Profesionalización. La gran deuda de la procuración de justicia
Especialista certificado en el Proceso Penal Acusatorio
Conocimiento especializado sobre el desarrollo de las audiencias, el desahogo de pruebas, las técnicas de interrogatorio y contrainterrogatorio, y la aplicación de estándares internacionales en demandas o contestaciones.
Por Mercedes Carbonell Peláez
Para lograr un acceso efectivo a la justicia en materia penal, es fundamental comprender dos pilares interdependientes: por un lado, la impartición de justicia, a cargo de personas juzgadoras que dirimen conflictos y sancionan a quienes delinquen y, por otro lado, la procuración de justicia, relacionada con la investigación y persecución de delitos realizada por los Ministerios Públicos o Fiscalías. En los últimos años, el debate ha girado en torno al primer pilar, dejando en segundo plano a las Fiscalías, a pesar de su urgente necesidad de reforma para operar de manera efectiva y eficiente.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024,[1] 92.9% de los delitos cometidos en México no se denuncian o no derivan en una investigación efectiva. La misma encuesta revela que entre las principales razones para no denunciar se encuentran la percepción de que el proceso es una pérdida de tiempo (34.4%) y la desconfianza en las autoridades (12.7%). Además, el 60.2% de las personas considera al Ministerio Público y las Fiscalías estatales como una autoridad corrupta, mientras que el 40.3% manifiesta poca o nula confianza hacia esta institución.
Una vez que los delitos son de conocimiento de la autoridad, la situación tampoco mejora. La impunidad prevalece debido a la falta de atención, investigación y/o resolución de los asuntos denunciados. Según el informe Hallazgos 2023. Seguimiento y evaluación de la justicia penal en México de México Evalúa,[2] el índice de impunidad para el fuero común en 2023 fue de 93.63% a nivel nacional.[3] En delitos específicos, el nivel de impunidad también es alarmante: en desaparición, el promedio nacional fue de 99.51% de impunidad; en homicidio doloso y violencia familiar, de 96.8%; en secuestro, de 87.08%; en feminicidio, de 86.78%; y en robo a casa habitación, de 80.65%.
Todo lo anterior evidencia la crisis en procuración de justicia y, sobre todo, la prácticamente inexistente efectividad en su labor. ¿Cuáles son las causas de este problema? ¿Qué se puede hacer al respecto? Si bien se trata de una problemática multifactorial que requiere reformas profundas e integrales, dos elementos son clave: la sobrecarga de trabajo y la falta de capacitación del personal.
De acuerdo con México Evalúa, una persona fiscal o agente del ministerio público tiene, en promedio, 310 carpetas de investigación a su cargo; aunque esto puede ascender a 1,594 en el caso de Campeche y 755 en el caso de Guanajuato, o reducirse a 247 en el caso de la Ciudad de México. La carga excesiva de carpetas de investigación imposibilita el seguimiento adecuado y personalizado de los casos, lo cual puede derivar en errores procesales, investigaciones deficientes o argumentaciones inconsistentes.
A esta crisis se suma la falta de profesionalización del personal. México Evalúa identifica que “muchas entidades señalan la falta de personal especializado como un obstáculo significativo”. La falta de conocimientos técnicos y habilidades específicas impide una aplicación estandarizada y rigurosa de los procedimientos y protocolos. Esto se refleja en el uso deficiente de herramientas científicas para la investigación, la dependencia excesiva de testimonios en lugar de pruebas forenses y la falta de un uso estratégico de alternativas al juicio, como los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal, la suspensión condicional del proceso y el procedimiento abreviado.
El resultado es un círculo vicioso: la sobrecarga de trabajo impide la constante formación especializada del personal, y la falta de capacitación, a su vez, impide una adecuada gestión de los asuntos y dificulta la resolución eficiente de los casos, perpetuando el rezago en las Fiscalías.
Romper este ciclo requiere una reforma profunda del sistema de procuración de justicia. Es urgente fortalecer los programas de formación y profesionalización del personal, dotándoles de herramientas técnicas y metodológicas que permitan investigaciones sólidas y procesos eficientes. A la par, es indispensable revisar la distribución la carga de trabajo y mejorar la gestión de los recursos humanos en las Fiscalías para garantizar un desempeño adecuado.
Invertir en la especialización en derecho penal no es un lujo, es una necesidad al ser una herramienta crucial para fortalecer la procuración de justicia y combatir las deficiencias que perpetúan la impunidad. Sin personal correctamente capacitado, el acceso a la justicia en México seguirá siendo una promesa incumplida.
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[1] https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2024/
[2] https://www.mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2024/10/HALLAZGOS2023.pdf
[3] Las entidades federativas con los niveles de impunidad más bajos fueron Michoacán (76.26%), Querétaro (78.74%) y Guanajuato (79.82%). Mientras que las que tuvieron los niveles más altos fueron Oaxaca (99.93%), Jalisco (99.12%) y Colima (97.57%).