Por Mercedes Carbonell y Carlos Ramos

Todos los sistemas son perfectibles. En este sentido, el sistema político mexicano tiene varias áreas de oportunidad y, dentro de él, sin duda alguna el sistema electoral no es infalible. En este sentido, la intención de realizar una nueva reforma electoral debería abrir el espacio para iniciar un debate y discutir sobre los componentes del sistema que funcionan y aquellos que debemos corregir en aras de fortalecer y consolidar nuestra democracia. En el marco de ese diálogo, estos autores seguimos abonando a la discusión con conceptos que consideramos relevantes para entender y comprender los principales componentes del sistema electoral mexicano. Una reforma electoral debe construirse sobre la base de un consenso amplio entre todas las fuerzas políticas y actores del sistema político. Ya compartimos cinco en la edición anterior, van otros cinco:

1. Reelección

Es el mecanismo mediante el cual una persona que ocupa un cargo de elección popular puede volver a postularse para el mismo puesto y, en caso de obtener el respaldo ciudadano, continuar en funciones por un nuevo periodo. En el marco de una democracia representativa, la reelección se ha considerado como la oportunidad legal y política que tiene la ciudadanía de evaluar y, en consecuencia, refrendar o no su confianza en sus representantes. La reelección funciona como un ejercicio de rendición de cuentas, aunque su introducción altera la dinámica sobre la asignación de candidaturas al interior de los partidos políticos.

En nuestro país, la reforma político-electoral de 2014 incorporó la figura de la reelección consecutiva, estableciéndose en el ámbito federal para legisladores y, en el ámbito local, tanto para legisladores estatales como para las presidencias municipales. Sin embargo, recientemente, en abril de 2025, se publicó una reforma que entrará en vigor durante las elecciones de 2030 que establece que las personas senadoras y diputadas al Congreso de la Unión no podrán ser reelectas para el periodo inmediato posterior al ejercicio de su mandato.

La reelección legislativa ha sido planteada como un mecanismo clave de profesionalización de las y los congresistas. Al permitir que las personas diputadas y senadoras permanezcan más de un periodo en el Congreso, se fomenta el aprendizaje y dominio de los procesos parlamentarios, así como la continuidad en las agendas que impulsan. Además, fortalece la rendición de cuentas: el electorado puede refrendar el voto de confianza a quienes cumplen con su trabajo y sus compromisos, incluyendo en las presencias municipales, o bien, sustituirlos por nuevas opciones. En cambio, la ausencia de reelección transfiere el control de las candidaturas a los partidos, debilitando la capacidad de la ciudadanía para premiar o castigar directamente a sus representantes.

2. Democracia directa y representativa

La democracia directa es aquella en la que las y los ciudadanos toman las decisiones políticas de manera inmediata, sin intermediarios. Esto se da a través de mecanismos como los referendos, plebiscitos, iniciativas ciudadanas o consultas populares, donde la gente vota directamente sobre leyes, reformas o políticas públicas. Es la forma más cercana a la idea de que el pueblo gobierna por sí mismo.

La democracia representativa funciona a través de representantes elegidos por la ciudadanía, como diputaciones, senadurías o titulares de las alcaldías, gubernaturas o la presidencia de la República. Son las personas representantes quienes toman decisiones en nombre de la población. Este modelo se basa en la confianza de que las y los representantes defenderán los intereses de quienes los eligieron, y es el más común en las democracias modernas por la complejidad de gobernar sociedades grandes.

Los mecanismos de democracia participativa corren el riesgo de ser tergiversados para legitimar decisiones facciosas bajo la bandera del “espíritu popular”. En contextos de alta polarización, suelen convertirse en una extensión del conflicto partidista más que en verdaderos ejercicios de educación cívica. Por ello, es indispensable fortalecerlos como instrumentos de transparencia y rendición de cuentas, asegurando que la ciudadanía ejerza una participación real, libre de manipulación o cooptación partidista. En esta lógica, una reforma electoral debería promover incentivos para ampliar la participación en estos procesos, aprovechar las herramientas tecnológicas para incrementar la incidencia ciudadana e, incluso, abrir el debate sobre la viabilidad e impacto de instaurar el voto obligatorio.

3. Transfuguismo político

El transfuguismo ocurre cuando un político, ya sea diputado, senador o regidor, cambia de partido después de haber sido electo con las siglas de otro. Es decir, obtiene un cargo gracias a cierta fuerza política, pero una vez en el puesto decide apoyar a otro grupo o actuar por su cuenta.

