Imagine que en el transcurso de un proceso judicial, el abogado de una de las partes deja vencer a propósito un plazo procesal para interponer un recurso, o le “vende” información sensible a la parte contraria. O sencillamente abandona sus tareas de defensa y produce un resultado pésimo para los intereses de sus clientes. ¿Debería ser sancionado por ello?
La respuesta es evidente: desde luego que sí. Pero si ese abogado trabaja en México es bastante poco probable que sea castigado por su actuación negligente. La rendición de cuentas, en el sector de la abogacía es algo que todavía no se ha logrado.

Hay que avanzar hacia procesos de certificación profesional, que aseguren que la prestación de servicios jurídicos está respaldada por conocimientos actualizados. De hecho, el proceso de regulación legislativa de la reforma en materia educativa sería una magnífica oportunidad para generar esquemas de mayor exigencia, tal como ya existen para profesiones como la medicina o la contaduría.

Las personas que contraten los servicios de un abogado deben saber si en su contra se han presentado quejas por faltas en su desempeño profesional. También deben tener derecho a conocer si cuenta o no con un seguro por riesgos profesionales, que se aplique en casos de negligencia, tal como existe en muchos países. De la misma forma, quienes buscan asesoría jurídica deben saber si ese abogado al que piensan contratar ha firmado algún código de ética profesional, si pertenece o no a algún colegio de abogados reconocido, si ha cursado estudios de posgrado que lo mantengan actualizado, etcétera.

De tal forma, pues, que habría que crear un esquema que se moviera en dos planos: uno sancionador, para aquellos abogados que actúan mal y defraudan la confianza de sus clientes; y otro de incentivo, para reconocer y premiar a aquellos abogados (que son la enorme mayoría, por cierto) que hagan un esfuerzo por colegiarse, tengan conocimientos actualizados, observen escrupulosamente los estándares éticos y sean capaces de comunicar todas esas ventajas a sus clientes.

No neguemos lo evidente: el combate a la corrupción requiere de mejores abogados. Es en los abogados donde podrá encontrar a sus mejores aliados, para denunciar y ayudar a procesar a quienes infringen la ley, dentro y fuera del gobierno o de la propia profesión jurídica.

Pero esos abogados deben tener los controles profesionales y éticos que hoy en día no tienen. Ese es el reto principal que hay que afrontar. Si las propuestas no vienen del gobierno, habrá que buscarlas en los centros de pensamiento académico o entre las barras y colegios de abogados. Nadie debe dudar de la importancia y de la urgencia de esa tarea, que además nos conviene a todos.

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