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Inteligencia artificial y ética profesional: los deberes del abogado que ninguna tecnología puede sustituir

Inteligencia artificial y ética profesional:

los deberes del abogado que ninguna tecnología puede sustituir

1er Congreso Nacional sobre Inteligencia Artificial para la Práctica Jurídica

El trabajo jurídico con IA exige conocimiento, supervisión y responsabilidad. Este Congreso analizará los errores que deben evitarse, los límites que deben respetarse y los criterios necesarios para verificar cada resultado.

Miguel Carbonell *

Abogado – Profesor – Escritor – Especialista en Derecho Constitucional

La inteligencia artificial está transformando la práctica jurídica y permite realizar numerosas tareas con una rapidez extraordinaria. Sin embargo, su utilización no disminuye las responsabilidades de los abogados. Por el contrario, exige mayores niveles de diligencia, verificación, confidencialidad y rigor profesional. La verdadera cuestión no es solamente qué puede hacer la inteligencia artificial, sino qué debemos hacer nosotros para utilizarla de manera ética y responsable.

Durante los últimos años, buena parte del debate sobre la inteligencia artificial aplicada al derecho se ha concentrado en sus capacidades técnicas.

Hemos analizado cómo utilizar estas herramientas para redactar demandas, preparar contestaciones, organizar expedientes, investigar jurisprudencia, revisar contratos y construir argumentos jurídicos.

También hemos examinado las ventajas que ofrecen para incrementar la productividad de los despachos y mejorar la eficiencia de los servicios profesionales.

Estas cuestiones son importantes y merecen toda nuestra atención.

Sin embargo, existe una dimensión que no siempre recibe el tratamiento que merece: la ética profesional en el uso de inteligencia artificial.

La incorporación de estas tecnologías no puede reducirse a un problema de eficiencia, velocidad o automatización.

Estamos hablando de herramientas que intervienen en actividades relacionadas con los derechos de las personas, sus relaciones familiares, su patrimonio, su libertad y sus intereses más importantes.

Por tanto, su utilización exige una reflexión que vaya más allá de las capacidades tecnológicas.

Necesitamos preguntarnos cómo deben utilizarse estas herramientas, cuáles son los límites de su aplicación y qué responsabilidades corresponden a quienes las incorporan a su práctica profesional.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a trabajar mejor, pero no puede determinar por sí misma qué constituye una actuación profesional jurídicamente correcta y éticamente aceptable.

Esa responsabilidad sigue correspondiendo a los abogados.

Una de las características más sorprendentes de la inteligencia artificial generativa consiste en su capacidad para realizar determinadas tareas en tiempos extraordinariamente reducidos.

Un sistema puede organizar cientos de páginas de información, elaborar resúmenes, identificar conceptos, sugerir argumentos y producir borradores de documentos jurídicos en cuestión de minutos.

Estas posibilidades representan avances muy importantes.

Pero también pueden generar una falsa sensación de seguridad.

Cuando una herramienta produce rápidamente un documento bien redactado, podemos sentir la tentación de considerar que el trabajo está prácticamente terminado.

Ese es precisamente uno de los riesgos que debemos evitar.

La facilidad para generar documentos no significa que esos documentos sean correctos.

Tampoco significa que cumplan los requisitos procesales aplicables, que sus argumentos estén suficientemente fundamentados o que sus afirmaciones fácticas correspondan con la realidad.

Por eso, cuanto mayores sean las capacidades de las herramientas tecnológicas, más importante resulta establecer mecanismos de supervisión.

La inteligencia artificial amplía nuestras capacidades profesionales, pero también puede ampliar las consecuencias de nuestros errores.

Un abogado que utiliza estas herramientas sin verificar sus resultados puede producir documentos incorrectos con una velocidad que anteriormente resultaba imposible.

La productividad, por sí sola, no constituye una virtud profesional.

Solamente adquiere verdadero valor cuando se encuentra acompañada de calidad, diligencia y responsabilidad.

Para comprender la importancia de estas obligaciones éticas, conviene considerar una actividad concreta: la redacción de demandas.

Una demanda no es simplemente un texto.

Es un acto procesal mediante el cual se formulan pretensiones, se exponen hechos, se invocan fundamentos jurídicos y, según el procedimiento correspondiente, se ofrecen o anuncian medios de prueba.

