La publicación en el Diario Oficial de la Federación el 7 de junio de 2023 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares (CNPCyF) marca un antes y un después en la manera de entender y practicar la justicia en México. Este instrumento, de carácter unificador, busca reemplazar la multiplicidad de códigos procesales estatales y el federal que coexistían en el país, generando un marco común que pretende homologar criterios, dotar de mayor certidumbre a los usuarios del sistema y agilizar la resolución de conflictos en dos materias que -juntas- suman más de un millón y medio de nuevos procedimientos judiciales cada año.

Desde la publicación oficial del Código, en el Centro Carbonell comenzamos a trabajar intensamente para sistematizar su contenido y ofrecer opciones académicas que permitieran acompañar, desde el terreno académico, la enorme tarea de implementación del Código, con la vista puesta en la fecha del 1 de abril de 2027, que es cuando ya tendrá que estar aplicándose al 100% en toda la República, tanto a nivel federal como local.

Con base en esa experiencia es que estimo que se puede afirmar sin género alguno de dudas que para los abogados esta enorme innovación legislativa no es únicamente un cambio técnico; representa un desafío integral que exige nuevas competencias en el manejo de las audiencias orales, una mentalidad más dinámica y una disposición constante al aprendizaje. Aunque los retos son muchos, les comparto los 10 que considero que son más relevantes (e incluso urgentes) para la abogacía mexicana.

1. Adaptación al principio de oralidad

Uno de los cambios más significativos es la consolidación de la oralidad en los juicios civiles y familiares. Si bien algunos estados ya habían incorporado audiencias orales en materias específicas, el nuevo Código Nacional generaliza este modelo en todo el país.

El reto para el abogado mexicano es pasar de un ejercicio predominantemente escrito a uno que demanda habilidades de comunicación oral, argumentación inmediata y dominio del escenario de la audiencia. La capacidad de improvisar con base en el expediente, formular objeciones de manera estratégica y persuadir al juez con claridad y concisión será fundamental.

Esto implica un cambio cultural: muchos litigantes estaban habituados a presentar escritos extensos, cargados de tecnicismos, con abundantes citas de criterios jurisprudenciales (alguno ni siquiera relevantes para el asunto que se está ventilando), y ahora deberán entrenarse en la síntesis y en la claridad expositiva. La formación retórica y las técnicas de litigación oral pasan de ser deseables a resultar imprescindibles.

2. Mayor protagonismo del juez y control del proceso

El CNPCyF otorga al juez un papel más activo en la conducción del procedimiento. Esto significa que el abogado deberá aprender a litigar bajo un modelo de inmediación judicial estricta, en el cual la interacción directa con el juzgador será constante.

El reto en este punto radica en ajustar las estrategias: ya no basta con confiar en que un escrito bien elaborado “hable por sí solo”. El abogado tendrá que convencer al juez en persona, estar en capacidad de reaccionar a sus preguntas y saber adaptarse a la dinámica procesal que este marque.

Asimismo, se deberá asumir sin lugar a dudas que la improvisación desordenada puede ser contraproducente. El profesional del derecho tendrá que preparar cada audiencia con una estrategia clara, prever los escenarios posibles y manejar la información con rigor, porque el control del tiempo procesal será más estricto que en el pasado.

3. Eficiencia y uso racional de los medios de prueba

Otro aspecto innovador es la regulación detallada sobre la admisión, desahogo y valoración de pruebas, que busca evitar dilaciones indebidas.

Aquí el reto es doble:

1. Selección estratégica de pruebas: el abogado deberá presentar únicamente aquellas que resulten relevantes, idóneas y pertinentes, evitando la sobrecarga probatoria.
2. Dominio técnico del ofrecimiento y objeción: la oralidad exige que las objeciones se formulen en el momento mismo en el que se plantea la pregunta que se busca objetar, con base en criterios de admisibilidad bien conocidos, lo que implica preparación minuciosa.

El Código fomenta un proceso más concentrado y ágil, sobre la base general de una audiencia preliminar y una audiencia principal de juicio, lo cual demanda de los litigantes mayor disciplina y claridad en la construcción de su teoría del caso.

4. La importancia de la conciliación y métodos alternativos

El CNPCyF incorpora con mayor fuerza la conciliación y los medios alternativos de solución de controversias (MASC). Antes de llegar a juicio, las partes están obligadas a explorar salidas alternas.

Para los abogados, este cambio obliga a preguntarse: ¿estoy preparado para ser también un negociador y facilitador? La abogacía mexicana, tradicionalmente enfocada en el pleito, tendrá que desarrollar habilidades de mediación, escucha activa y creatividad jurídica para proponer soluciones viables.

Más que una amenaza, esto puede representar una oportunidad: los clientes valoran cada vez más a quienes son capaces de resolver conflictos de manera rápida y menos costosa. Un abogado que domine estas técnicas se volverá altamente competitivo.

