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El ciclo de la violencia familiar

El ciclo de la violencia familiar

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Hay una escena que se repite con frecuencia en los casos de violencia familiar: una víctima pide ayuda, llama a la policía o denuncia; pero después regresa con la persona agresora y no continúa con el proceso legal. Desde fuera, esto puede generar frustración. Puede parecer que la ayuda no sirvió, que la víctima “se arrepintió” o que los recursos institucionales se desperdiciaron.

Esa lectura, sin embargo, ignora algo fundamental: la violencia familiar no funciona como otros tipos de violencia. No es igual a un asalto en la calle o a una riña entre personas desconocidas, donde existe un hecho concreto y una separación clara entre víctima y agresor.

Una mujer y un hombre discutiendo en un ambiente interior, la mujer parece frustrada mientras el hombre gesticula con sus manos.

El delito de violencia familiar requiere una condición especial entre la víctima y la persona agresora: una relación familiar, ya sea por vínculo de matrimonio, concubinato, parentesco o incluso de cuidado. Además, no se limita a la violencia física; puede abarcar violencia psicológica, psicoemocional, económica, patrimonial, sexual o contra los derechos reproductivos. Tampoco ocurre exclusivamente dentro del domicilio ni exige que la relación se encuentre activa al momento de los hechos.

Esta serie de condiciones importa porque permite entender que la violencia familiar no suele reducirse a un episodio aislado. En muchos casos, forma parte de una dinámica sostenida de control, dependencia, miedo y reconciliación aparente. La víctima no siempre está frente a una persona de la que puede alejarse sin consecuencias inmediatas, sino frente a alguien con quien quizá comparte casa, hijas o hijos, ingresos, deudas, vínculos familiares, historia emocional o proyectos de vida.

Precisamente por ello, la violencia familiar no debe entenderse como una línea recta. Muchas veces imaginamos la violencia como una secuencia progresiva: primero una señal de alerta, luego diferentes agresiones que van escalando hasta llegar a un punto máximo de peligro. Esa imagen puede ayudar a identificar conductas violentas, pero también puede generar una idea equivocada: que la violencia avanza siempre de forma ordenada, visible y predecible.

En las relaciones familiares violentas, especialmente de pareja o expareja, la violencia no es lineal, no es predecible; suele moverse en ciclos. Este entendimiento cíclico divide la violencia en cuatro etapas.

Una mujer discutiendo con un hombre, expresando sus emociones con gestos dramáticos en un entorno luminoso.

La primera etapa consiste en la acumulación de tensión. La persona agresora actúa de manera hostil hacia la víctima reclamando, controlando, humillando, amenazando o generando miedo. La víctima empieza a cambiar su comportamiento para “no provocar” una agresión. Después llega la agresión como tal: física, sexual, psicológica, económica o patrimonial que vuelve insostenible la situación. Es en esta etapa cuando la víctima pide ayuda a su círculo cercano y, en ocasiones, busca levantar una denuncia.

La tercera fase es el arrepentimiento. La persona agresora pide perdón, promete cambiar, dice que no volverá a pasar o culpa a factores externos. Esta etapa de manipulación emocional puede generar que la víctima opte por seguir con la relación e, incluso, retomar la convivencia. Finalmente, la cuarta fase es el momento de calma o “luna de miel”. Durante este periodo, la violencia parece detenerse, la relación mejora por un tiempo y la víctima puede pensar que quizá ya no es necesario continuar con la denuncia o sostener el proceso de separación. El problema es que esa calma casi nunca significa que la violencia terminó. Muchas veces sólo es una pausa antes de que la tensión vuelva a empezar.

Visto así, el regreso de la víctima o la interrupción del proceso legal no deberían leerse como contradicciones ni como falta de voluntad. Las víctimas no permanecen o regresan por una sola razón. Pueden hacerlo por amenazas contra ellas o contra sus hijas e hijos, por dependencia económica, por no tener a dónde ir, por presión familiar, por aislamiento, por desconfianza en las autoridades, por desgaste emocional o porque la fase de reconciliación les permite creer que la violencia no volverá a ocurrir. También pueden regresar porque salir de una relación violenta no implica sólo tomar esa decisión, sino sostenerla frente a múltiples riesgos.

Esto tiene implicaciones importantes para las autoridades y abogadas y abogados. Primero, la actuación de quienes acompañan en estos casos no puede depender de que la víctima actúe de forma perfectamente lineal, sin dudas, sin miedo y sin retrocesos. Esa expectativa no corresponde con la realidad de la violencia familiar. En este escenario, la respuesta jamás puede ser el reproche. La segunda es entender que el acompañamiento debe ser sostenido. La intervención no se agota en recibir una denuncia o dictar una medida de protección; requiere seguimiento, información actualizada, valoración de riesgos continua y rutas disponibles para distintos escenarios.

Un abogado asesorando a una mujer en una consulta, ambos sentados en una mesa de oficina, la mujer se muestra angustiada y el abogado le ofrece documentos.

La tercera implicación es que las medidas de protección deben tomarse en serio incluso cuando la víctima parece haber retomado la relación o cuando la violencia visible ha disminuido. La reconciliación no elimina automáticamente el riesgo. De hecho, en algunos casos, los momentos posteriores a la denuncia, separación o intento de ruptura pueden ser especialmente peligrosos. La cuarta implicación es que el acompañamiento debe informar y empoderar, pero no sustituir la voluntad de la víctima. El papel de quienes acompañan no es decidir por ella ni presionarla, sino explicarle sus opciones, advertir riesgos y construir condiciones para que pueda tomar decisiones informadas. Al mismo tiempo, ese acompañamiento debe contribuir a que salir de la relación violenta deje de percibirse como imposible y pueda considerarse como algo factible y seguro.

En 2025 se registraron 266,760 denuncias por este delito y, sólo en los primeros tres meses de 2026, ya sumaban 62,018.[1] Pero estas cifras son apenas la parte visible del problema. Por eso, comprender cómo funciona la violencia familiar es indispensable para responder mejor: para no minimizar el riesgo, no reprochar a las víctimas y no confundir sus dudas o regresos con falta de voluntad. Atender bien empieza por entender bien.


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[1] Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, “Datos abiertos de incidencia delictiva”, Gobierno de México, consultado el 7 de mayo de 2026, https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/datos-abiertos-de-incidencia-delictiva?state=published

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