Una de las propuestas que han estado pendientes desde hace décadas y que más debate ha suscitado cada vez que se retomar ha sido la de unificar la legislación penal sustantiva. Se trataría, en caso de que prospere la propuesta, de tener un único código penal, de la misma forma que ya tenemos desde 2014 un único código de procedimientos penales para todo el país.

Me parece que es una idea del todo plausible, la cual había sido defendida por profesores de la UNAM desde los años 40 del siglo pasado y que generaciones posteriores de académicos hemos retomado, dado que entendemos que la existencia de 33 códigos penales (32 en cada una de las entidades federativas y uno federal) no se justifica. No se trata de razones vinculadas con el federalismo mexicano, sino con argumentos de puro sentido común.

No parecen existir razones válidas para que lo que es considerado como delito en una entidad federativa no lo sea en la entidad vecina. Tampoco se entiende por qué motivo una conducta delictiva puede merecer una pena de 10 años en un estado y de 40 en otro: ¿será que la vida, la integridad física o el patrimonio de las personas merecen una mayor protección dependiendo del lugar de la República en el que se encuentren?

Para poder reforzar la correcta aplicación del proceso penal acusatorio y oral, serviría de mucho tener un único código penal sustantivo, en el que se unifiquen criterios y se compartan conceptos. La necesidad es tan imperiosa que se han redactado diversos “códigos tipo” o “códigos modelo”, para vislumbrar el contenido concreto que podría tener dicha legislación. Algunos de esos proyectos permitieron que los jueces fueran los primeros en darse cuenta de la importancia de contar con reglas uniformes, para evitar confusiones y ser más efectivos en el combate a la impunidad.

Obviamente, existen dudas legítimas sobre la pertinencia de unificar las leyes penales y aplicarlas a todo lo largo y ancho del país. Por ejemplo, se preguntan qué va a pasar con los delitos que son importantes en las regiones rurales, pero no tienen ninguna relevancia para quienes habitamos en las grandes ciudades (es el caso del delito de “abigeato”, que castiga el robo de ganado). También hay quienes preguntan qué va a pasar con las reglas que hoy aplican hacia su interior los pueblos y comunidades indígenas, con base en la autonomía que les reconoce la Constitución para que se rijan por sus propios usos y costumbres.

Se trata de cuestiones relevantes sobre las que habrá que ir generando puntos de acuerdo, pero no creo que supongan obstáculos fundamentales para poder avanzar en la idea que estamos analizando.

Respecto de las preocupaciones para conservar como delitos aquellas conductas que tienen una incidencia muy localizada geográficamente, pienso que se puede ser sensibles a esas necesidades y preverlas sin problema en el código penal único. Lo mismo puede decirse de los usos y costumbres indígenas, los cuales podrían ser regulados en el código único, tal como se hace actualmente en varias entidades federativas.

Ojalá podamos avanzar con rapidez en esta propuesta, que requiere de una modificación constitucional y que por tanto debe ser avalada por una mayoría calificada en el Congreso de la Unión y por al menos 16 congresos locales. Si lo logramos, estaremos avanzando en una senda de mayor seguridad jurídica que nos permitirá combatir mejor a la criminalidad.

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