En México, este fenómeno suele generar desconfianza ciudadana porque rompe el vínculo entre el voto y la representación: la gente elige a un partido, pero su representante puede terminar defendiendo intereses distintos. Además, debilita a los partidos, fomenta la negociación oportunista y complica la gobernabilidad en los congresos generando sobrerrepresentación o subrepresentación.

Para hacer frente a este fenómeno, en algunos países se ha establecido que las curules pertenecen al partido político, no a las personas legisladoras. Sin embargo, en México, podría explorarse una fórmula intermedia en la que las personas legisladoras mantengan su cargo, pero con restricciones para participar en otros partidos políticos. Otra alternativa es que cuando un una persona legisladora decida ya no participar con el partido político por el que fue electo, se lleve a cabo una revocación de mandato en su distrito o entidad federativa para que las y los votantes decidan si mantienen a la persona legisladora en el cargo u optan por una nueva opción.

4. Administración electoral (Autoridades)

Es el conjunto de tareas, reglas e instituciones que hacen posible que una elección se organice de forma ordenada, transparente y confiable. Incluye desde la planeación del calendario electoral, la integración del padrón de votantes y la capacitación de funcionarios de casilla, hasta la instalación de urnas, el conteo de votos y la publicación de resultados.

Su finalidad es garantizar que la ciudadanía pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de igualdad y que los resultados reflejen la voluntad popular. La administración electoral puede organizarse de manera independiente, con organismos autónomos separados del gobierno; bajo un modelo gubernamental, con organismos electorales que son parte del gobierno; o con un modelo mixto, que combina participación de órganos autónomos con intervención gubernamental en ciertos aspectos logísticos.

La crítica a las autoridades electorales suele concentrarse en dos aspectos: elitismo y gasto excesivo. Sobre el primero, es válido cuestionar si los puestos administrativos están restringidos a ciertos grupos; sin embargo, no debe desvalorizarse la preparación técnica que estas funciones requieren. La instauración de un servicio civil de carrera es un avance que debe celebrarse, aunque al mismo tiempo necesita mecanismos de revisión para evitar “plazas fantasma” y garantizar que quienes ocupan los cargos cumplan efectivamente con sus responsabilidades.

En cuanto al presupuesto, gran parte del gasto responde a que las autoridades electorales asumen, al menos en nuestro país, funciones que no necesariamente son de naturaleza electoral, pero que les fueron delegadas por la desconfianza en otras instituciones. Ejemplo claro es la emisión de la credencial para votar. Más que recortar de forma indiscriminada, lo que corresponde es evaluar qué actividades son realmente esenciales y cuáles podrían reasignarse a otras instancias, asegurando eficiencia sin poner en riesgo la confianza ciudadana.

5. Clientelismo electoral

El clientelismo electoral es una práctica en la que políticos, candidaturas o actores políticos intercambian bienes, servicios o favores a cambio de apoyo político, normalmente traducido en votos. Este fenómeno distorsiona la lógica democrática porque sustituye la decisión libre e informada de la ciudadanía por relaciones de dependencia y lealtades forzadas. Más que promover una representación auténtica, el clientelismo perpetúa estructuras de desigualdad y reproduce prácticas corruptas que debilitan la confianza en las instituciones y en la política misma.

Por ello, un componente esencial de cualquier reforma electoral orientada a fortalecer la democracia mexicana debería incluir mecanismos claros para identificar, prevenir y sancionar las prácticas clientelares. No basta con regular los topes de gasto o vigilar el financiamiento de campañas: es necesario diseñar instrumentos de fiscalización en campo, generar incentivos para que la ciudadanía denuncie, y establecer sanciones ejemplares que inhiban estas conductas. Sólo así se podrá garantizar que las elecciones se decidan por propuestas y proyectos, no por intercambios indebidos que degradan la voluntad popular.

Se deben explorar alternativas como la instauración del voto obligatorio, el cual reduce el margen de maniobra del clientelismo porque los partidos ya no necesitan movilizar votantes mediante dádivas. Para evitar que incremente el clientelismo electoral en nuestro país también se deben regular y fiscalizar estrictamente todos los recursos a los que tienen acceso los partidos políticos y blindar efectivamente el uso de los programas sociales con fines electorales.

Conclusión

Como hemos visto a lo largo de estas dos entregas, el sistema electoral mexicano tiene múltiples componentes que deben discutirse en el marco de una nueva reforma. Lo indispensable es un análisis objetivo de lo que funciona y lo que debe corregirse, acompañado de un debate abierto sobre las distintas opciones.

Lo que no puede suceder es la imposición de ideas preconcebidas, ajenas al diálogo incluyente. Una reforma electoral debe convocar no sólo a la clase política de todo el espectro ideológico, sino también a personas de la academia, especialistas en materia electoral y, sobre todo, a la ciudadanía.

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