La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2025 (ENVIPE) del INEGI nos ofrece una radiografía particularmente elocuente del estado de la seguridad pública en México. Sus resultados no solo describen la magnitud del fenómeno delictivo, sino que permiten comprender sus efectos estructurales sobre la vida cotidiana, la economía, la confianza en las instituciones y, en última instancia, la legitimidad del sistema de justicia penal.

1. Victimización: una violencia extendida y persistente

De acuerdo con la ENVIPE 2025, durante 2024 se registraron en México 33.5 millones de delitos, que afectaron a 23.1 millones de personas y 11.4 millones de hogares. Estas cifras confirman que la victimización sigue siendo un fenómeno masivo, con impactos que trascienden al individuo directamente afectado y alcanzan a núcleos familiares completos.

La tasa de prevalencia delictiva —medida como víctimas por cada 100 mil habitantes— muestra que, tras el descenso observado en los años más críticos de la pandemia, el país no ha logrado una reducción sostenida del delito. Por el contrario, los niveles actuales se mantienen elevados y relativamente estables, lo que sugiere una normalización social de la violencia.

Desde una perspectiva de género, la encuesta revela diferencias relevantes. Aunque los hombres presentan tasas más altas de victimización total, las mujeres enfrentan una carga desproporcionada en ciertos delitos. Destaca de manera alarmante que los delitos sexuales fueron ocho veces más frecuentes en mujeres que en hombres, lo que confirma que la inseguridad no se distribuye de forma neutra y que el diseño de políticas públicas debe incorporar de manera decidida un enfoque de género.

2. Incidencia delictiva y tipología: el predominio de los delitos patrimoniales y la expansión del fraude

La ENVIPE 2025 confirma que los delitos patrimoniales siguen siendo los más frecuentes. El fraude, el robo o asalto en la vía pública o transporte, la extorsión y las amenazas encabezan la lista de ilícitos más comunes.

Un dato especialmente significativo es el crecimiento sostenido del fraude, incluyendo el fraude bancario y al consumidor. Este fenómeno refleja la adaptación del delito a contextos de digitalización, bancarización y uso intensivo de tecnologías financieras. La criminalidad ya no se limita al espacio físico; se desplaza a entornos digitales donde la prevención y la persecución penal resultan más complejas.

Asimismo, la encuesta muestra variaciones importantes entre entidades federativas tanto en prevalencia como en incidencia, lo que pone de relieve la fragmentación territorial de la seguridad pública. Mientras algunas entidades registran descensos relevantes, otras muestran incrementos preocupantes, evidenciando la ausencia de una política nacional homogénea y eficaz.

3. El costo del delito: una carga económica estructural

Uno de los aportes más relevantes de la ENVIPE es la medición del impacto económico del delito. En 2024, el costo total del delito ascendió a aproximadamente 260 mil millones de pesos, equivalente a 1.07 % del Producto Interno Bruto.

Este dato es especialmente relevante porque revela que la inseguridad no solo es un problema de derechos humanos o de gobernabilidad, sino también un lastre estructural para el desarrollo económico. A ello se suma el gasto en medidas preventivas, que continúa creciendo año con año, lo que implica una transferencia sistemática de recursos desde los hogares hacia estrategias de autoprotección, muchas veces ineficaces.

El costo promedio del delito por persona afectada fue de 6,226 pesos, con diferencias notables entre entidades federativas. En algunos estados, el incremento anual del costo supera el 30 o incluso el 60 %, lo que agrava las desigualdades regionales y afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

4. Denuncia y cifra oculta: el fracaso del sistema de justicia

Quizá el dato más contundente de la ENVIPE 2025 es el relativo a la cifra oculta. El 93.2 % de los delitos no se tradujo en una carpeta de investigación, lo que significa que solo una fracción mínima de los ilícitos llega formalmente al sistema de justicia penal.

De los delitos ocurridos, apenas 9.6 % fueron denunciados, y solo 6.8 % derivaron en una carpeta de investigación. Más grave aún: únicamente 0.8 % del total de delitos tuvo una resolución favorable para la víctima en el Ministerio Público.

Las razones de la no denuncia son reveladoras. El 63 % de las personas no denuncia por causas atribuibles a la autoridad, principalmente por considerar que hacerlo implica una pérdida de tiempo, por la desconfianza en las autoridades o por la percepción de trámites largos, complejos y poco eficaces. Este dato constituye una acusación directa al funcionamiento cotidiano de las fiscalías y del sistema de procuración de justicia.

5. Percepción de inseguridad: vivir con miedo como regla

En el plano subjetivo, la ENVIPE confirma que la inseguridad es la principal preocupación de la población mexicana. Para 64.2 % de las personas, la inseguridad supera incluso a problemas como la salud, la inflación o el desempleo.

La percepción de inseguridad es particularmente elevada en espacios como cajeros automáticos en la vía pública, transporte público, calles y carreteras. Este miedo tiene efectos concretos en la vida cotidiana: más del 60 % de la población dejó de permitir que menores salgan solos, y una proporción significativa modificó hábitos como salir de noche, usar transporte público o portar objetos de valor.

Estas conductas reflejan un fenómeno de autolimitación de derechos y libertades, en el que las personas adaptan su comportamiento no por normas jurídicas, sino por temor al delito.

6. Desempeño institucional: confianza selectiva y descrédito de la justicia civil

Finalmente, la ENVIPE 2025 muestra una marcada asimetría en la percepción de las instituciones. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional concentran los mayores niveles de identificación y confianza, mientras que las policías locales, el Ministerio Público, las fiscalías y los jueces presentan altos niveles de percepción de corrupción y baja confianza ciudadana.

Este dato es crucial desde una perspectiva constitucional: la legitimidad del sistema de justicia civil se encuentra severamente erosionada. Cuando la ciudadanía percibe que denunciar no sirve y que las instituciones encargadas de investigar y juzgar delitos son ineficaces o corruptas, el Estado de derecho se debilita de manera profunda.

Conclusión

La ENVIPE 2025 no solo documenta cifras; expone una crisis estructural. México enfrenta un escenario en el que el delito es masivo, la denuncia es excepcional, la impunidad es la regla y la inseguridad moldea la vida cotidiana. Los datos obligan a repensar de manera integral la política criminal, el funcionamiento de las fiscalías, el papel de los jueces y las estrategias de prevención.

Sin una reforma profunda que recupere la confianza ciudadana, reduzca la cifra oculta y coloque a las víctimas en el centro del sistema, la brecha entre la experiencia social de la inseguridad y la respuesta institucional seguirá ampliándose, con costos cada vez más altos para la cohesión social y la vigencia efectiva del Estado de derecho .

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