El 12 de julio de 2025 el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell organizó un desayuno de alumnos y exalumnos en la Hacienda de los Morales de la Ciudad de México. Estas son las palabras que, en el marco de dicha conmemoración, les dirigió a los asistentes el Director del CEC.

Nos convoca hoy una fecha profundamente simbólica para todos nosotros: el Día de la Abogacía, que México celebra cada 12 de julio para recordar el momento en que, en 1553, se impartió la primera cátedra de Derecho en la Real y Pontificia Universidad de México.

Han pasado casi quinientos años desde entonces, y sin embargo, la esencia de nuestra vocación permanece intacta: la abogacía es la lucha constante por el equilibrio entre la ley y la justicia, entre el deber jurídico y la conciencia ética, entre la letra escrita y la realidad viva.

Hoy celebramos nuestra profesión, sí, pero sobre todo celebramos a quienes la sostienen desde múltiples trincheras. Porque ser abogado, hoy más que nunca, significa entender que la justicia no se construye solo en una sala de audiencias, ni se limita a la firma de contratos, ni se encierra entre las paredes de un despacho. La abogacía se ejerce en espacios muy diversos, cada uno con sus retos, cada uno con sus dilemas éticos, pero todos igualmente valiosos para garantizar que el Estado de derecho funcione.

Permítanme detenerme unos minutos para honrar esas múltiples trincheras:

En primer lugar, el notariado, donde la fe pública se materializa. Las notarias y notarios de México son custodios de la legalidad cotidiana. Gracias a su labor, cada compraventa, cada testamento, cada constitución de sociedad adquiere certeza y seguridad jurídica. En el notariado se previenen conflictos antes de que surjan y se fortalece la confianza ciudadana en las instituciones.

En las fiscalías, donde las y los agentes del Ministerio Público enfrentan diariamente la difícil tarea de investigar delitos, reunir pruebas, proteger a víctimas y testigos, y llevar ante los tribunales a quienes violan la ley. Su trabajo exige valor, técnica y compromiso ético para no ceder a presiones ni intereses ilegítimos. Su misión es clave para combatir la impunidad que tanto lastima a nuestra sociedad.

En los tribunales, donde jueces y magistrados interpretan y aplican la ley con independencia y responsabilidad. Su imparcialidad es el ancla de la confianza en la justicia. Una sentencia justa puede restituir la dignidad, reparar el daño y enviar el mensaje de que la ley no distingue entre poderosos y débiles.

En los mecanismos alternativos de solución de controversias, donde mediadores y conciliadores muestran que la justicia no siempre tiene que ser adversarial. Promueven la cultura del diálogo y la construcción de acuerdos, ayudando a descongestionar tribunales y, más importante aún, a sanar relaciones rotas. En una sociedad cada vez más polarizada, los métodos alternativos son esperanza de paz.

En el servicio diplomático, donde juristas defienden los intereses de México en la arena internacional, negociando tratados, resolviendo conflictos comerciales, protegiendo los derechos de connacionales en el extranjero. Allí, el derecho internacional se convierte en herramienta de defensa, cooperación y respeto entre naciones.

En la defensa de los derechos humanos, donde abogadas y abogados se convierten en voz de quienes no la tienen. Desde comunidades indígenas hasta víctimas de discriminación, migrantes, personas privadas de la libertad y grupos históricamente vulnerados. Esta trinchera, muchas veces silenciosa y sin reflectores, sostiene la idea de que la dignidad humana debe ser el centro de todo sistema jurídico.

En la academia, donde cada cátedra, cada seminario, cada investigación alimenta la formación de nuevas generaciones de juristas críticos y comprometidos. Es en las aulas donde se siembra la semilla de la ética profesional, donde se discute la evolución del derecho frente a los nuevos retos: la digitalización, la inteligencia artificial, el derecho ambiental, la protección de datos, la igualdad de género. En las escuelas de derecho no solo se transmite conocimiento; se forman conciencias.

En la asesoría y la tarea parlamentaria, porque la abogacía también se ejerce desde el Congreso y los órganos legislativos. Los legisladores, muchos de ellos abogados, diseñan el marco normativo que rige la vida social y económica del país. Sus asesores revisan iniciativas, construyen consensos, ajustan proyectos de ley para que respondan a la realidad y no queden como letra muerta. Allí se materializa uno de los principios fundamentales de la democracia: las leyes deben emanar del pueblo y servir al pueblo. Debemos de voltear a ver ese espacio, no solo como una forma de reconocimiento a la tarea que, dentro de los parlamentos y órganos legislativos, hacen nuestros colegas, sino también para elevarles el nivel de exigencia. Ningún Estado de derecho es viable si no tiene un adecuado marco jurídico, que se integre por leyes que estén bien redactadas y sean acordes a la realidad que pretenden regular.

