El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares —CNPCyF— representa uno de los cambios procesales más importantes para la abogacía mexicana. No se trata solamente de un nuevo ordenamiento, sino de una nueva forma de litigar: más oral, más concentrada, más digital, más exigente en materia probatoria y con una fuerte orientación hacia los derechos humanos.

A continuación les comparto algunas consideraciones breves sobre diez artículos del Código que, desde mi punto de vista, todo abogado debe conocer. No son los únicos importantes, desde luego, pero sí forman una base mínima para entender el nuevo modelo procesal civil y familiar.

1. Artículo 7: los principios rectores del nuevo sistema procesal

El artículo 7 es indispensable porque establece los principios rectores del sistema de impartición de justicia en materia civil y familiar. Entre ellos destacan el acceso a la justicia, la concentración, la colaboración, la continuidad, la contradicción, la dirección procesal y la igualdad procesal.

Este artículo debe leerse como la brújula interpretativa del CNPCyF. No es una disposición decorativa ni meramente programática. Sus principios deben incidir en la forma de preparar escritos, ofrecer pruebas, intervenir en audiencias y construir argumentos.

Para el abogado litigante, el artículo 7 implica un cambio de mentalidad: ya no basta con presentar promociones extensas o incidentes dilatorios. El nuevo proceso exige claridad, concentración, colaboración procesal y capacidad de debatir oralmente los hechos, las pruebas y el derecho aplicable.

2. Artículo 89: la competencia de la autoridad jurisdiccional

El artículo 89 regula criterios centrales para determinar qué autoridad jurisdiccional es competente. Entre otros supuestos, considera el lugar designado por la persona deudora para ser requerida de pago, el lugar convenido para el cumplimiento de la obligación, la ubicación del bien cuando se ejercite una acción real y el domicilio de la parte demandada en acciones personales, mobiliarias, colectivas o del estado civil.

Su importancia práctica es enorme. Una demanda puede estar muy bien redactada en cuanto al fondo, pero si se presenta ante autoridad incompetente, el litigio puede iniciar con una desventaja procesal importante.

Todo abogado debe dominar este artículo antes de presentar la demanda. La competencia no es un aspecto secundario: define el juez, el territorio, la estrategia procesal y, muchas veces, la eficacia real del litigio.

3. Artículo 135: el procedimiento convencional

El artículo 135 permite que las autoridades jurisdiccionales se sujeten al procedimiento convencional pactado por las partes, siempre que se formalice en documento público o ante la propia autoridad jurisdiccional, se respeten las formalidades esenciales del procedimiento y no se trate de procedimientos en materia familiar, que son de orden público.

Esta disposición es una de las más innovadoras del Código. Permite cierta flexibilidad procesal, especialmente en asuntos civiles de naturaleza disponible. Las partes pueden acordar reglas sobre la presentación de la demanda, emplazamiento, contestación, pruebas y alegatos, sin imponer mayores cargas que las previstas en el propio CNPCyF.

Para la práctica profesional, este artículo abre un campo muy interesante: la posibilidad de diseñar cláusulas procesales en contratos complejos. El abogado ya no debe pensar únicamente en la cláusula sustantiva, sino también en la eventual arquitectura procesal del conflicto.

4. Artículo 235: los requisitos de la demanda

El artículo 235 es uno de los artículos que ningún litigante puede ignorar. Establece los requisitos de la demanda: autoridad ante la que se promueve, datos de la parte actora, domicilio, teléfono, correo electrónico, representante autorizado, datos de la parte demandada, pretensiones, hechos, fundamentos de derecho y demás elementos necesarios.

La demanda es el acto procesal fundacional del litigio. En ella se fija buena parte del terreno sobre el cual se desarrollará el proceso. Una demanda deficiente puede generar prevención, desechamiento, pérdida de claridad en la litis o dificultades probatorias posteriores.

El abogado debe prestar especial atención a tres aspectos: primero, la precisión de las pretensiones; segundo, la narración clara y ordenada de los hechos; tercero, la relación entre hechos, acción ejercitada, pruebas y fundamentos jurídicos.

En el nuevo modelo procesal, la demanda ya no debe redactarse como una acumulación de fórmulas tradicionales. Debe construirse como un documento estratégico: claro, coherente, verificable y orientado desde el inicio hacia la audiencia y la prueba.

5. Artículo 236: prevención, revisión de la demanda y reencauzamiento

El artículo 236 regula qué sucede cuando la demanda es oscura, irregular o no cumple alguno de los requisitos del artículo 235. La autoridad jurisdiccional debe señalar con precisión los defectos, concediendo un término de tres días para subsanarlos. También prevé que, si se promueve en una vía incorrecta, la autoridad jurisdiccional reencauzará la acción o petición a la vía procedente, proveyendo sobre las medidas cautelares o provisionales solicitadas.

Este artículo es relevante porque evita una concepción excesivamente formalista del acceso a la justicia. No todo error debe llevar automáticamente al fracaso de la demanda. El juez tiene deberes de revisión, prevención y, en ciertos casos, reencauzamiento.

Para los abogados, sin embargo, esta disposición no debe entenderse como una autorización para litigar con descuido. La prevención puede salvar una demanda, pero también consume tiempo, evidencia deficiencias técnicas y puede afectar la estrategia del caso.

6. Artículo 241: la contestación de la demanda

El artículo 241 regula los requisitos de la contestación de la demanda. Entre otros aspectos, exige que la parte demandada comparezca ante la autoridad jurisdiccional que la emplazó, señale sus datos procesales y conteste categóricamente cada uno de los hechos, aceptándolos, negándolos o manifestando bajo protesta de decir verdad los que ignore.