Su presentación puede activar la intervención de órganos jurisdiccionales y producir consecuencias relevantes para las partes involucradas.

Lo que afirmamos en una demanda puede afectar derechos patrimoniales, relaciones familiares, actividades empresariales, reputaciones personales y otros intereses jurídicamente protegidos.

En determinados asuntos, sus consecuencias pueden ser especialmente profundas.

Pensemos en una demanda relacionada con la responsabilidad civil por daños, en un procedimiento familiar que involucra derechos de niñas, niños y adolescentes o en un conflicto contractual que compromete la continuidad de una empresa.

En estos casos, cada afirmación relevante debe estar respaldada por información suficiente y cada pretensión debe contar con una fundamentación jurídica adecuada.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar los materiales, preparar borradores y revisar la estructura del documento.

Pero no debemos confundir esa colaboración con una autorización para presentar automáticamente el contenido generado.

El abogado debe comprender el alcance de cada afirmación y estar en condiciones de justificar profesionalmente su incorporación al escrito.

La tecnología puede participar en la preparación de una demanda, pero no puede sustituir el juicio profesional que exige su presentación.

La primera exigencia ética que debemos establecer es la conservación del control profesional.

Utilizar inteligencia artificial no significa delegar en ella la dirección del asunto.

El abogado debe mantener el control sobre la información que se utiliza, las instrucciones que se formulan, las respuestas que se reciben y las decisiones que se adoptan.

Esto comprende todo el proceso de trabajo.

Desde la entrevista inicial con el cliente hasta la presentación del escrito, debemos saber qué estamos haciendo y por qué.

También debemos comprender qué tareas hemos encomendado a la herramienta y cuáles son sus limitaciones.

La supervisión no puede limitarse a una lectura superficial del documento final.

Debe abarcar la manera en que se construyó el resultado.

Por ejemplo, si utilizamos inteligencia artificial para elaborar una cronología, debemos comprobar que las fechas y acontecimientos correspondan con los documentos disponibles.

Si solicitamos que identifique fundamentos jurídicos, debemos verificar su existencia, vigencia y pertinencia.

Si le pedimos que proponga argumentos, debemos examinar su consistencia con los hechos y el ordenamiento jurídico aplicable.

En todos estos casos, la tecnología proporciona asistencia.

La dirección jurídica del asunto corresponde al profesional responsable.

La inteligencia artificial puede intervenir en el proceso de elaboración de una decisión, pero no debe desplazar al abogado como responsable de su justificación.

Llegamos a uno de los puntos centrales de esta reflexión.

Cuando un abogado firma y presenta una demanda, asume la responsabilidad profesional por el contenido que ha validado.

Esta responsabilidad no desaparece porque determinados párrafos hayan sido sugeridos por una herramienta de inteligencia artificial.

Tampoco desaparece porque el sistema haya producido información incorrecta o porque el profesional haya confiado excesivamente en sus respuestas.

Desde el punto de vista de la diligencia profesional, no resulta aceptable justificar un error afirmando simplemente que fue generado por la tecnología.

Si incorporamos una afirmación a nuestro escrito, debemos haberla revisado.

Si citamos una disposición normativa, debemos haber comprobado su contenido.

Si utilizamos un criterio jurisprudencial, debemos verificar su existencia y pertinencia.

Y si formulamos una pretensión, debemos estar en condiciones de explicar sus fundamentos.

Naturalmente, la determinación de eventuales responsabilidades jurídicas dependerá de las circunstancias del caso y de las normas aplicables. Pero desde la perspectiva de la ética profesional, el principio es claro:

La utilización de inteligencia artificial no constituye una excusa para incumplir nuestros deberes de diligencia y verificación.

El abogado no puede trasladar a una herramienta tecnológica las obligaciones que corresponden a su ejercicio profesional.

En ocasiones se presenta la inteligencia artificial como un fenómeno tan novedoso que parecería exigir una ética completamente distinta de la que tradicionalmente ha orientado la profesión jurídica.

Considero que esta idea debe matizarse.

Es cierto que la tecnología plantea problemas nuevos y exige adaptar nuestros procedimientos de trabajo.

