La correcta comprensión de las reglas sobre la carga de la prueba constituye uno de los pilares de la técnica procesal civil. De ella dependen no solo la estrategia de las partes desde la etapa postulatoria, sino también la racionalidad y legitimidad de la sentencia. En este contexto, la jurisprudencia 1a./J. 235/2025 (11a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ofrece una aclaración de enorme relevancia práctica: no debe confundirse la reversión de la carga de la prueba con la obligación ordinaria de la parte demandada de probar sus excepciones. Su registro digital es: 2031122.

Este criterio fija parámetros conceptuales precisos y evita distorsiones argumentativas que, de generalizarse, podrían afectar gravemente la seguridad jurídica en el proceso civil.

1. El caso: responsabilidad civil, daño moral y actividad probatoria compleja

El asunto que dio origen a la jurisprudencia se desarrolló en el marco de un juicio ordinario civil por responsabilidad extracontractual, promovido por una deportista mexicana en contra de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE). La actora reclamó una indemnización por daño moral, alegando que un falso positivo en una prueba antidopaje, atribuible a negligencia del laboratorio de la institución, le impidió participar en los Juegos Olímpicos.

Durante el proceso, ambas partes desplegaron una intensa actividad probatoria, ofreciendo pruebas documentales, testimoniales, confesionales y periciales. No se trató, por tanto, de un juicio con pasividad probatoria de alguna de las partes, sino de un litigio técnicamente complejo, con abundante material de convicción.

En la sentencia, el juez civil afirmó, de manera general, que la carga de probar la diligencia en el manejo de las muestras correspondía a la CONADE. No obstante, al analizar el fondo, declaró fundada la acción a partir de las pruebas aportadas por la actora, y no por la falta de pruebas de la demandada. Esta decisión fue confirmada en apelación.

2. El planteamiento en amparo: ¿reversión sorpresiva de la carga de la prueba?

Inconforme, la CONADE promovió juicio de amparo directo, sosteniendo que el juzgador había revertido la carga de la prueba hasta el dictado de la sentencia, lo que —a su juicio— le impidió prever razonablemente dicha modificación y afectó su derecho de defensa, pues estructuró su estrategia conforme a las reglas probatorias tradicionales.

El Tribunal Colegiado acogió este argumento y concedió el amparo para reponer el procedimiento, con el fin de que la demandada pudiera ofrecer nuevas pruebas.

El asunto llegó a la Suprema Corte a través del recurso de revisión, lo que permitió a la Primera Sala precisar los alcances reales de la figura de la reversión de la carga de la prueba.

3. El criterio central: dos instituciones distintas que no deben confundirse

La Primera Sala fue enfática en señalar que no toda desestimación de excepciones equivale a una reversión de la carga de la prueba. Este es el eje central de la jurisprudencia.

De acuerdo con el criterio obligatorio:

• En los juicios civiles, la parte demandada tiene la obligación de probar sus excepciones, si pretende que sean tomadas en cuenta por el órgano jurisdiccional.
• Si no aporta pruebas suficientes para sustentarlas, la consecuencia procesal es su desestimación, lo que conduce a que la acción quede acreditada con base en las pruebas de la parte actora.

Esto forma parte de la distribución tradicional de la carga de la prueba, y no implica, por sí mismo, una reversión de dicha carga.

4. ¿Qué es, entonces, la reversión de la carga de la prueba?

La jurisprudencia delimita con claridad cuándo se está frente a un verdadero supuesto de reversión de la carga de la prueba.

Esta figura opera de manera excepcional, cuando concurren elementos como:

• una mayor facilidad o disponibilidad probatoria de la parte demandada,
• la imposibilidad o dificultad razonable de la parte actora para acceder a ciertos medios de prueba,
• y la necesidad de evitar situaciones de desigualdad procesal.

En estos casos, la carga se desplaza y se exige a la parte demandada justificar que su actuación fue lícita y diligente.

La consecuencia procesal de no hacerlo no es simplemente la desestimación de una excepción, sino una consecuencia considerablemente más intensa: la autoridad judicial debe declarar que la demandada incurrió en insuficiencia probatoria y tener por acreditado ese aspecto en su perjuicio y a favor de la contraparte.

5. La carga de la prueba como regla estructural del proceso

Un aspecto especialmente relevante de la jurisprudencia es su afirmación de que la carga de la prueba no es una regla que opere únicamente al dictar sentencia, sino que impacta durante todo el juicio civil.

Desde esta perspectiva:

• orienta la redacción de la demanda y su contestación,
• condiciona la estrategia probatoria de las partes,
• y finalmente sirve como criterio decisorio para el juzgador.

Por ello, una verdadera reversión de la carga de la prueba debe ser clara, identificable y previsible, pues de otro modo podría afectar el derecho de defensa. Sin embargo, la Suprema Corte aclara que en el caso concreto no ocurrió tal reversión, ya que la condena se sustentó en las pruebas de la actora.

6. La corrección del criterio del Tribunal Colegiado

La Primera Sala concluyó que fue incorrecto ordenar la reposición del procedimiento. Aunque el juez utilizó de forma imprecisa la expresión “reversión de la carga de la prueba”, su razonamiento decisorio no descansó en la inactividad probatoria de la demandada, sino en la suficiencia de los medios de convicción aportados por la actora.

En consecuencia, no existió una afectación real al derecho de defensa de la CONADE, ni una alteración sorpresiva de las reglas probatorias aplicables.

7. Implicaciones prácticas para la litigación civil

Esta jurisprudencia tiene efectos inmediatos y relevantes para la práctica forense:

• Para la parte actora:
  • no puede confiar en que el simple señalamiento de una mayor facilidad probatoria del demandado suplirá su deber de probar la acción,
  • la carga probatoria inicial sigue siendo suya, salvo supuestos excepcionales claramente identificables.
• Para la parte demandada:
  • debe asumir que sus excepciones requieren prueba,
  • la omisión probatoria no genera automáticamente una reversión de la carga, pero sí conduce a la pérdida de eficacia de sus defensas.
• Para los juzgadores:
  • se refuerza el deber de precisión conceptual al emplear la categoría de reversión de la carga de la prueba,
  • se evita trivializar una figura excepcional que tiene consecuencias procesales particularmente intensas.

Conclusión

La jurisprudencia 1a./J. 235/2025 (11a.) constituye una aportación fundamental a la teoría de la prueba en el proceso civil mexicano. Al distinguir con claridad entre la reversión de la carga de la prueba y la obligación ordinaria de la parte demandada de probar sus excepciones, la Suprema Corte fortalece la seguridad jurídica y ofrece una guía clara para litigantes y jueces.

En un contexto de procesos cada vez más complejos, esta precisión conceptual no es un ejercicio académico: es una condición indispensable para una litigación civil técnicamente rigurosa y constitucionalmente correcta.

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