Por Mercedes Carbonell Peláez

El año pasado, cuando el INEGI publicó los resultados de 2024 en 2025 sobre justicia laboral federal y estatal, hicimos un primer ejercicio para analizar qué nos decían las cifras sobre el funcionamiento del nuevo sistema. Ahora retomamos esa radiografía con los datos publicados en 2026 para conocer qué ha cambiado, en qué aspectos hemos mejorado y cuáles siguen siendo los principales retos.

Esta nueva entrega reúne información desde la entrada gradual en operación del sistema, en noviembre de 2020, hasta el cierre de 2025. Te comparto a continuación los datos más interesantes:

Más tribunales laborales

Entre 2023 y 2025, el número de órganos jurisdiccionales laborales estatales pasó de 156 a 170: 14 tribunales más en todo el país.

El mayor crecimiento se presentó en Querétaro que duplicó su número de tribunales, pasando de tres a seis órganos jurisdiccionales. Le siguieron el Estado de México, que aumentó de ocho a diez; Puebla, de tres a cinco, y Tamaulipas, de seis a ocho. También se creó un órgano adicional en Aguascalientes, Chiapas, Guerrero, Michoacán, Morelos y Yucatán.

Sin embargo, la distribución sigue siendo muy desigual. Jalisco concentra 30 tribunales laborales, mientras que Colima, Hidalgo, Nuevo León, San Luis Potosí y Tlaxcala cuentan únicamente con uno

Composición de los órganos jurisdiccionales

De 2024 a 2025 aumentó en 16 el número de personas juzgadoras. Al cierre de 2025, los tribunales laborales estatales contaban con 261, de las cuales 44.1% eran mujeres y 55.9%, hombres.

Esta distribución cercana a la paridad cambia considerablemente entre las entidades. La Ciudad de México, Nuevo León, Guerrero, Tabasco, Aguascalientes, Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí y Durango alcanzaron una integración totalmente paritaria donde la mitad de las personas juzgadoras son hombres y la otra mitad mujeres. En Baja California Sur e Hidalgo, las mujeres representaron 66.7 %, y en Morelos, 60 %; mientras que en Campeche, Zacatecas y Colima todas las personas juzgadoras son mujeres. En contraste, su presencia fue de apenas el 16.7% en Querétaro; 25% en Tamaulipas y Oaxaca, y 28.6% en el Estado de México. Yucatán y Tlaxcala reportaron sólo hombres.

Carga de trabajo y resolución de expedientes

Durante 2025, los Poderes Judiciales estatales abrieron 130,921 expedientes laborales y solucionaron 41,116, es decir, poco más del 31%. Frente a 2024, los asuntos abiertos aumentaron 7.8 %, mientras que los solucionados disminuyeron 4.9 %. Lo anterior implica que los tribunales recibieron más expedientes, pero resolvieron menos que el año anterior.

Si observamos todo el periodo, entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025 se abrieron 424,416 expedientes y se solucionaron 139,018, (32.8%). Además, al cierre de 2025 quedaron más de la mitad de los asuntos (52.7%) en proceso de resolución: 223,585:

Al comparar los expedientes solucionados con los abiertos durante el periodo, las proporciones más altas se registraron en Michoacán (68.7 %), Zacatecas (65.7 %), Tamaulipas (63.7 %) y el Estado de México (62.7%).

Tiempo de resolución

INEGI también analizó la duración de los expedientes solucionados por los Poderes Judiciales estatales entre noviembre de 2020 y diciembre de 2025.

En el procedimiento ordinario, 44.6 % de los asuntos se resolvió en 120 días hábiles o menos. Sin embargo, 29.2 % requirió 211 días hábiles o más y, dentro de este grupo, 10.6 % tardó más de un año. En procedimientos de huelga, 45.9% se resolvió en dos meses o menos; en procedimientos paraprocesales, el 70.4% se resolvió en el mismo periodo de  60 días o menos; y en procedimientos de ejecución, el 67.6%.

Sectores con mayor incidencia

Entre 2020 y 2025, el sector de actividad económica identificado con más expedientes abiertos en el ámbito estatal fue el de información en medios masivos, con 27,701 asuntos, equivalentes a 6.7 %. Le siguieron el comercio al por menor, con 19,954 expedientes (4.8 %), y las industrias manufactureras, con 14,452 (3.5 %).

Sin embargo, esta información debe analizarse con cautela: en 245,838 expedientes no se identificó el sector económico, lo que representa más de la mitad de los asuntos en los que esta variable resultaba aplicable. Esta ausencia limita la posibilidad de determinar con precisión en qué actividades se concentran los conflictos laborales y de diseñar estrategias preventivas focalizadas.

Conclusiones

Los nuevos datos del INEGI permiten destacar tres aspectos sobre el funcionamiento de la justicia laboral:

1. Mayor capacidad institucional. La creación de nuevos tribunales y el aumento de personas juzgadoras muestran que, aunque de manera gradual, la estructura del sistema continúa creciendo.
2. Una capacidad de respuesta que no logra seguir el ritmo. En 2025 aumentaron los expedientes abiertos, mientras que los asuntos solucionados disminuyeron. Los tribunales enfrentan una carga de trabajo cada vez mayor que su capacidad actual no alcanza a atender.
3. Paridad todavía pendiente. Las mujeres representan el 44.1 % de las personas juzgadoras estatales. Aunque la cifra se acerca a la paridad, persisten importantes diferencias entre las entidades.
4. Necesidad de mejores procesos de gestión. Ampliar la estructura institucional no es suficiente. El aumento de la carga de trabajo exige revisar y diseñar procesos más eficientes para recibir, organizar, dar seguimiento y resolver los asuntos.

La expansión de la justicia laboral es un avance, pero el verdadero reto consiste en que el crecimiento institucional se traduzca en resoluciones oportunas y una protección efectiva de los derechos laborales.

Si te interesa conocer más, te invito a leer los resultados completos aquí: https://www.inegi.org.mx/contenidos/programas/ralab/doc/ralab_2026_resultados.pdf

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