Sin embargo, muchos de los principios fundamentales que deben orientar su utilización son los mismos que hemos estudiado durante nuestra formación jurídica.

La confidencialidad, la veracidad, la diligencia, la competencia profesional, la lealtad procesal y la responsabilidad siguen siendo exigencias centrales.

Lo que cambia es el contexto en el que debemos cumplirlas.

Confidencialidad

El abogado debe proteger la información que recibe en el ejercicio de su actividad profesional.

La utilización de inteligencia artificial obliga a examinar qué datos pueden introducirse en las plataformas, bajo qué condiciones se procesan y qué medidas de seguridad existen.

Veracidad

No podemos utilizar herramientas tecnológicas para incorporar deliberadamente afirmaciones falsas o engañosas en documentos jurídicos.

La facilidad para generar textos no modifica el deber de actuar conforme a las exigencias de veracidad aplicables.

Diligencia

Debemos revisar los resultados de la inteligencia artificial con el cuidado que exijan las circunstancias.

La rapidez tecnológica no justifica reducir los controles profesionales.

Competencia profesional

El abogado debe contar con los conocimientos necesarios para desempeñar adecuadamente su actividad.

Cuando decide utilizar inteligencia artificial, esta exigencia comprende también conocer suficientemente las capacidades y limitaciones de las herramientas empleadas.

Lealtad procesal

La tecnología no debe utilizarse para desarrollar conductas contrarias a la buena fe procesal ni para introducir elementos falsos o manipulados en un procedimiento.

Las decisiones profesionales deben seguir siendo adoptadas por personas capaces de justificarlas y asumir sus consecuencias.

Responsabilidad

Estos principios no han perdido vigencia.

Por el contrario, la inteligencia artificial hace necesario aplicarlos con especial atención.

Uno de los riesgos más graves consiste en utilizar inteligencia artificial para generar información que posteriormente se presenta como si correspondiera con hechos reales.

La tecnología puede producir narraciones extraordinariamente convincentes.

Puede describir acontecimientos, elaborar secuencias temporales y construir explicaciones aparentemente coherentes.

Pero esa capacidad no convierte sus afirmaciones en hechos acreditados.

Un abogado no debe utilizar estas herramientas para inventar circunstancias que no ocurrieron, fabricar documentos probatorios o atribuir a personas declaraciones que nunca realizaron.

Tampoco debe emplearlas para exagerar deliberadamente daños o construir versiones artificiales de acontecimientos con el propósito de obtener ventajas procesales indebidas.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar los hechos proporcionados por el cliente.

Puede señalar contradicciones o identificar información faltante.

Pero no debe utilizarse para sustituir la investigación fáctica mediante la invención de acontecimientos.

En este punto conviene establecer una regla profesional especialmente importante:

Cuando la información es insuficiente, la inteligencia artificial debe ayudarnos a identificar lo que falta, no a inventar lo que desconocemos.

Esta distinción debería incorporarse expresamente a las instrucciones y protocolos de trabajo de los despachos.

Otro problema especialmente conocido es el de las llamadas alucinaciones de los sistemas de inteligencia artificial.

Estos sistemas pueden producir referencias a resoluciones judiciales inexistentes, atribuir contenidos incorrectos a determinadas sentencias o generar citas normativas equivocadas.

El riesgo resulta especialmente importante porque las referencias pueden presentarse con una apariencia formal convincente.

Una cita puede contener un número de expediente, una fecha, un órgano jurisdiccional y una supuesta interpretación jurídica.

Sin embargo, esos elementos no garantizan su autenticidad.

Por eso, ninguna referencia jurisprudencial debería incorporarse a un escrito procesal sin una verificación adecuada.

En México, la investigación debe acudir, según corresponda, a fuentes oficiales como el Semanario Judicial de la Federación y los repositorios de resoluciones de los órganos jurisdiccionales competentes.

La revisión debe comprender la existencia del criterio, su contenido, su naturaleza, su vigencia y su aplicabilidad al asunto.

No basta con confirmar que una sentencia existe.

También debemos examinar si realmente sostiene la interpretación que pretendemos utilizar.

Una referencia auténtica puede ser jurídicamente irrelevante para el caso concreto.

La verificación de fuentes no es una actividad secundaria.

