El uso de herramientas de inteligencia artificial se ha extendido con rapidez en el ámbito jurídico. Cada vez más abogados, estudiantes y académicos recurren a sistemas de IA para apoyar tareas de investigación, redacción o análisis.

Sin embargo, uno de los errores más frecuentes consiste en pensar que basta con “hacer una pregunta”, de forma simple o incluso configurada como una mera ocurrencia, para obtener una respuesta jurídicamente útil.

En realidad, la calidad del resultado depende casi por completo de la calidad de la instrucción que se formula. En este punto aparece una noción central para el ejercicio profesional del Derecho en la era digital: el prompt jurídico.

Un prompt jurídico no es una pregunta genérica ni una consulta informal. Se trata de una instrucción escrita dirigida a una herramienta de inteligencia artificial que traduce, en lenguaje operativo, un razonamiento jurídico previo.

En otras palabras, el prompt es una hipótesis de trabajo jurídico estructurada. Su correcta formulación exige técnica, claridad conceptual y dominio del Derecho, del mismo modo que ocurre al redactar una demanda, un dictamen o un concepto de violación.

El primer elemento esencial de un prompt jurídico es la definición clara del problema jurídico. La IA no puede suplir la falta de identificación del conflicto normativo o interpretativo que se desea analizar. Preguntas del tipo “¿esto es legal?” o “¿qué dice la ley sobre…?” suelen producir respuestas superficiales y poco útiles.

En cambio, un prompt bien construido plantea con precisión la cuestión jurídica: qué derecho está en juego, qué acto se analiza, qué norma se cuestiona y desde qué perspectiva debe abordarse el problema. Formular correctamente el problema es, como siempre en el Derecho, el primer paso para una buena solución.

El segundo componente es la delimitación del marco normativo. A diferencia de un jurista humano, la inteligencia artificial no sabe automáticamente qué sistema jurídico, qué jurisdicción ni qué nivel normativo es relevante. Por ello, el prompt debe indicar de manera expresa el país, la rama del Derecho, las normas aplicables y, en su caso, el órgano jurisdiccional cuyos criterios deben tomarse en cuenta. Sin esta delimitación, la IA tenderá a ofrecer respuestas genéricas, comparadas o incluso incorrectas desde el punto de vista del Derecho positivo aplicable.

En tercer lugar, un prompt jurídico debe precisar el rol jurídico esperado. No razona igual un juez que un abogado postulante, ni un académico que un asesor corporativo. Indicar el rol permite orientar el tipo de análisis, el lenguaje y la finalidad del resultado. Por ejemplo, pedir a la IA que actúe como juez constitucional implica solicitar un razonamiento estructurado, imparcial y basado en precedentes, mientras que asignarle el rol de abogado litigante supone un enfoque estratégico y argumentativo. Esta precisión es fundamental para obtener respuestas coherentes con la práctica profesional real.

El cuarto elemento es el método de análisis. El Derecho no se aplica de manera intuitiva, sino conforme a técnicas reconocidas: interpretación literal, sistemática o teleológica; test de proporcionalidad; análisis de precedentes; ponderación de principios; razonamiento probatorio, entre otros.

Un buen prompt jurídico no se limita a pedir una conclusión, sino que indica cómo debe alcanzarse. Al hacerlo, obliga al estudiante o al abogado a explicitar su propio método y permite evaluar la solidez del razonamiento generado.

Finalmente, el prompt jurídico debe determinar el tipo de resultado requerido. No es lo mismo solicitar un esquema, un argumento, un contraargumento, un dictamen, un resumen técnico o una simulación de resolución judicial.

Definir el formato y el alcance del resultado evita ambigüedades y facilita la verificación posterior. Además, refuerza la idea de que la IA es una herramienta de apoyo, no una fuente autónoma de decisiones jurídicas.

Entendido así, el prompt jurídico se convierte en un ejercicio de alta exigencia intelectual. Obliga a pensar antes de preguntar, a estructurar el problema y a anticipar el camino del análisis. Por ello, su enseñanza y práctica resultan esenciales en la formación de los abogados contemporáneos.

Quien no sabe construir un buen prompt jurídico difícilmente podrá utilizar la inteligencia artificial con provecho profesional. En cambio, quien domina esta técnica refuerza, y no debilita, su capacidad de razonamiento jurídico.

En definitiva, la inteligencia artificial no sustituye al jurista, pero sí pone a prueba su calidad. El prompt jurídico es el punto de encuentro entre el Derecho y la tecnología, y también el espejo que refleja el nivel de formación de quien lo formula.

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