Por Érika Yazmín Zárate Villa

Jueza de Distrito

A lo largo de cinco entregas para este Blog desarrollaré lo que, desde mi perspectiva, son los puntos más importantes para conocer el tema de la fiabilidad probatoria, para que las personas lectoras conozcan el tema y exploren directamente las lecturas que referiré.

Comienzo por precisar que en los juicios de todas las materias aplica la fiabilidad probatoria, pero en el proceso penal, particularmente, la fiabilidad probatoria constituye uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la legitimidad del sistema de justicia. La determinación de la culpabilidad o inocencia de una persona depende en gran medida de la calidad y fiabilidad de las pruebas presentadas durante el juicio. La fiabilidad probatoria está íntimamente ligada al derecho a la presunción de inocencia. Para que una prueba pueda desvirtuar la presunción de inocencia, no basta con que sea formalmente válida, porque también debe ser fiable. Estas razones hacen necesario conocer de qué trata la fiabilidad probatoria.

El concepto de fiabilidad probatoria

La fiabilidad probatoria se refiere a la cualidad que tienen las pruebas de ser dignas de confianza, es decir, de reflejar con la mayor exactitud posible la realidad de los hechos que pretenden demostrar. El término «fiabilidad» debe entenderse «de forma amplia, como todo aquello que guarda conexión con el peso o fuerza que ha de tener un concreto medio de prueba en el momento de su valoración»[1]. Esta definición abarca no solo la veracidad intrínseca de la prueba, sino también su capacidad para ser considerada como prueba de cargo suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia. La importancia de la fiabilidad probatoria radica en que constituye el puente entre la realidad de los hechos y la percepción que de ellos tiene el juzgador. Un sistema judicial que no garantice la fiabilidad de las pruebas corre el riesgo de basar sus decisiones en información distorsionada, lo que podría conducir a resoluciones injustas.

La prueba sobre la prueba como mecanismo de control

Uno de los mecanismos más interesantes para garantizar la fiabilidad probatoria es lo que la doctrina y jurisprudencia de algunos países han denominado «prueba sobre la prueba». Este concepto, aunque aparentemente redundante, hace referencia a «la actividad procesal desarrollada por los sujetos del proceso penal cuya finalidad consiste en convencer al órgano jurisdiccional de que la eficacia probatoria que merece un determinado medio de prueba debe aumentar, disminuir o incluso desaparecer en el proceso de libre valoración de la prueba que precede a la sentencia»[2].La prueba sobre la prueba no pretende demostrar directamente los hechos constitutivos del delito, sino que recae sobre otros medios de prueba que sí versan sobre el hecho punible. Por ejemplo, cuando se realiza una pericia psicológica para determinar la calidad del testimonio de un niño en un caso de abuso sexual, no se está probando el abuso en sí, sino la fiabilidad del testimonio que lo describe.

Este mecanismo resulta fundamental porque permite al juzgador contar con elementos adicionales para valorar adecuadamente las pruebas, porque «en el proceso penal se busca que el juez, antes de decidir, disponga del mayor caudal de información, y esto incluye la información que pueda resultarle necesaria para valorar adecuadamente la eficacia probatoria de los medios de prueba que se han practicado»[3].

Mecanismos legales de control de la fiabilidad probatoria

Los sistemas jurídicos en sus normas contienen mecanismos para controlar la fiabilidad de las pruebas. Algunos de esos modos son: Las preguntas generales de la ley para testigos. Antes de que comience la declaración del testigo, se le formulan preguntas sobre su identidad, relación con las partes y otros aspectos que pueden afectar a su imparcialidad. Estas preguntas «no se trata de privar de eficacia sin más a los testimonios prestados por personas respecto de las que concurra alguna circunstancia que pueda poner en entredicho la veracidad de su declaración; lo que pretende la Ley es poner en conocimiento del Juez esos datos, para que, con ellos a la vista, pueda proceder a una recta valoración de esta prueba»[4]. La recusación de peritos. Permite a las partes poner de manifiesto la concurrencia en el perito de circunstancias que pueden afectar a su imparcialidad o competencia profesional. La confrontación con declaraciones anteriores. Cuando un testigo o acusado se contradice con lo declarado previamente, se le puede confrontar con sus declaraciones anteriores para evaluar la coherencia y credibilidad de su testimonio. El careo. Confrontación directa entre testigos o entre testigos y acusados cuando existen contradicciones en sus declaraciones.

Además de estos mecanismos, las partes pueden proponer cualquier prueba pertinente para demostrar la mayor o menor fiabilidad de otro medio de prueba, pero no deben descuidar la etapa de admisión de la prueba que resulta crucial para lograr pruebas fiables en un juicio.

En definitiva, la fiabilidad probatoria no es solo una cuestión técnica o procesal, sino que constituye una garantía fundamental del derecho a un proceso justo y del respeto a la presunción de inocencia. Un sistema judicial que aspire a ser justo debe asegurar que las pruebas en las que basa sus decisiones sean lo más fiables posible, y para ello debe contar con mecanismos adecuados de control de la fiabilidad probatoria.

Ver Entrega 5

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[1] Gascón Inchausti, Fernando. El control de la fiabilidad probatoria: «Prueba sobre la prueba» en el proceso penal. Valencia, 1999, p. 10.

[2] Ibidem, 29.

[3] Ibidem, 36.

[4] Ibidem, 77.