Forma parte del núcleo de la diligencia profesional.

La preparación de un litigio exige construir una estrategia jurídica.

Esto supone identificar los argumentos favorables, valorar las pruebas disponibles y anticipar las posibles objeciones de la contraparte.

La inteligencia artificial puede colaborar en estas actividades.

Sin embargo, no debe convertirse en un instrumento para ocultar indebidamente información, manipular el sentido de documentos o presentar versiones engañosas de los hechos.

Debe distinguirse, naturalmente, entre la legítima estrategia procesal y las conductas contrarias a los deberes profesionales.

El abogado no está obligado a desarrollar los argumentos de su contraparte ni a renunciar a una defensa eficaz.

Pero su actuación debe respetar las obligaciones legales y procesales aplicables, incluidas las relativas a la buena fe, la veracidad y la presentación de pruebas.

La tecnología no modifica estos límites.

Si una herramienta permite construir narraciones más persuasivas, ello no significa que cualquier narración sea jurídicamente admisible.

La persuasión debe apoyarse en fundamentos legítimos.

La utilización de inteligencia artificial también puede generar riesgos para la información de clientes y terceros.

Los abogados manejamos documentos que contienen datos personales, información patrimonial, antecedentes médicos, comunicaciones privadas y estrategias procesales.

En ocasiones trabajamos con información empresarial cuya divulgación puede producir consecuencias económicas relevantes.

Antes de introducir estos materiales en una herramienta tecnológica, debemos examinar las condiciones de tratamiento de datos y las medidas de seguridad disponibles.

También conviene determinar si la tarea puede realizarse utilizando información anonimizada o seudonimizada.

Por ejemplo, para examinar la estructura jurídica de un conflicto contractual puede no ser necesario revelar los nombres reales de las partes ni otros datos que permitan identificarlas.

Sin embargo, la anonimización debe ser efectiva y no limitarse a sustituir nombres cuando el resto de la información permite reconocer a las personas involucradas.

Los despachos deberían establecer políticas internas que definan qué herramientas pueden utilizarse, qué información está permitido compartir y qué autorizaciones o medidas adicionales resultan necesarias.

La confidencialidad no puede depender exclusivamente de la buena voluntad o de la intuición tecnológica de cada abogado.

Debe formar parte de una metodología institucional de trabajo.

Otra cuestión relevante consiste en determinar cómo debe informarse al cliente sobre la utilización de inteligencia artificial.

No todas las aplicaciones tecnológicas exigen necesariamente el mismo tratamiento.

Utilizar una herramienta para corregir errores ortográficos no plantea las mismas cuestiones que emplearla para analizar documentos confidenciales o colaborar en la formulación de una estrategia procesal.

Por eso, la transparencia debe ser proporcional a la naturaleza y relevancia de la utilización.

En determinados casos, las condiciones del servicio, los deberes profesionales o las normas aplicables pueden exigir información específica o autorizaciones adicionales.

Pero incluso cuando no exista una obligación expresa de comunicar cada utilización tecnológica, resulta conveniente que los despachos desarrollen políticas claras sobre el uso de inteligencia artificial.

El cliente debe poder confiar en que sus asuntos son atendidos por profesionales competentes, que sus datos están protegidos y que las decisiones relevantes no se adoptan automáticamente sin supervisión.

La transparencia contribuye a fortalecer esa confianza.

En la práctica jurídica, la revisión final de un documento suele considerarse una actividad de control de calidad.

Cuando utilizamos inteligencia artificial, también debe comprenderse como una exigencia ética.

Antes de presentar una demanda, un recurso o cualquier otro escrito relevante, debemos realizar una revisión integral.

Esta revisión no puede limitarse a corregir errores de estilo.

Debe examinar los hechos, la fundamentación jurídica, las pruebas, las pretensiones y la coherencia general del documento.

También debe comprobar que las referencias normativas y jurisprudenciales sean correctas.

La pregunta fundamental es sencilla:

¿Estoy en condiciones de sostener profesionalmente cada una de las afirmaciones relevantes contenidas en este documento?

Si la respuesta es negativa, el escrito todavía no está listo para presentarse.

No importa que la herramienta haya generado el texto en pocos segundos.

No importa que su redacción resulte convincente.