La contestación no debe verse como un escrito meramente defensivo o rutinario. Es el acto mediante el cual se fija la posición procesal de la parte demandada, se delimitan los hechos controvertidos, se plantean excepciones y defensas, y se prepara el terreno probatorio.

Uno de los errores más frecuentes en la práctica es contestar de manera genérica, evasiva o desordenada. Bajo el CNPCyF, ese estilo puede resultar muy costoso. La contestación debe ser precisa, categórica y estratégicamente conectada con las pruebas que se ofrecerán.

7. Artículo 244: documentos que deben acompañar la demanda o la contestación

El artículo 244 dispone que a toda demanda o contestación deben acompañarse necesariamente los documentos que acrediten la personalidad o carácter de quien comparece en representación de alguna parte o tercero, así como los documentos en los que la parte actora funde su acción y aquellos en que la parte demandada funde sus excepciones, en formato físico o electrónico.

Este artículo es esencial porque vincula la estrategia escrita con la estrategia probatoria. No basta afirmar hechos: hay que acompañar desde el inicio los documentos base de la acción o de las excepciones.

En la práctica, el artículo 244 obliga a los abogados a preparar el caso antes de presentar la demanda o contestarla. El litigio ya no puede improvisarse sobre la marcha. La integración documental previa será uno de los factores decisivos para el éxito o fracaso del proceso.

8. Artículo 343: valoración racional de la prueba

El artículo 343 es uno de los preceptos más importantes del CNPCyF en materia probatoria. Establece que las autoridades jurisdiccionales apreciarán la prueba conforme a su libre convicción, extraída de la totalidad del debate y la instrumental de actuaciones, de manera libre, lógica y basada en la experiencia. También exige motivación racional de las pruebas desahogadas, tanto en lo individual como en su conjunto, salvo que hayan sido desestimadas, en cuyo caso deberán indicarse las razones.

Este artículo abandona cualquier idea de valoración puramente intuitiva, automática o ritualista. La prueba debe ser valorada racionalmente. El juez no solo debe decir qué prueba le convence, sino explicar por qué le convence, cómo se relaciona con las demás pruebas y qué peso tiene dentro del conjunto del debate.

Para los abogados, el artículo 343 obliga a litigar con teoría probatoria. No basta ofrecer pruebas; hay que explicar su pertinencia, su fuerza inferencial, su conexión con los hechos controvertidos y su capacidad para satisfacer el estándar de prueba aplicable.

9. Artículo 457: la audiencia preliminar

El artículo 457 regula las etapas de la audiencia preliminar en el juicio ordinario civil oral: depuración del procedimiento, conciliación o invitación a la mediación, depuración del debate, calificación sobre admisibilidad o desechamiento de pruebas, y citación para audiencia de juicio.

Este artículo es central porque muestra que la audiencia preliminar no es un simple trámite. Es el momento en el que se ordena el proceso, se depura la litis, se intenta una solución autocompositiva, se define qué pruebas entran al juicio y se prepara la audiencia principal.

Un abogado que llega a la audiencia preliminar sin estrategia llega tarde. Para ese momento debe tener perfectamente identificados los hechos controvertidos, las excepciones procesales, las pruebas indispensables, los puntos de conciliación posibles y los riesgos del caso.

La audiencia preliminar será, en muchos litigios, el verdadero punto de inflexión del proceso.

10. Artículo 466: alegatos de apertura, teoría del caso y desahogo de pruebas en la audiencia de juicio

El artículo 466 regula el inicio de la audiencia de juicio. Dispone que, abierta la audiencia, la autoridad jurisdiccional escuchará los alegatos de apertura de las partes, con el propósito de que expongan sus respectivas teorías del caso. También señala que la autoridad jurisdiccional determinará el orden para el desahogo de las pruebas conforme a los acuerdos fijados en la audiencia preliminar. Finalmente, prevé una consecuencia procesal severa: serán declaradas desiertas las pruebas que no estén debidamente preparadas para su desahogo por causas imputables a la parte oferente, y contra dicha resolución no procede recurso alguno.

Este artículo es decisivo porque confirma que el proceso oral exige una preparación estratégica desde antes de la audiencia. El alegato de apertura no es un discurso retórico, ni una repetición de la demanda o de la contestación. Es la exposición inicial de la teoría del caso: qué ocurrió, qué se pretende demostrar, con qué pruebas se acreditará y por qué el derecho aplicable conduce a una resolución favorable.

La regla sobre la preparación de las pruebas también debe tomarse muy en serio. En el nuevo proceso, las partes tienen una carga activa de preparación probatoria. Si un testigo no comparece por descuido del oferente, si un perito no está listo, si una documental no se encuentra correctamente incorporada o si una prueba no puede desahogarse por causa imputable a quien la ofreció, el costo procesal puede ser definitivo.

El artículo 466, por tanto, sintetiza tres exigencias de la nueva litigación civil oral: teoría del caso, dominio de la audiencia y preparación rigurosa de la prueba.

Reflexión final

Estos diez artículos permiten observar la arquitectura básica del nuevo proceso civil y familiar: principios rectores, competencia, procedimiento convencional, demanda, prevención, contestación, documentos, valoración de la prueba, audiencia preliminar y audiencia de juicio.

El CNPCyF exige una abogacía distinta. Menos dependiente de fórmulas escritas, más preparada para la oralidad; menos formalista, pero más rigurosa; menos improvisada, pero más estratégica.

Todo abogado que litigue en materia civil o familiar debe estudiar el Código completo. Pero estos diez artículos ofrecen un buen punto de partida para comprender el cambio de paradigma: el nuevo proceso se gana con preparación temprana, claridad argumentativa, dominio probatorio y capacidad de intervenir eficazmente en audiencia.

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