Por Mercedes Carbonell Peláez

Las Fiscalías o Procuradurías, tanto estatales como la federal, requieren distintos tipos de documentos para lograr un buen funcionamiento. Desde reglamentos hasta protocolos de actuación, estos instrumentos sirven como guía para el ejercicio cotidiano de sus funciones y permiten que las labores se realicen de manera efectiva y cumpliendo con estándares de calidad. Entre los documentos rectores se encuentra la política de persecución penal.

¿Qué es?

De acuerdo con el Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal (ConJusticia), la política de persecución penal “es un instrumento normativo destinado a reforzar las capacidades de las instituciones, con el propósito de investigar y perseguir fenómenos criminales prioritarios de manera proactiva. Esto se logra a través de la definición de prioridades y la implementación de acciones estratégicas que han sido previamente analizadas y planificadas, lo que a su vez contribuye a optimizar el uso de los recursos disponibles” (2021, p. 11).

De esta definición destacan cuatro elementos clave:

1. Enfoque estratégico. Supone una investigación y persecución proactiva con base en prioridades específicas, adaptadas a distintos contextos de criminalidad y considerando los casos de mayor impacto social.
2. Acciones diferenciadas. Implica valorar el tipo de delitos y las circunstancias de cada caso para elegir las soluciones procesales que sean más adecuadas y que permitan, a su vez, alcanzar de mejor manera los fines del proceso penal: esclarecer los hechos, proteger a personas inocentes, evitar la impunidad y reparar los daños.
3. Planificación racional. Reconoce que los recursos son limitados y deben distribuirse estratégicamente. No significa que unos casos se investiguen y otros no, sino que se requiere un “proceso de racionalización en el uso de los recursos y la toma de decisiones diferenciada, con base en el catálogo de soluciones legalmente disponibles” (2021, p. 26).
4. Claridad y previsibilidad. Las guías que establezca la política de persecución penal deben ser claras, transparentes y fácilmente comprensibles, de modo que orienten el trabajo del personal de la institución y fortalezcan la rendición de cuentas. En este sentido, deben servir como referencia para guiar sus actuaciones y como base para identificar los casos en que las responsabilidades no se cumplen cabalmente.

¿Cuáles son sus elementos?

Una política de persecución penal debe contener tres componentes esenciales:

• Objetivos estratégicos. Son metas de largo plazo que, además de orientar la actuación institucional en el presente, tienen un carácter aspiracional: señalan la dirección de las transformaciones que se buscan alcanzar en el futuro. Su construcción parte de diagnósticos sobre la capacidad de gestión de la institución, así como del análisis de los fenómenos criminales en la entidad y de su impacto social.
• Temáticas prioritarias. Representan un horizonte de atención inmediata. Su propósito es ordenar y gestionar la carga de trabajo mediante la clasificación de los casos, la definición del nivel de atención que corresponde a cada categoría y la asignación de recursos conforme a la relevancia y consecuencias sociales de los delitos investigados.
• Sistema de operación. Establece la forma en que se organiza la institución, tanto desde una perspectiva estructural como en sus procesos operativos. Este componente permite que los objetivos estratégicos y las temáticas prioritarias se traduzcan en acciones prácticas y coordinadas.

 ¿Cómo se diseña?

Al ser un documento rector, es fundamental que no sólo se difunda en toda la Fiscalía, sino que sea comprendido y asumido como propio por su personal. Para lograrlo, resulta clave un diseño participativo que permita conocer a fondo la institución y proponer cambios viables, en lugar de imponer directrices ajenas a la realidad operativa o reformas drásticas que paralicen el trabajo.

Las etapas de creación de una política de persecución penal son las siguientes (ConJusticia, 2021, p. 30):

• Fase 1. Diagnóstico. Levantamiento de información cuantitativa y cualitativa para conocer a detalle el funcionamiento de la institución, la distribución de las tareas, los límites de las responsabilidades y las áreas no funcionales.
• Fase 2. Objetivos y temáticas. Construcción colectiva de objetivos y temáticas mediante reuniones de trabajo y ejercicios de validación con una muestra representativa del personal.
• Fase 3. Sistema de operación. Análisis de la viabilidad práctica y definición de ajustes en la distribución y gestión de casos, así como en su priorización.
• Fase 4. Implementación. Ejecución, monitoreo y evaluación del nuevo funcionamiento para realizar ajustes cuando sea necesario.

Conclusión

Una política de persecución penal puede marcar la diferencia entre atender un cúmulo de carpetas sin estrategia —dependiendo únicamente del esfuerzo individual— o gestionarlas de manera planificada para garantizar resoluciones más efectivas, de acuerdo con el delito y sus circunstancias, aliviando la carga de trabajo y fortaleciendo el acceso a la justicia.

Las Fiscalías que aún no cuentan con una política de persecución penal deberían desarrollarla; aquellas que ya la tienen, deberían revisarla periódicamente para asegurar: su conocimiento por parte de todo el personal; su aplicación real y adecuada en las áreas estratégicas; los ajustes necesarios para hacerla más efectiva y la incorporación de elementos que fortalezcan su utilidad práctica.

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Referencia

ConJusticia. (2021). Política de persecución penal: Lineamientos para su diseño e implementación. USAID – Programa para el Fortalecimiento de Instituciones de Justicia Penal Estatal. Consultado en https://cejamericas.org/wp-content/uploads/2025/02/ConJusticia-USAID_Manual_Politica_Persecucion_Penal_VF_30jul24.pdf