Tampoco importa que formalmente parezca completo.

Si existen dudas relevantes sobre su exactitud o fundamentación, debemos continuar el proceso de revisión.

La firma de un documento jurídico no debe convertirse en un acto mecánico posterior a la generación automática de contenido.

Debe representar la validación consciente de un trabajo profesional.

Existe un riesgo adicional que debemos evitar: convertir la ética de la inteligencia artificial en un discurso exclusivamente teórico.

No basta con recomendar a los abogados que actúen responsablemente.

Tampoco es suficiente formular declaraciones generales sobre la importancia de la confidencialidad o la diligencia.

Necesitamos traducir esos principios en procedimientos concretos.

Un despacho que utiliza inteligencia artificial debería contar con reglas claras para proteger información, verificar fuentes, revisar documentos y distribuir responsabilidades.

Por ejemplo, puede establecer un protocolo que incluya las siguientes obligaciones:

  1. Utilizar únicamente herramientas autorizadas para el tratamiento de información profesional.
  2. Evitar introducir datos confidenciales cuando no resulte necesario o no existan garantías adecuadas.
  3. Distinguir los hechos acreditados de las afirmaciones pendientes de verificación.
  4. Comprobar las referencias normativas y jurisprudenciales mediante fuentes confiables.
  5. Prohibir la fabricación de hechos, documentos o elementos probatorios.
  6. Exigir una revisión jurídica sustantiva de los documentos generados.
  7. Identificar a la persona responsable de autorizar la versión final.
  8. Documentar las verificaciones relevantes cuando la naturaleza del asunto lo requiera.
  9. Capacitar periódicamente a los integrantes del equipo.
  10. Revisar y actualizar los procedimientos conforme evolucionen las herramientas y los riesgos.

Estos mecanismos permiten convertir los valores profesionales en prácticas verificables.

La ética deja de ser una declaración abstracta y se incorpora a la organización cotidiana del trabajo.

No todas las actividades jurídicas presentan el mismo nivel de riesgo.

Utilizar inteligencia artificial para preparar un esquema de estudio no tiene las mismas consecuencias que emplearla para redactar una demanda relacionada con derechos fundamentales o con intereses patrimoniales de gran importancia.

Por eso, la intensidad de la supervisión debe ajustarse a las consecuencias potenciales de cada tarea.

Cuanto más graves puedan ser los efectos de un error, más rigurosos deben ser los mecanismos de verificación.

En asuntos relacionados con la libertad personal, los derechos de niñas, niños y adolescentes, la salud, la integridad física o el patrimonio, esta exigencia adquiere especial relevancia.

La inteligencia artificial puede proporcionar asistencia valiosa, pero sus resultados deben someterse a un examen particularmente cuidadoso.

Este principio puede expresarse de manera sencilla:

A mayor riesgo jurídico, mayor deber de supervisión humana.

No se trata de desconfiar indiscriminadamente de la tecnología.

Se trata de reconocer que la diligencia profesional debe ser proporcional a la importancia de las decisiones.

En un entorno en el que numerosas firmas legales comienzan a utilizar herramientas semejantes, la diferencia entre los servicios profesionales no dependerá exclusivamente del acceso a la tecnología.

También dependerá de la calidad de los procedimientos mediante los cuales se utiliza.

Un despacho que combina inteligencia artificial con controles rigurosos de calidad puede ofrecer servicios más consistentes y confiables.

Puede reducir errores, mejorar la organización documental y fortalecer la protección de información.

Asimismo, puede demostrar a sus clientes que la innovación tecnológica se encuentra acompañada de responsabilidad profesional.

Esto representa una ventaja competitiva importante.

La confianza constituye uno de los activos más valiosos de cualquier organización jurídica.

Y esa confianza no se construye solamente mediante resultados rápidos.

Se construye mediante conocimiento, diligencia, transparencia y cumplimiento de compromisos profesionales.

Por tanto, la ética no debe considerarse un obstáculo para la innovación.

Debe entenderse como una condición para que la innovación produzca valor sostenible.

La reflexión sobre inteligencia artificial y ética profesional también debe situarse en un contexto más amplio.

El derecho constituye una de las disciplinas más estrechamente relacionadas con los valores fundamentales de las sociedades humanas.

