Por Mercedes Carbonell Peláez

En una entrega anterior de esta serie hablamos de los elementos que necesitan las Fiscalías para funcionar adecuadamente. Entre ellos, destacamos la importancia de contar con una política de persecución penal clara y coherente. Hoy toca detenernos en un segundo componente igualmente indispensable: el plan de capacitación.

Cuando hablamos de capacitación en las Fiscalías o Procuradurías no deberíamos referirnos a una serie de cursos desarticulados para cumplir metas administrativas ni talleres genéricos que se repiten año tras año. La formación institucional no es un trámite. O, al menos, no debería serlo. Bien diseñada, puede convertirse en una verdadera estrategia institucional capaz de transformar la forma en que funciona la Fiscalía, incluyendo cómo se investiga y se litiga.

Una capacitación estratégica debe responder a necesidades operativas reales y estar alineada con las prioridades institucionales. En este sentido hay cinco temáticas clave que deberían considerarse en cualquier programa de formación con enfoque estratégico.

1. Conocimiento de la estructura interna

El primer punto sobre el cual debería capacitarse al personal de las Fiscalías es la estructura interna y la responsabilidad de cada área. Esto no sólo implica conocer qué hace cada integrante del equipo de investigación y cómo pueden aportar desde su especialidad. También supone comprender cómo se articulan entre sí, bajo qué metodología común trabajan, cuáles son los canales de coordinación y comunicación más adecuados y cómo lograr una actuación integrada y oportuna en cada caso.

El conocimiento institucional no debe limitarse al equipo de investigación. Es igualmente importante comprender cómo funcionan las distintas unidades dentro de la Fiscalía. Con frecuencia, los asuntos ingresan a agencias territoriales o a unidades encargadas de delitos menores cuando en realidad corresponden a áreas especializadas. Saber cuándo derivar un asunto, a qué unidad y con qué información mínima necesaria es parte de una cultura institucional que permite evitar duplicidades, retrasos y errores procesales.

Capacitar en estructura organizacional es fortalecer la coordinación y la toma estratégica de decisiones desde el inicio del caso. Supone que cada área comprenda su función y que las actuaciones se articulen, evitando duplicidades, vacíos de responsabilidad o decisiones aisladas.

2. Política de persecución criminal

Un segundo aspecto que rara vez se socializa adecuadamente es la política de persecución penal. Este instrumento suele diseñarse en niveles directivos o áreas especializadas, pero no siempre se difunde ni se interioriza en toda la institución.

Conocer la política de persecución es indispensable para trabajar estratégicamente. Permite entender cuáles fenómenos delictivos concentran los esfuerzos institucionales, qué prioridades existen y cuáles son los objetivos de mediano y largo plazo. Cuando el personal desconoce estas directrices, cada área opera bajo criterios propios y la institución pierde coherencia.

Capacitar en política de persecución criminal significa alinear la gestión cotidiana con las prioridades institucionales. Implica que las decisiones sobre selección de casos, asignación de recursos y estrategias de investigación respondan a criterios estratégicos previamente definidos y no únicamente a la inercia operativa o a las urgencias del momento.

3. Derechos humanos y visión de la persona imputada

La capacitación en derechos humanos no debe abordarse en términos generales ni abstractos. Debe concentrarse en los derechos humanos que operan dentro del proceso penal y en cómo se materializan en el ejercicio cotidiano de las funciones que competen a cada persona operadora.

El objetivo es fomentar el cambio de paradigma propio del sistema acusatorio: comprender que la persona imputada es un sujeto de derechos y no un objeto de investigación. En este contexto, resulta central la presunción de inocencia como punto de partida del proceso.

La formación debe enfatizar la obligación de garantizar una defensa técnica y adecuada desde las primeras etapas y de actuar bajo el principio de mínima intervención, procurando siempre las decisiones menos lesivas. Esto incluye la selección y argumentación de medidas cautelares fundadas en riesgos procesales reales y justificadas conforme a los principios de necesidad y proporcionalidad.

4. Técnicas de investigación y construcción de la teoría del caso

Otro eje central de las capacitaciones debe ser la investigación y la formulación de la teoría del caso. Investigar no es acumular datos; es construir una hipótesis coherente que pueda sostenerse de manera persuasiva ante el tribunal. La teoría del caso debe trabajarse como una metodología que articule elementos fácticos, jurídicos y probatorios: qué ocurrió, cómo encuadra en la norma y con qué evidencia puede demostrarse.

Dado que la investigación es una tarea tripartita, la teoría del caso debe construirse de forma colaborativa. Una teoría sólida es única, coherente, clara, verosímil y jurídicamente suficiente. No puede surgir de esfuerzos aislados.

Las capacitaciones en esta materia deberían proporcionar herramientas prácticas —tablas de sistematización, matrices de vinculación hecho-norma-prueba, esquemas de clasificación de evidencia— que permitan estructurar adecuadamente la hipótesis del caso. Su uso contribuye a un análisis ordenado de la información y a una construcción argumentativa sólida desde las etapas iniciales del proceso.

5. Razonamiento probatorio

El razonamiento probatorio es un componente técnico central de la capacitación estratégica. No basta con ofrecer pruebas; es necesario comprender integralmente su función dentro del caso.

Esto implica dominar el ofrecimiento probatorio y su admisibilidad conforme a criterios de relevancia, idoneidad y pertinencia. También exige saber conducir adecuadamente el desahogo de las pruebas y anticipar su valoración por parte del órgano jurisdiccional.

En materia penal, el estándar es claro: demostrar la hipótesis más allá de toda duda razonable. Alcanzarlo requiere selección estratégica de la evidencia y una conexión coherente con la teoría del caso previamente construida.

Conclusión

La capacitación no puede concebirse como una actividad complementaria o secundaria. Debe entenderse como una política institucional estratégica, orientada a fortalecer capacidades reales, alinear criterios y mejorar la eficacia del sistema de justicia penal. Si la política de persecución criminal marca el rumbo, la capacitación estratégica proporciona las herramientas para avanzar en esa dirección.

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