El ejercicio profesional del Derecho atraviesa un proceso de transformación profunda. La incorporación acelerada de herramientas tecnológicas, y en particular de sistemas de inteligencia artificial, está modificando la manera en que se investiga, se redacta, se argumenta y se toman decisiones jurídicas.

Frente a este escenario, la pregunta central ya no es si los abogados deben conocer estas tecnologías, sino cómo deben hacerlo. La formación de los futuros líderes de la profesión jurídica exige un doble compromiso: competencia tecnológica real y una sólida base ética que permita examinar críticamente el impacto de estas herramientas en la justicia.

Ser tecnológicamente competente en el ámbito jurídico no significa convertirse en programador ni dominar los aspectos técnicos de la ingeniería informática. Implica, más bien, comprender el funcionamiento general de las herramientas disponibles, sus posibilidades y, sobre todo, sus límites.

Un abogado del futuro debe saber cómo utilizar la inteligencia artificial para apoyar la investigación jurídica, optimizar la redacción de escritos o analizar escenarios argumentativos, sin perder de vista que estas herramientas no sustituyen el razonamiento jurídico ni la responsabilidad profesional. La fluidez tecnológica es una condición necesaria para ejercer la abogacía con eficacia, pero nunca suficiente por sí sola.

Al mismo tiempo, la adopción de tecnologías avanzadas plantea interrogantes éticos de gran calado. La inteligencia artificial no es neutral: incorpora sesgos derivados de los datos con los que ha sido entrenada, reproduce patrones preexistentes y puede amplificar desigualdades si se utiliza sin control crítico.

En el ámbito jurídico, estos riesgos adquieren una especial relevancia, pues las decisiones y argumentos legales inciden directamente en derechos, libertades y expectativas legítimas de las personas. Por ello, formar abogados éticamente sólidos no es una opción, sino una exigencia ineludible para las escuelas y facultades de derecho.

La ética jurídica en la era de la inteligencia artificial va más allá del cumplimiento formal de normas deontológicas. Supone desarrollar una actitud reflexiva frente a la tecnología, capaz de cuestionar no solo el “cómo” se usan estas herramientas, sino también el “para qué” y el “con qué consecuencias”.

Un abogado tecnológicamente competente, pero éticamente acrítico, puede convertirse en un mero operador eficiente de sistemas que reproduzcan injusticias estructurales. En cambio, un abogado éticamente formado y tecnológicamente ignorante corre el riesgo de quedar al margen de la práctica profesional contemporánea. El desafío actual, nada sencillo de alcanzar, consiste en integrar ambos planos de manera equilibrada.

Esta integración exige repensar la formación jurídica. Las facultades de Derecho y los centros de estudios especializados debemos asumir que la enseñanza del Derecho no puede permanecer ajena a los cambios tecnológicos. No basta con añadir cursos instrumentales sobre nuevas herramientas; es necesario incorporar una reflexión transversal sobre el impacto de la tecnología en la función del Derecho, en la argumentación jurídica y en la toma de decisiones.

La inteligencia artificial debe abordarse no solo como un recurso operativo, sino como un objeto de análisis crítico desde la teoría del Derecho, la ética profesional y los derechos humanos.

En este contexto, los futuros líderes de la profesión jurídica deben estar preparados para examinar críticamente las implicaciones de la inteligencia artificial para la justicia. Esto implica preguntarse, por ejemplo, hasta qué punto es legítimo delegar determinadas tareas en sistemas automatizados (incluso dentro de tareas tan relevantes como el dictado de sentencias), cómo garantizar la transparencia y la rendición de cuentas cuando se utilizan herramientas opacas, o de qué manera proteger la dignidad y los derechos de las personas frente a decisiones influenciadas por algoritmos. Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero ignorarlas equivale a abdicar de la responsabilidad propia del jurista.

Además, la formación ética debe traducirse en prácticas concretas. El uso responsable de la inteligencia artificial en el Derecho exige respeto al secreto profesional, protección de datos personales, verificación rigurosa de la información generada y una clara asunción de responsabilidad por los resultados.

Ninguna herramienta tecnológica exime al abogado de su deber de diligencia ni de su compromiso con la justicia. Al contrario, cuanto más poderosas son las herramientas disponibles, mayor debe ser el nivel de exigencia ética en su utilización.

En definitiva, el futuro de la profesión jurídica dependerá de la capacidad de sus integrantes para combinar competencia tecnológica con solidez ética. Los abogados que lideren la profesión en los próximos años no serán aquellos que adopten la tecnología de manera acrítica, ni quienes la rechacen por completo, sino quienes sepan aprovechar estas herramientas poderosas, sin perder de vista sus implicaciones para la justicia. Formar juristas capaces de moverse con solvencia en este equilibrio es uno de los grandes retos, y también una de las mayores responsabilidades, de la educación jurídica contemporánea.

---

También te recomendamos…