Por Érika Yazmín Zárate Villa

Jueza de Distrito

Alcances de los criterios de necesidad, idoneidad y confiabilidad

El criterio de necesidad establece que la prueba pericial solo debe admitirse cuando el tribunal no pueda resolver un hecho relevante sin la ayuda de un conocimiento especializado. Según Duce, este criterio busca evitar la presentación de pruebas superfluas o redundantes que no aporten valor al caso y que, además, puedan sustituir indebidamente la función del juez en la valoración de los hechos. La necesidad no se limita a la utilidad de la prueba, sino que exige que sea indispensable para resolver el caso. Por ejemplo, la Corte Suprema de Chile ha rechazado peritajes que no aportan conocimientos fuera del alcance del tribunal, como en el caso de un informe fotográfico que pretendía demostrar algo que los jueces podían evaluar por sí mismos[1]. El criterio de idoneidad se refiere a la capacidad de la prueba para cumplir con su propósito probatorio. En el caso de la prueba pericial, esto implica que el perito debe contar con las competencias necesarias y que su informe debe ser técnicamente sólido[2]. El criterio de confiabilidad evalúa si la prueba es suficientemente precisa y libre de errores para ser admitida. En el caso de los reconocimientos oculares, este criterio es especialmente relevante debido a la alta probabilidad de errores en estos procedimientos. La literatura científica ha demostrado que factores como la sugestión, el tiempo transcurrido y la retroalimentación pueden afectar gravemente la confiabilidad de los reconocimientos[3].

Estándar de imparcialidad del perito según la Corte Suprema de Canadá

Este estándar exige que el perito actúe como un auxiliar del tribunal y no como un defensor de la parte que lo presenta[4]. La imparcialidad se evalúa considerando si el perito tiene algún interés personal en el caso o si su opinión está influenciada por prejuicios. Este enfoque busca evitar que los peritos se conviertan en «abogados disfrazados» y asegura que su contribución sea objetiva y confiable[5].

Exclusión de reconocimientos oculares según la jurisprudencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos

La Corte Suprema estableció un estándar en el caso Manson vs. Brathwaite (1977), consta de dos pasos: primero, se evalúa si el procedimiento de identificación fue «impermisiblemente sugestivo»; segundo, si lo fue, se analiza si, considerando la totalidad de las circunstancias, el reconocimiento sigue siendo confiable[6]. Para determinar la confiabilidad, se utilizan los factores establecidos en Neil v. Biggers (1972), como la oportunidad del testigo para observar al sospechoso, el nivel de atención prestado, la precisión de la descripción inicial, el grado de certeza del testigo y el tiempo transcurrido[7]. Sin embargo, esta jurisprudencia ha sido criticada por su limitada aplicación práctica.

Propuesta de Alcaíno sobre la exclusión de reconocimientos oculares

El autor duce que los reconocimientos realizados en procedimientos problemáticos, como ruedas de identificación sugestivas, deben ser excluidos automáticamente debido al alto riesgo de error[8]. Además, argumenta que los reconocimientos posteriores a una exclusión inicial también deben ser inadmisibles, ya que la primera identificación contamina las posteriores[9]. Él destaca la importancia de que los jueces asuman un rol activo en el control de la calidad de los reconocimientos, como exigir estándares más altos a las policías y fiscales, así como capacitar a los jueces en el conocimiento científico sobre los errores en los reconocimientos oculares[10].

La confrontación en juicio como instancia de control de calidad: Identificación de problemas recurrentes en el uso de prueba pericial y reconocimientos oculares para mejorar la planificación de su ejecución

El núcleo central del derecho a confrontación

El núcleo central del derecho a confrontación radica en garantizar al acusado la oportunidad plena y efectiva de interrogar a los testigos y peritos que presentan pruebas en su contra. Según Duce, el derecho a confrontación es una manifestación específica del derecho de defensa y constituye una garantía básica del debido proceso penal[11]. El contrainterrogatorio, como herramienta principal de la confrontación, permite al acusado revelar contradicciones, parcialidades o errores en las declaraciones de los testigos y peritos. Esto no solo protege los derechos del acusado, sino que también contribuye a la calidad de la decisión judicial al exponer posibles defectos en la prueba presentada[12].

Funciones del derecho a confrontación en el proceso penal

En primer lugar, asegura la participación activa del acusado en el juicio, permitiéndole influir en el proceso de formación de convicción del tribunal. Esto garantiza que la decisión judicial considere los puntos de vista y argumentos del acusado, fortaleciendo así la legitimidad del proceso[13]. En segundo lugar, el derecho a confrontación mejora la calidad de la información presentada en juicio. Al permitir el cuestionamiento de testigos y peritos, el contrainterrogatorio expone inconsistencias, exageraciones o errores en sus declaraciones, lo que reduce el riesgo de decisiones judiciales basadas en información defectuosa[14]. Como señala Duce, esta dimensión institucional del derecho a confrontación beneficia no solo al acusado, sino también a la sociedad en su conjunto, al garantizar un sistema de justicia más confiable[15].

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[1] Duce, Mauricio, La admisibilidad de la prueba pericial en juicios orales: un modelo para armar en la jurisprudencia nacional, en Accatino, D. (coord.), Formación y valoración de la prueba en el proceso penal, AbeledoPerrot, Santiago, 2010, pp. 64-76.

[2] Duce, Mauricio, La prueba pericial, Ediciones Didot, Buenos Aires, 2013, p. 45.

[3] Alcaíno, Eduardo, La confiabilidad como estándar para evaluar la calidad de los reconocimientos de imputados, Polít. crim., Vol. 9, Nº 18 (2014), pp. 564-613.

[4] Duce, Mauricio, La admisibilidad de la prueba pericial, p. 67.

[5] Ibíd.

[6] Manson v. Brathwaite, 432 U.S. 98 (1977).

[7] Neil v. Biggers, 409 U.S. 188 (1972).

[8] Alcaíno, Eduardo, La confiabilidad como estándar, p. 588.

[9] Ibíd., p. 604.

[10] Ibíd., p. 606.

[11] Duce, Mauricio, El derecho a confrontación y uso de declaraciones emitidas en un juicio previo anulado, p. 121.

[12] Ibid., p. 122.

[13] Ibid., p. 123.

[14] Ibid., p. 124.

[15] Ibid., p. 125.