5. Digitalización y expediente electrónico

El Código promueve la implementación de expedientes electrónicos, notificaciones digitales y uso de tecnologías de la información. No podía ser de otra manera una vez que dejamos atrás la pandemia de COVID19 que nos obligó a trabajar de otra manera y aceleró las tendencias incipientes respecto a la digitalización de la justicia. No cabe duda que estamos llegando tarde, pero el Código Nacional es bastante abierto a la aplicación de la tecnología dentro de los procedimientos civiles y familiares.

Este es un terreno en el que muchos abogados mexicanos todavía se encuentran rezagados. El reto es superar la resistencia al cambio y adoptar con seriedad las herramientas tecnológicas que permitirán agilizar trámites y dar seguimiento a los casos en línea. No debe haber excusas al respecto.

El dominio de plataformas digitales, la gestión de documentos electrónicos y la seguridad de la información son competencias que ya no pueden considerarse accesorias o secundarias. El abogado en el futuro inmediato debe ser también un usuario competente de la tecnología judicial.

6. Uniformidad normativa vs. diversidad local

Aunque el objetivo es unificar los procedimientos, no puede olvidarse que México es un país con profundas diversidades sociales, económicas y culturales. El CNPCyF tendrá que aplicarse en contextos muy distintos: desde tribunales urbanos altamente saturados hasta juzgados rurales con limitados recursos tecnológicos. No es algo que deba sorprendernos en un país tan grande,  pero sin duda que va a tener un enorme impacto en la puesta en práctica del Código.

Esto plantea al abogado un reto de sensibilidad y capacidad de adaptación. No bastará con conocer el texto normativo; habrá que entender cómo se aplica en la práctica en cada región, qué limitaciones enfrenta la autoridad y cómo puede garantizarse que el acceso a la justicia no se vea obstaculizado por brechas tecnológicas o de infraestructura.

7. Formación continua y actualización permanente

El cambio normativo no es un evento aislado: será un proceso que implicará años de transición, capacitación de jueces y funcionarios, y sin duda alguna ajustes jurisprudenciales (sobre todo considerando los efectos de la llamada “reforma judicial” de septiembre de 2024).

Los abogados que pretendan mantenerse vigentes deberán comprometerse con una formación continua, asistiendo a cursos, diplomados y talleres especializados en el CNPCyF. Aquellos que crean que con una lectura rápida del Código basta, corren el riesgo de quedar obsoletos. Les recomiendo revisar la oferta académica del Centro Carbonell sobre el Código Nacional, ya que es probablemente la más completa de toda la República.

La competitividad profesional dependerá cada vez más de la capacidad de actualización constante y de la disposición a invertir en la propia educación jurídica.

8. Impacto en la enseñanza del derecho

Los retos no se limitan a los abogados en ejercicio. Las facultades y escuelas de derecho tendrán que rediseñar sus planes de estudio para formar a los futuros litigantes en el nuevo sistema.

Esto implica introducir materias prácticas de litigación oral, simulaciones de audiencia, uso de tecnología judicial y métodos alternativos de solución de controversias. Si las universidades no hacen este cambio, los egresados estarán en desventaja frente a la realidad profesional.

Y a esa enorme tarea hay que sumar la responsabilidad de ir generando nuevos libros de texto, que estén adaptados a los contenidos del Código.

9. Responsabilidad ética y social

Con la simplificación procesal y la inmediación judicial estricta, los abogados tendrán menos espacio para tácticas dilatorias o estrategias abusivas. El sistema se orienta hacia la resolución pronta y efectiva de los conflictos. El Código no tiene objetivos teóricos ni sirve a afanes académicos, sino a una visión práctica y eficiente de la justicia.

Esto obliga a repensar el rol ético del abogado: más que un técnico que aprovecha vacíos legales, debe ser un profesional comprometido con la justicia y con el respeto a los derechos de las partes. La ética profesional se vuelve inseparable del éxito en el litigio.

10. El abogado como protagonista de la transformación

Finalmente, el mayor reto es de actitud: los cambios normativos no funcionarán si los abogados no los hacen suyos. El CNPCyF será lo que los litigantes, jueces y académicos logren construir con su aplicación cotidiana.

En este sentido, cada abogado debe asumirse como un agente de cambio que, al dominar las nuevas reglas y actuar con profesionalismo, contribuye a que la justicia en México sea más ágil, más transparente y más cercana a la ciudadanía. Necesitamos actitudes de impulso y apoyo a la implementación, dejando atrás posturas conservadoras que se oponen a cualquier tipo de cambio.

Conclusión

El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es mucho más que una reforma procesal; es una oportunidad histórica para modernizar la justicia mexicana. Los retos son evidentes: aprender a litigar oralmente, dominar la tecnología, adoptar una visión conciliadora, actualizarse constantemente y asumir un papel ético y socialmente responsable.

El abogado mexicano que quiera ser competitivo en este nuevo escenario deberá comprometerse con su formación, invertir en nuevas habilidades y estar dispuesto a abandonar viejas prácticas. El cambio ya está en marcha y quienes lo sepan entender con visión estratégica tendrán en sus manos no solo el futuro de su carrera, sino también una parte fundamental del futuro de la justicia en México.

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