A raíz de las primeras decisiones que están tomando los nuevos titulares del poder judicial luego a la criticada reforma judicial de septiembre de 2024, creo que vale la pena recordar algunos conceptos fundamentales sobre el papel de los jueces en una democracia. Esta reflexión es importante en vista de la confusión que pudiera darse en el sentido de que una elección por voto popular pudiera llevar a los jueces a pensar que tienen que ser deferentes hacia los otros poderes, igualmente emanados de procesos electorales directos.

Lo importante en este sentido es recordar que en toda democracia moderna, el Poder Judicial cumple un rol indispensable para asegurar el equilibrio institucional, garantizar los derechos de la ciudadanía y preservar la supremacía constitucional. Esta compleja tarea convierte al poder judicial tanto en un garante esencial del orden democrático como en un blanco frecuente de críticas, presiones y ataques, tal como lo demuestra la historia política reciente en México y en otros países.

La función de interpretar la Constitución y, en su caso, anular normas o actos que la contravienen —tal como fue concebida por el gran juez John Marshall al redactar la sentencia “Marbury v. Madison” en 1803)— coloca al Poder Judicial en una posición muy singular dentro de la arquitectura constitucional.

Al declarar inconstitucional una ley o una regulación proveniente del Poder Ejecutivo, los jueces están no solo aplicando la norma suprema, sino limitando decisiones de actores electos democráticamente. Esta capacidad, sin embargo, no es una contradicción al principio democrático, sino su complemento necesario, tal como lo ha explicado Víctor Ferreres en su libro “Justicia constitucional y democracia” (Madrid, CEPC, 3ª edición, 2021).

En un sistema constitucional, las mayorías no pueden decidirlo todo; hay principios y derechos que deben preservarse incluso (y sobre todo) frente a los vaivenes de la voluntad popular. Esa limitación no debilita la democracia, sino que la fortalece y es inherente al modelo mismo de la democracia constitucional tal como se le entiende en muchos países (ver la exposición que sobre este modelo hace Luigi Ferrajoli en su libro “La construcción de la democracia. Teoría del garantismo constitucional” (Madrid., Trotta, 2023).

La legitimidad del Poder Judicial, en este marco, no proviene del voto directo que fue adoptado en México en la reforma judicial de septiembre de 2024, sino del conocimiento técnico, la imparcialidad, y la argumentación sólida. La autoridad de sus decisiones se fundamenta en la capacidad de convencer, de mostrar que se actúa conforme a derecho, y no por razones políticas. Esto es algo que necesitan entender a fondo sobre todo quienes integran actualmente nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando los jueces actúan con neutralidad y claridad, no solo resuelven disputas particulares, sino que envían señales a la sociedad y al sistema político sobre los límites del poder y los derechos de los ciudadanos.

Uno de los mayores retos para el Poder Judicial contemporáneo, en México y en otros países, es enfrentar procesos de erosión democrática. A diferencia de los golpes de Estado tradicionales, estos procesos son graduales, legales en apariencia, y liderados por mayorías electas que buscan consolidarse en el poder eliminando o debilitando los frenos institucionales. Esta forma de autocratización —que puede incluir reformas constitucionales, manipulación del sistema judicial, control de los medios y las organizaciones de la sociedad civil, así como el clásico hostigamiento a la oposición— suele comenzar con el debilitamiento de contrapesos tan relevantes como el que aporta el poder judicial.

Cuando un líder o partido político logra capturar al Poder Judicial, las decisiones judiciales dejan de ser un freno y se convierten en un vehículo de legitimación del autoritarismo. La historia reciente ofrece múltiples ejemplos. La que hemos visto en México no es una experiencia aislada. Ha ocurrido en varios países que, tras ganar elecciones legítimas, sus gobiernos reformaron la estructura judicial para asegurarse lealtades o, directamente, para intimidar a los jueces.

Frente a esta amenaza, la defensa de la independencia judicial se vuelve una tarea cívica verdaderamente crucial. En países como México, lo que necesitamos es un Poder Judicial que sea en verdad independiente y que comprenda que su tarea no se limita a la interpretación de las normas, sino que abarca también la delicada función de establecer límites claros a los abusos del Ejecutivo o del Legislativo, actuando siempre en defensa del orden constitucional.

Para lograr dicho objetivo es muy importante para la justicia en México poner mucha atención respecto a la claridad de sus sentencias, su apertura al debate público y su capacidad de ofrecer razones accesibles para todos, tal como lo ofrecieron muchos de los participantes en el proceso judicial electoral que culminó con la jornada del domingo 1 de junio.

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