El uso de inteligencia artificial en el ámbito jurídico se ha normalizado con rapidez. Hoy resulta habitual que estudiantes, litigantes y asesores recurran a herramientas de IA para apoyar tareas de investigación, redacción o análisis normativo. Sin embargo, la utilidad real de estas herramientas depende menos de su sofisticación técnica que de la forma en que se les solicita información.

En la práctica, muchos de los problemas que se atribuyen a la IA provienen, en realidad, de errores básicos en el llamado prompting jurídico. Identificar estos errores es indispensable para un uso profesional, responsable y jurídicamente sólido de la tecnología. En un post anterior le expliqué cómo se pueden formular mejores prompts. Lo pueden encontrar en el blog del Centro Carbonell.

Uno de los errores más frecuentes consiste en formular preguntas vagas o genéricas. Expresiones como “explícame este tema”, “dime si es legal” o “qué dice la ley sobre esto” suelen generar respuestas amplias, poco precisas y escasamente útiles desde el punto de vista jurídico. El Derecho opera sobre problemas delimitados, no sobre interrogantes difusas.

Un prompt impreciso refleja, en muchos casos, una comprensión insuficiente del problema jurídico. La IA no puede suplir esa carencia: si no se define con claridad qué se está analizando, qué derecho está en juego o qué acto se cuestiona, el resultado será inevitablemente superficial.

Un segundo error común es la ausencia de indicación precisa sobre el sistema jurídico al que se hace referencia. La inteligencia artificial no “sabe” automáticamente si se está hablando del Derecho mexicano, español, argentino o de un marco internacional. Cuando el prompt no especifica a qué ordenamiento jurídico estamos haciendo alusión, la herramienta suele mezclar referencias normativas, utilizar conceptos ajenos al sistema aplicable o recurrir a soluciones genéricas que carecen de valor práctico. En el ejercicio profesional, esta omisión puede resultar especialmente grave, pues conduce a conclusiones incorrectas o inaplicables al caso concreto.

Relacionado con lo anterior se encuentra el error de no indicar la rama del derecho en la que deseamos enfocarnos. No basta con señalar un país; en muchos casos es necesario precisar si se está trabajando desde una perspectiva constitucional, administrativa, civil, penal o procesal, así como el nivel normativo relevante.

La falta de esta delimitación impide que la IA estructure correctamente el análisis y reproduce uno de los vicios más comunes en la práctica jurídica: la confusión entre normas, principios y ámbitos de aplicación. Un buen prompt jurídico debe establecer con claridad el marco normativo dentro del cual se desarrollará el razonamiento.

Otro error significativo consiste en pedir “opiniones” en lugar de análisis jurídicos. Frases como “qué opinas sobre esta medida” o “te parece justo este acto” desplazan el foco del razonamiento jurídico hacia valoraciones genéricas. El Derecho no se construye a partir de opiniones personales, sino mediante argumentos normativos, interpretativos y jurisprudenciales.

Cuando se pide una “opinión” a la IA, se corre el riesgo de obtener respuestas retóricas, moralizantes o carentes de sustento técnico. El prompting jurídico adecuado exige solicitar análisis estructurados, no juicios subjetivos.

Un quinto error, particularmente peligroso, es aceptar las respuestas de la IA sin verificación. La fluidez y seguridad con la que muchas herramientas formulan sus respuestas puede generar una falsa sensación de corrección. Sin embargo, la IA puede cometer errores normativos, citar jurisprudencia inexistente o interpretar incorrectamente una disposición legal.

En el ámbito jurídico, aceptar una respuesta sin contrastarla con el texto de la ley, los precedentes judiciales o la doctrina relevante supone una renuncia inadmisible al criterio profesional. La responsabilidad por el resultado final siempre recae en el abogado, no en la herramienta tecnológica.

Finalmente, uno de los errores más sutiles —y más frecuentes— es confundir fluidez lingüística con corrección jurídica. El hecho de que un texto esté bien redactado, sea coherente y utilice un lenguaje técnico no significa que sea jurídicamente correcto. La IA suele producir textos estilísticamente convincentes, lo que puede ocultar errores conceptuales, falacias argumentativas o interpretaciones indebidas.

En el Derecho, la forma nunca sustituye al fondo. Un buen prompt jurídico debe ir acompañado de una lectura crítica y de una evaluación rigurosa del contenido generado.

En conjunto, estos errores revelan un problema de fondo: la tendencia a delegar en la inteligencia artificial tareas que exigen, ante todo, razonamiento jurídico. El prompting jurídico no es una habilidad accesoria, sino una extensión del método jurídico tradicional aplicada a un nuevo entorno tecnológico.

Aprender a evitar estos errores no solo mejora el uso de la IA, sino que refuerza las competencias esenciales del abogado: formular problemas, delimitar normas, argumentar con rigor y verificar sus conclusiones.

La inteligencia artificial puede ser una aliada valiosa en el ejercicio del Derecho, pero solo para quien sabe utilizarla con criterio. Identificar y corregir los errores comunes en el prompting jurídico es un paso indispensable para que la tecnología fortalezca, y no debilite, la práctica profesional.

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