

La calidad de la corroboración depende, entre otros factores, de la procedencia de las fuentes, su independencia y su capacidad para discriminar entre hipótesis alternativas.

Este enfoque permite desplazar la valoración desde las impresiones sobre el testigo hacia la estructura racional del conjunto probatorio.

8. Particularidades de la prueba testimonial en los procesos familiares

Los problemas anteriores adquieren especial importancia en materia familiar.

En controversias sobre guarda y custodia, alimentos, convivencia, violencia familiar o ejercicio de la responsabilidad parental, las declaraciones pueden referirse a acontecimientos emocionalmente complejos.

Además, pueden intervenir niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, personas mayores o personas que han experimentado situaciones de violencia.

En estos contextos, la valoración debe incorporar las exigencias de protección de derechos humanos y evitar interpretaciones estereotipadas del comportamiento.

Una persona que ha sufrido violencia puede recordar determinados acontecimientos de manera fragmentaria.

Una niña o un niño puede tener dificultades para precisar fechas, secuencias temporales o circunstancias periféricas.

Una persona con discapacidad puede requerir ajustes de procedimiento para comunicarse adecuadamente.

Nada de ello autoriza a considerar automáticamente verdaderas sus declaraciones, pero tampoco permite descartarlas mediante prejuicios sobre cómo debería comportarse un testigo ideal.

El desafío consiste en combinar protección de derechos, contradicción procesal y valoración racional.

La inmediación judicial debe servir para garantizar una recepción adecuada de la declaración, no para legitimar apreciaciones intuitivas sobre la personalidad del declarante.

9. ¿Cómo debería motivarse una sentencia que valora testimonios?

Una sentencia bien motivada no debería limitarse a afirmar que un testigo resultó convincente.

Debe proporcionar razones susceptibles de examen y contradicción.

Una metodología útil puede organizarse alrededor de seis preguntas:

Primera. ¿Qué hecho concreto pretende acreditarse?

La sentencia debe identificar la proposición fáctica relevante, evitando valoraciones globales e indiferenciadas.

Segunda. ¿Qué información aportó realmente el testigo?

Debe distinguirse entre hechos percibidos directamente, información recibida de terceros, opiniones e inferencias personales.

Tercera. ¿En qué condiciones obtuvo esa información?

Importan las circunstancias de percepción, atención, memoria y recuperación del recuerdo.

Cuarta. ¿Existen contradicciones relevantes?

No todas las inconsistencias tienen la misma importancia. Debe explicarse por qué una contradicción afecta o no el núcleo de la declaración.

Quinta. ¿Qué corroboración existe?

Es necesario examinar las relaciones entre la declaración y las demás pruebas, incluyendo posibles dependencias entre fuentes.

Sexta. ¿Qué hipótesis resulta mejor justificada por el conjunto probatorio?

La sentencia debe explicar por qué las evidencias permiten aceptar una explicación y descartar razonablemente las alternativas relevantes, atendiendo al estándar de suficiencia aplicable.

Esta metodología no elimina todos los riesgos de error, pero hace que el razonamiento judicial sea más transparente, controlable y susceptible de revisión.

10. La oralidad exige mejores jueces, no jueces que pretendan adivinar la verdad

La implementación del CNPCyF ofrece una oportunidad extraordinaria para mejorar la calidad de la justicia civil y familiar mexicana.

Pero esa oportunidad no se aprovechará plenamente si la formación de los operadores se concentra únicamente en aprender las etapas de las audiencias, las técnicas de interrogatorio o las reglas de admisión.

También necesitamos fortalecer el conocimiento de la psicología del testimonio, los sesgos cognitivos, las inferencias probatorias y los estándares de motivación.

La inmediación es una garantía procesal valiosa. Permite que la persona juzgadora participe directamente en la producción de las pruebas y controle su desarrollo.

Sin embargo, no debe transformarse en una justificación para atribuir al juez facultades extraordinarias de percepción psicológica.

Un juez no puede leer la mente de los testigos. Tampoco puede descubrir automáticamente la verdad observando su rostro, su postura o la seguridad con la que responden.

Lo que sí puede hacer es formular preguntas pertinentes dentro de sus facultades legales, examinar las condiciones de producción de la declaración, identificar contradicciones, contrastar fuentes, controlar inferencias y justificar racionalmente sus conclusiones.

Ésa es la diferencia entre una valoración intuitiva y una valoración racional de la prueba.

El éxito del nuevo sistema de justicia civil y familiar no dependerá solamente de que las audiencias sean orales, públicas, concentradas o tecnológicamente avanzadas.

Dependerá también de que las decisiones sobre los hechos estén respaldadas por razones suficientes.

La inmediación permite escuchar directamente al testigo. El razonamiento probatorio permite determinar qué podemos concluir justificadamente a partir de lo que declaró.

Confundir ambas funciones constituye uno de los errores que debemos evitar en la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares.

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