En la administración pública, donde miles de juristas redactan reglamentos, interpretan normas, asesoran políticas públicas y supervisan su correcta aplicación. Desde la función registral hasta la regulación económica, desde la protección del medio ambiente hasta la defensa de la transparencia, cada área de gobierno necesita abogados competentes, con visión de servicio, dispuestos a defender el interés general por encima del interés particular.

Y, por supuesto, en la sociedad civil, donde organizaciones, colectivos y activistas jurídicos vigilan la legalidad, denuncian abusos, defienden causas sociales y promueven una cultura de derechos. Esta trinchera es imprescindible para mantener vivo el espíritu crítico y garantizar que la ley se cumpla incluso frente al poder.

Compañeras y compañeros. Estimados colegas:

Hablar de todas estas trincheras es reconocer la inmensa pluralidad de la abogacía. Es reconocer que cada una requiere preparación, valentía y compromiso ético. Que ninguna es más importante que otra, porque todas sostienen la gran casa común que es el Estado de derecho.

Pero también es reconocer los desafíos que enfrentamos como gremio. La corrupción y la impunidad siguen minando la confianza en la justicia. La saturación de los tribunales, la falta de recursos para ministerios públicos y defensores públicos, la violencia contra operadores jurídicos y la creciente complejidad de los problemas que enfrentamos demandan soluciones audaces.

Nadie duda que los efectos perniciosos de la muy debatible y muy cuestionable “reforma judicial”, que se van a sentir con toda intensidad a partir del mes de septiembre, arroja una sombra de desconfianza y hasta de perplejidad respecto del trabajo jurídico. La verdad es que nadie sabe bien a bien lo que va a suceder. Estamos ante un escenario inédito, que abona a la incertidumbre entre los profesionales del derecho y desde luego entre la ciudadanía en general.

La respuesta, sin embargo, no puede ser el conformismo. Necesitamos una comunidad jurídica dispuesta a renovarse constantemente, abierta a la capacitación, a la ética digital, a la internacionalización de sus conocimientos. Necesitamos abogados que abracen la transparencia y la rendición de cuentas, pese a que desde el poder se han cercenado los mecanismos de garantía que sirvieron y sirvieron bien durante varios años. Necesitamos profesionales del derecho que digan la verdad cuando la verdad incomoda. Que rechacen prácticas desleales y actitudes oportunistas que solo deterioran la imagen de nuestra profesión.

A quienes hoy están en las aulas -físicas o virtuales- de derecho, les digo: abracen la curiosidad. Estudien con rigor. Participen en debates, clínicas jurídicas, foros. Prepárense para un mundo globalizado donde los problemas ya no caben en fronteras ni en códigos aislados.

A quienes hoy ejercen esta noble profesión, les digo: que cada cliente, cada víctima, cada ciudadano que deposita en ustedes su confianza tiene el derecho de encontrar un profesional responsable, honesto y humano. Que la firma que estampen en un contrato, en una demanda o en una querella no sea un simple trámite, sino una promesa de certeza. Que la palabra que pronuncien en un tribunal sea siempre una defensa de la verdad, nunca un arma para torcerla.

Ojalá que este Día de la Abogacía sea más que un festejo. Ojalá que sea un momento para renovar votos con nuestros principios, con nuestra vocación de servicio y con la esperanza de que la lucha por la justicia, por imperfecta que sea, siempre vale la pena.

Recordemos que detrás de cada ley hay una historia y muy probablemente una lucha social que lleva incubándose mucho tiempo. Detrás de cada sentencia, hay una vida que puede cambiar para bien o para mal. Que detrás de cada decisión que tomamos hay consecuencias reales para la vida de seres humanos de carne y hueso, con sus virtudes y sus defectos. Esa responsabilidad es el mayor honor pero también el mayor peso de nuestra profesión.

Hoy más que nunca, México necesita abogados dispuestos a sostener la dignidad humana, a proteger a los más vulnerables, a cerrar la puerta a la corrupción y a abrir ventanas para que la justicia llegue a cada rincón de nuestra nación.

A todas y todos quienes día tras día dan lo mejor de sí desde el litigio, el notariado, la tarea de las fiscalías, la judicatura, la diplomacia, la mediación, la academia, la asesoría parlamentaria, la administración pública y la sociedad civil: gracias por su trabajo, por su integridad y por demostrar que, pese a todos los obstáculos que tenemos que enfrentar (que son muchos y nada fáciles de superar), la abogacía sigue siendo una vocación llena de esperanza.

Muchas gracias y muchas felicidades.

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