Por Mercedes Carbonell Peláez

Muchas personas no saben cómo actuar después de haber estado en un accidente automovilístico: entran en pánico y huyen. Otras desconocen cuál es el procedimiento para denunciar un acto de corrupción cometidos por autoridades locales, o qué hacer frente un abuso. Hay quienes creen que la única forma de resolver conflictos es acudir a un juicio y “meter a la otra persona a la cárcel”, sin conocer la existencia de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Y también hay quienes ignoran qué pueden hacer después del incumplimiento de un contrato o que pueden denunciar la vulneración de sus derechos debido a las acciones u omisiones de las autoridades.

Estas situaciones tienen un elemento en común: la falta de conocimiento —o de comprensión adecuada— sobre qué derechos existen, cómo se ejercen, ante quién y en qué circunstancias. A este fenómeno se le conoce como analfabetismo jurídico.

¿Qué es el alfabetismo jurídico?

Así como hay alfabetismo digital —capacidad de acceder, administrar, y usar tecnologías digitales como un celular, computadora o internet— o de alfabetismo financiero — la comprensión de conceptos básicos para gestionar adecuadamente las finanzas personales y familiares—, también hay un alfabetismo jurídico. Este concepto se refiere al conjunto de conocimientos básicos sobre el derecho que permiten a las personas comprender cuáles son sus derechos y obligaciones, identificar procedimientos legales elementales y conocer los mecanismos disponibles para acceder a la justicia.

El analfabetismo jurídico no es una falla individual. Al contrario, es un problema estructural vinculado con la desigualdad educativa, el uso de un lenguaje jurídico inaccesible y sistemas de justicia complejos, opacos o poco claros para la ciudadanía.

¿Qué debería saber cualquier persona?

Es importante subrayar que esto no implica saber derecho como una persona especialista o erudita, sino contar con un piso mínimo de conocimiento jurídico funcional que permita reducir la vulnerabilidad, fomentar la autonomía personal y tomar mejores decisiones. Entre lo básico que la ciudadanía debería conocer se encuentra:

• Derechos fundamentales, como la igualdad, la no discriminación, el acceso a una vida libre de violencia, el debido proceso, la libertad personal, la propiedad, el derecho a la identidad y al libre desarrollo de la personalidad, entre otros.
• Obligaciones esenciales, por ejemplo, qué implica firmar un contrato o cumplir acuerdos.
• Autoridades y rutas de atención, es decir, a dónde acudir según el tipo de problema: laboral, familiar, penal o administrativo.
• Derechos frente a la autoridad, incluyendo qué puede hacer, en qué circunstancias y qué no puede hacer una autoridad.
• Documentos legales clave, como contratos, poderes, testamentos y actas, entre otros, y comprender su alcance.
• Mecanismos alternativos de solución de conflictos, como la mediación y la conciliación, entendidos como opciones reales y accesibles, no como excepciones.

¿Qué responsabilidad tienen las y los abogados frente a este problema?

Ante esta problemática tan extendida que aqueja a la sociedad mexicana, las y los abogados tienen una responsabilidad social adicional: contribuir activamente a fomentar el alfabetismo jurídico. Este combate puede realizarse a través de varias estrategias, entre ellas:

• Traducir el derecho: explicar normas, procedimientos y consecuencias en un lenguaje claro y accesible, evitando tecnicismos innecesarios y utilizando un enfoque que permita la comprensión de la ciudadanía.
• Prevenir conflictos: orientar de forma oportuna y optar estratégicamente por las diferentes vías de resolución de conflictos para evitar litigios largos y costos (no sólo en lo económico, sino también en términos emocionales).
• Difundir el conocimiento: convertirse en agentes de divulgación jurídica mediante herramientas diversas como blogs, podcasts, clases o redes sociales, con el objetivo de democratizar el acceso al derecho como una herramienta cotidiana.
• Exigir un derecho más ciudadano: desde la academia, las instituciones públicas o el propio gremio, promover prácticas jurídicas más comprensibles; exigir trámites claros, señalar procesos opacos o innecesariamente burocráticos y colaborar en políticas públicas de educación cívico-jurídica.

¿Por qué es importante combatir el analfabetismo jurídico?

Promover la democratización del derecho no es una cuestión meramente técnica, es una cuestión de justicia social. Implica acercar a las personas herramientas para que puedan ejercer plenamente sus derechos y exigirlos cuando sean vulnerados. Combatir el analfabetismo jurídico también permite:

• Reducir casos de violencia, corrupción o arbitrariedad de las autoridades porque la ciudadanía sabe identificarlos.
• Acceder efectivamente a la justicia porque los derechos que no se conocen no se ejercen.
• Combatir la desigualdad social dejando que el conocimiento jurídico deje de ser un privilegio y se convierta en una herramienta ciudadana.
• Fortalecer el Estado de Derecho.
• Promover la autonomía personal y el desarrollo del plan de vida, permitiendo tomar mejores decisiones en la vida cotidiana sobre rubros tan diversos como el trabajo, la familia, el patrimonio, e incluso la participación cívica o política.

Conclusión

Promover el alfabetismo jurídico no es sólo una tarea educativa; es una apuesta por la justicia social. Implica acercar el derecho a la vida cotidiana, romper con el lenguaje inaccesible y reconocer que una ciudadanía informada es una condición básica para la democracia de calidad.

En ese camino, las y los abogados tienen un papel clave: no sólo como intérpretes de la ley, sino como puentes entre la norma y las personas. Porque cuando el derecho se entiende, deja de ser un privilegio y se convierte en una herramienta de dignidad y empoderamiento.

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