Su ejercicio involucra cuestiones de justicia, libertad, igualdad, dignidad, seguridad jurídica y protección de derechos.

Por eso, la incorporación de nuevas tecnologías no puede evaluarse exclusivamente mediante criterios de eficiencia.

Debemos preguntarnos si contribuyen a mejorar la calidad de la justicia, fortalecer los derechos de las personas y hacer más responsable el ejercicio profesional.

La inteligencia artificial puede ayudar a conseguir estos objetivos.

Puede facilitar el acceso a información, mejorar la preparación de documentos y permitir que los abogados dediquen más tiempo a actividades que requieren atención humana especializada.

Pero esas ventajas solamente se materializarán adecuadamente si mantenemos una orientación ética clara.

La tecnología debe estar al servicio de las personas y de sus derechos.

No al revés.

En este sentido, la inteligencia artificial no tiene por qué representar una ruptura con la tradición humanista del derecho.

Puede convertirse en una herramienta que fortalezca esa tradición, siempre que su utilización se encuentre subordinada a los valores y principios que justifican nuestra profesión.

No comparto las posiciones que sostienen que la inteligencia artificial provocará necesariamente la desaparición de la abogacía.

Nuestra profesión seguirá necesitando personas capaces de interpretar normas, comprender conflictos, construir estrategias y asumir decisiones.

Lo que sí está cambiando son las competencias necesarias para desempeñar esas actividades.

Los abogados deberán conocer mejor las herramientas tecnológicas, comprender sus riesgos y desarrollar nuevas metodologías de trabajo.

Pero esa actualización no puede producirse a costa de abandonar los deberes tradicionales de la profesión.

Por el contrario, necesitamos combinar una mayor competencia tecnológica con una mayor exigencia ética.

El abogado del futuro no será simplemente quien sepa formular mejores instrucciones para una herramienta de inteligencia artificial.

Será quien pueda integrar esas herramientas en una práctica profesional fundada en el conocimiento jurídico, el pensamiento crítico, la diligencia y la responsabilidad.

La modernización tecnológica y la ética profesional no son objetivos contradictorios.

Son componentes complementarios de una misma transformación.

Conclusión. La inteligencia artificial puede redactar un texto, pero no asumir nuestra responsabilidad

La inteligencia artificial está modificando profundamente la manera en que ejercemos la abogacía.

Nos permite realizar numerosas tareas con mayor rapidez, organizar información compleja y preparar documentos que anteriormente exigían muchas horas de trabajo.

Estas posibilidades deben aprovecharse.

Sin embargo, no podemos permitir que el entusiasmo tecnológico nos haga olvidar las obligaciones esenciales de nuestra profesión.

La confidencialidad, la veracidad, la diligencia, la competencia profesional, la lealtad procesal y la responsabilidad siguen siendo indispensables.

La inteligencia artificial no elimina estos deberes.

En muchos casos, exige cumplirlos con mayor rigor.

Cuando utilizamos una herramienta para preparar una demanda, debemos conservar el control del caso, verificar las fuentes, revisar los hechos y asumir la responsabilidad por el contenido que finalmente presentamos.

No podemos utilizar la tecnología para fabricar pruebas, inventar jurisprudencia, introducir afirmaciones falsas o eludir nuestros compromisos profesionales.

Tampoco podemos considerar que un documento está listo simplemente porque ha sido generado con rapidez y presenta una redacción convincente.

La pregunta decisiva no es si la inteligencia artificial puede elaborar una demanda, una contestación o un recurso.

La pregunta verdaderamente importante es si nosotros, como profesionales del derecho, estamos en condiciones de examinar ese documento, justificar su contenido y responder por las decisiones que contiene.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a escribir más rápido. Pero solamente el conocimiento jurídico, el criterio profesional y la responsabilidad ética pueden permitirnos ejercer mejor la abogacía.

La innovación tecnológica debe fortalecer nuestra profesión, no debilitar sus fundamentos.

Y precisamente por eso, cuanto más importante sea el papel de la inteligencia artificial en el trabajo jurídico, mayor deberá ser nuestro compromiso con la ética.

Porque la tecnología puede ampliar nuestras capacidades, pero nunca debe sustituir nuestros valores profesionales.


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