Por Mercedes Carbonell Peláez

Una de las transformaciones más importantes en la forma de ejercer el derecho tiene que ver con cómo construimos argumentos. Tradicionalmente, el análisis jurídico se ha centrado en normas, doctrina y jurisprudencia como principales fuentes. Sin embargo, hoy resulta cada vez más relevante incorporar otra dimensión: los datos duros.

Los datos nos ayudan a comprender los fenómenos que el derecho busca regular, pues permite analizar la realidad desde una perspectiva más amplia, identificar patrones, contrastar contextos y dimensionar los problemas más allá del caso individual. Es importante aclarar que, en ningún sentido, incorporar información cuantitativa sustituye el razonamiento jurídico; no obstante, es un buen complemento porque aporta evidencia que fortalece los diagnósticos y, en este sentido, nos permite diseñar propuestas más  pertinentes porque están ajustadas a la magnitud (o medida) de los desafíos. Este enfoque resulta útil en cualquier ámbito de ejercicio profesional, ya sea en el litigio, la academia, la consultoría, el sector público o el privado. Recordemos, lo que no se mide, no se puede cambiar.

A continuación, te comparto algunas bases de datos clave que pueden ser de utilidad en el ejercicio de la profesión jurídica:

1. Índice de Estado de Derecho en México (World Justice Project)

El Índice de Estado de Derecho en México es uno de los instrumentos más completos para medir la calidad institucional en el país. Elaborado por el World Justice Project, desde el 2018, este índice analiza el grado de adherencia al Estado de Derecho en las 32 entidades federativas a partir de ocho factores, entre los que destacan la ausencia de corrupción, el respeto a los derechos fundamentales, la justicia civil y penal, así como los límites al poder gubernamental.

Más allá de sus resultados específicos, este índice permite entender cómo se comportan distintas dimensiones del Estado de Derecho a nivel local y compararlas entre entidades. Sus hallazgos han mostrado, de manera consistente, un estancamiento en el progreso del país en esta materia, lo que evidencia que los desafíos son estructurales que enfrentamos.

Consulta la información aquí: https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico/

2. Censos Nacionales de Procuración e Impartición de Justicia

Los Censos Nacionales de Procuración de Justicia y de Impartición de Justicia, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ofrecen información detallada sobre el funcionamiento de las Fiscalías y los Poderes Judiciales a nivel estatal y federal. Aunque el tiempo varía entre los cuatro censos, hay algunos que llevan más de una década publicando información por el sistema penal.

Estos instrumentos permiten analizar variables como carga de trabajo, recursos humanos, tiempos de resolución, tipos de resolución, uso de mecanismos alternativos y servicios periciales. Su valor radica en poder vincular directamente los datos con el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de justicia.

Consulta los datos aquí:

https://www.inegi.org.mx/programas/cnpjf/2025

https://www.inegi.org.mx/programas/cnpje/2025

https://www.inegi.org.mx/programas/cnije/2025

https://www.inegi.org.mx/programas/cnijf/2025

3. Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública

La a Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), levantada por el INEGI desde 2011, es una de las principales fuentes para entender la inseguridad en el país desde la experiencia de las personas. Aborda temas como la caracterización de víctimas y delitos, los costos asociados, la denuncia y cifra oculta, así como la percepción de seguridad y el desempeño en algunos rubros de política pública y por institución.

A través de esta encuesta es posible analizar no sólo la incidencia delictiva, sino también la llamada la proporción de hechos posiblemente constitutivos de delito que no se denuncian y los motivos de ello. Esto la convierte en una herramienta clave para contrastar la realidad normativa con lo que ocurre en la práctica y para orientar el diseño de políticas públicas en materia de seguridad.

Consulta los datos aquí: https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2025/

4. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), también elaborada por el INEGI, proporciona información continua sobre el mercado laboral en México. Ofrece datos sobre empleo, desempleo, informalidad y condiciones laborales, lo que permite comprender el contexto económico en el que operan diversas normas e instituciones.

Aunque no es una fuente jurídica en sentido estricto, su incorporación resulta útil para enriquecer análisis en materia laboral, de seguridad social y de políticas públicas. Permite vincular fenómenos jurídicos con dinámicas económicas y sociales más amplias.

Consulta los datos aquí: https://www.inegi.org.mx/programas/enoe/15ymas/

5. Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales

El Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios Estatales es elaborado por el INEGI y fue publicado por primera vez en 2021. Es la principal fuente sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios y centros especializados en las entidades federativas.

Este instrumento permite analizar aspectos como población penitenciaria, infraestructura, personal, condiciones de internamiento y servicios disponibles. Su relevancia radica en ofrecer evidencia para evaluar el funcionamiento del sistema penitenciario y orientar intervenciones en materia de reinserción social y derechos humanos.

Consulta los datos aquí: https://www.inegi.org.mx/programas/cnsipee/2025/

6. Censo Nacional de Gobiernos Estatales 

El Censo Nacional de Gobiernos Estatales (CNGE), desarrollado por el INEGI, tiene como objetivo generar información sobre la gestión y desempeño de las administraciones públicas estatales. Incluye funciones como gobierno, protección civil, servicios periciales, defensoría pública, justicia cívica, medio ambiente y gestión territorial.

Este censo permite analizar la capacidad institucional de los gobiernos locales desde una perspectiva integral. Su utilidad radica en proporcionar insumos para evaluar el funcionamiento administrativo.

Consulta los datos aquí: https://www.inegi.org.mx/programas/cnge/2025/

7. Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral 

El Registro Administrativo en Materia de Justicia Laboral (RALAB), desarrollado por el INEGI, tiene como objetivo generar información sobre el desempeño de los órganos jurisdiccionales en materia laboral, tanto a nivel federal como estatal. Este registro documenta la aplicación e impartición de justicia en el marco del nuevo sistema de justicia laboral.

Se trata de un instrumento reciente, con levantamientos en 2024 y 2025, que permite analizar variables como carga de trabajo, tiempos de resolución y características de los asuntos atendidos. Su desarrollo progresivo lo posiciona como una fuente clave para el seguimiento y evaluación de la reforma laboral.

Consulta los datos aquí: https://www.inegi.org.mx/programas/ralab/

Reflexión final

Incorporar datos al análisis jurídico es un complemento fundamental para fortalecer los argumentos y, sobre todo, para diseñar soluciones desde el derecho y la administración pública que respondan de manera más precisa a la realidad social. Si bien los datos no capturan por completo la complejidad de los fenómenos, constituyen un punto de partida sólido para desarrollar iniciativas y propuestas mejor contextualizadas.

En un entorno donde los problemas públicos son cada vez más complejos, la capacidad de articular normas con evidencia empírica se vuelve cada vez más necesario. No se trata únicamente de conocer qué establece la ley, sino de comprender cómo opera —o deja de operar— en la práctica. Y es ahí donde entran los datos.

---

También te recomendamos…