Por Mercedes Carbonell Peláez

Como hemos señalado en entradas anteriores de este blog, la inteligencia artificial está transformando profundamente el mundo laboral y, por supuesto, también el ámbito jurídico. Si bien no modifica la esencia de la profesión, sí está cambiando la manera en que la ejercemos.

Incorporar estas herramientas se ha vuelto importante para mantenernos competitivas, pero también para potenciar nuestras capacidades profesionales. La inteligencia artificial puede ayudarnos a hacer más en menos tiempo, mejorar la calidad de lo que generamos y aprovechar de manera distinta el tiempo disponible para dedicarnos a tareas de mayor valor creativo. Sin embargo, utilizarla de forma ocasional no significa que ya la hayamos integrado adecuadamente en nuestra manera de trabajar.

Su incorporación no debería depender únicamente de la curiosidad, la intuición o la corazonada de cada persona. Debe ser un proceso pensado, estratégico y sistemático.

De la práctica individual a una estrategia institucional

El uso de la inteligencia artificial suele comenzar en lo individual. Una persona prueba una herramienta, identifica algunas tareas en las que puede resultarle útil y, poco a poco, desarrolla sus propios criterios sobre qué información compartir, cómo revisar los resultados y en qué casos utilizarla.

Incluso en este nivel es necesario tener claras algunas reglas básicas. Cada persona debe saber qué tareas puede apoyar con inteligencia artificial, qué información no debe ingresar y cómo verificar el producto antes de utilizarlo. La responsabilidad profesional no desaparece por el hecho de apoyarse en una herramienta tecnológica; al contrario, se enfrenta a nuevos desafíos relacionados con su control, supervisión y uso ético.

Cuando la inteligencia artificial comienza a utilizarse como parte de la estrategia de un equipo, un área, un despacho o una organización, esos desafíos adquieren una dimensión distinta. Las reglas ya no pueden permanecer implícitas ni depender de lo que cada integrante considere adecuado.

En este sentido, es necesario establecer criterios comunes que permitan validar la información, asegurar la calidad del trabajo y mantener estándares compartidos de supervisión y responsabilidad profesional. Desde una perspectiva de compliance, estas reglas deben ser claras, conocidas y estar disponibles para consulta.

Los siguientes tres documentos pueden ayudar a ordenar estas decisiones en lo individual y resultan todavía más necesarios cuando el uso de la inteligencia artificial se extiende a equipos y organizaciones.

1. Una política de uso de inteligencia artificial

El primer documento debe establecer las reglas generales para utilizar inteligencia artificial. Su contenido variará según las actividades que se realicen, pero debería responder algunas preguntas básicas: ¿qué herramientas están autorizadas?, ¿para qué tareas pueden utilizarse?, ¿bajo qué modalidades? y ¿en qué actividades su uso está categóricamente prohibido?

No es lo mismo emplear una herramienta para generar ideas preliminares que utilizarla para preparar un documento que será entregado a un cliente, presentado ante una autoridad o considerado para tomar una decisión relevante. Por ello, la política puede distinguir entre tareas de bajo riesgo y actividades que requieren mayores controles o una autorización previa.

También debe establecer puntos de control para supervisar el uso de la inteligencia artificial, verificar la información generada y validar que el resultado sea correcto, completo y adecuado para la finalidad prevista. Esto implica definir quién debe revisar el producto, qué fuentes deben consultarse para corroborarlo y en qué casos se requiere una segunda revisión o autorización.

2. Una política para el uso de la información

El segundo documento debe concentrarse tanto en la información que se comparte con la herramienta —el input— como en la forma en que se utilizan sus resultados —el output—. Este tema es especialmente importante en el trabajo jurídico, donde es común manejar datos personales, información sensible, documentos confidenciales, estrategias, expedientes e información de clientes.

Para ello, deben establecerse categorías claras de información y reglas distintas para cada una. Puede haber información pública que se comparta sin mayores restricciones; otra que sólo pueda utilizarse después de ser anonimizada; y datos que, por su sensibilidad, no deban ingresarse en ninguna herramienta externa.

La anonimización, además, no puede reducirse a borrar el nombre de una persona. Es necesario revisar que el resto de los datos tampoco permita identificar al cliente, al asunto, a la empresa o a las personas involucradas de forma indirecta.

La política también debe prever mecanismos de trazabilidad y registro que permitan conocer qué información se utilizó, en qué herramienta, con qué finalidad y quién revisó o autorizó el resultado. Esto facilita la supervisión del proceso y permite identificar responsabilidades si se presenta algún error o uso inadecuado.

Finalmente, debe regularse el uso de la información generada. Las respuestas de una inteligencia artificial no pueden asumirse como correctas únicamente porque estén redactadas de manera convincente. Antes de utilizarlas o compartirlas, deben revisarse.

3. Una biblioteca de prompts

El tercer documento es una biblioteca de prompts organizada de acuerdo con las tareas de la organización. Su objetivo es reunir instrucciones que hayan resultado útiles y que puedan adaptarse a distintos asuntos.

La biblioteca puede dividirse por tipo de actividad, área jurídica, nivel de complejidad o herramienta utilizada. Por ejemplo, puede incluir instrucciones para organizar hechos, revisar documentos, comparar versiones, identificar riesgos, preparar entrevistas o generar estructuras preliminares.

Como también hemos explicado en otras entradas de este blog, la calidad del resultado depende en gran medida de la calidad de la instrucción. Contar con una biblioteca permite aprovechar lo que ya ha funcionado, evitar que cada persona comience desde cero y compartir los aprendizajes generados dentro del equipo.

No se trata de crear fórmulas rígidas ni de asumir que un mismo prompt funcionará siempre. La biblioteca debe ser un documento vivo en constante actualización, corrección y enriquecimiento a partir de la experiencia, los errores detectados y las nuevas necesidades de la organización.

Conclusión

Incorporar la inteligencia artificial de manera responsable exige tener claros, desde lo individual, los límites de su uso, la información que podemos compartir y los mecanismos para revisar sus resultados. Cuando estas herramientas pasan a formar parte del trabajo de un equipo o una organización, esos criterios deben convertirse en reglas compartidas, accesibles y conocidas por todas y todos.

Contar con una política de uso de inteligencia artificial, una política para el manejo de la información y una biblioteca de prompts es indispensable para aprovechar estas herramientas adecuadamente, asegurar la calidad del trabajo y salvaguardar la responsabilidad profesional y jurídica.

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