Por Mercedes Carbonell Peláez y Carlos Enrique Ramos Chávez

Las reformas electorales en México han sido fundamentales para la consolidación de la democracia. Entre sus logros más relevantes se encuentran la institucionalización y autonomía del órgano encargado de organizar las elecciones, así como la apertura de nuevos mecanismos de participación, como las candidaturas independientes, la incorporación de instrumentos de democracia directa y la “ciudadanización” de los procesos electorales.

No obstante, el sistema electoral sigue marcado por una profunda desconfianza mutua entre actores políticos, autoridades y ciudadanía. A pesar de que México lleva más de 25 años celebrando elecciones democráticas, la confianza en el sistema aún no termina de consolidarse. Esta fragilidad se agrava porque, en más de una ocasión, quienes han llegado al poder han utilizado los recursos e instituciones con fines facciosos. Además, las narrativas de fraude electoral son utilizadas frecuentemente por las candidaturas perdedoras y en los últimos años se ha mediatizado el discurso de que los órganos electorales han participado en la confabulación para “hacer perder” a ciertos a ciertos candidatos.

En este contexto, las nuevas discusiones sobre la reforma electoral no deben convertirse en una herramienta de unos cuantos para afianzar el poder, sino en una oportunidad para fortalecer la democracia, conservar lo que funciona y corregir las áreas de oportunidad. Para entrar a este debate, es indispensable comprender algunos conceptos clave que estructuran nuestro sistema electoral.

1. Principio de mayoría relativa y principio de representación proporcional

En el sistema electoral mexicano, hay dos grandes principios que regulan cómo se traducen los votos en escaños o curules: el principio de mayoría relativa y el de representación proporcional. Ambos buscan balancear dos valores de la democracia, la gobernabilidad (que alguien gane y pueda gobernar) y la representatividad (que se refleje la diversidad política del electorado).

El principio de mayoría relativa establece que gana la elección la o el candidato que obtenga el mayor número de votos. Este principio no exige mayoría absoluta, sino simplemente superar a las demás personas contrincantes. En cambio, el principio de representación proporcional asigna curules a los partidos políticos de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos a nivel nacional. Este segundo principio busca garantizar la pluralidad del Congreso, permitiendo que fuerzas políticas menores tengan presencia ampliando el espectro de voces representadas.

Durante las discusiones de reforma electoral es legítimo —y necesario— debatir la proporción de curules en el Congreso que se asignan por mayoría relativa y los que corresponden por representación proporcional, pues de este equilibrio depende tanto la gobernabilidad como la pluralidad en el Poder Legislativo. Diversos autores advierten que eliminar o reducir drásticamente la representación proporcional implicaría un grave retroceso democrático: se debilitaría la capacidad de la oposición para incidir en la agenda legislativa, se favorecería la concentración del poder en las fuerzas mayoritarias y se limitaría la voz de las minorías políticas y sociales, poniendo en riesgo la diversidad que sustenta un sistema representativo.

2. Partidos políticos y democracia

Los partidos políticos son entidades de interés público y constituyen actores centrales de la vida democrática. La discusión sobre su papel no debería centrarse en debilitarlos o eliminarlos, sino en cómo fortalecer su función representativa. Para ello, conviene abordar tres ejes. Primero, facilitar su conformación, de modo que el registro sea accesible y se promueva la aparición de nuevas opciones políticas. Segundo, democratizar su funcionamiento interno, asegurando procesos transparentes y abiertos que eviten la reproducción de lógicas autoritarias, las prácticas clientelares o la exigencia de lealtades ciegas al partido por encima de los principios democráticos. Y tercero, endurecer los requisitos para su permanencia, de manera que aquellos que no logren respaldo ciudadano ni representatividad real no sobrevivan como simples beneficiarios del financiamiento público. Bajo este enfoque, los partidos se podrían consolidar como espacios genuinos de representación, competencia y renovación democrática.

3. Financiamiento de los partidos políticos

El financiamiento público consiste en la asignación de recursos estatales a los partidos políticos para garantizar que puedan competir en condiciones de equidad y reducir la influencia de intereses privados en la política. Este modelo ha tenido como objetivo principal prevenir la corrupción y blindar a los partidos políticos de intereses particulares o gremiales. No obstante, su diseño actual requiere ajustes: se necesita un uso más eficiente del presupuesto destinado a los partidos, evitando excesos y privilegiando un gasto racional que responda a las necesidades reales de la competencia democrática. El debate debe centrarse en cómo asignar menos recursos sin debilitar la pluralidad y en cómo generar incentivos que promuevan conductas responsables en lugar de actitudes de complacencia frente a sanciones menores.

4. Fiscalización electoral

La fiscalización electoral es el conjunto de mecanismos que permiten verificar que los recursos que utilizan partidos políticos y candidaturas provengan de fuentes lícitas, que su uso se limite a los fines autorizados, que no se rebasen los montos máximos establecidos y que las operaciones se realicen mediante el sistema bancario mexicano. En México, el Instituto Nacional Electoral (INE) es la autoridad encargada de aplicar la fiscalización electoral. Esto lo hace a través de auditorías, verificación de documentos, inspecciones y análisis contables en conjunto con la revisión de quejas o investigaciones de oficio.

El desafío central que debería discutirse en el marco de la reforma electoral no es sólo detectar irregularidades, sino contar con mecanismos efectivos que impidan el uso de recursos ilícitos o provenientes del propio gobierno, y que al mismo tiempo establezcan incentivos efectivos para disuadir las prácticas indebidas. Hoy, muchas sanciones se reducen a simples multas que los partidos asumen como un costo más de operación, sin modificar su comportamiento. Por ello, se requieren reglas claras y consecuencias firmes que no solo castiguen, sino que provoquen un cambio real en las actitudes y en las acciones de los actores políticos.

5. Participación ciudadana

La participación ciudadana es el conjunto de acciones mediante las cuales las personas intervienen en los asuntos públicos para expresar sus intereses, influir en las decisiones colectivas y fortalecer la vida democrática. No se limita al voto, sino que incluye todas las formas en que la ciudadanía puede incidir en la gestión y control del poder político.

Una reforma electoral debe promover la participación ciudadana y aumentar la calidad de la misma. Para ello, se pueden mejorar y fomentar los mecanismos de democracia directa y democracia participativa, así como buscar incentivos para aumentar la representación de los sectores que tradicionalmente han estado excluidos de la vida pública. Además, es indispensable garantizar que esta participación no esté condicionada por partidos ni capturada para fines clientelares, sino que se ejerza con verdadero carácter ciudadano. Para lograrlo, deben incluirse programas permanentes de construcción de ciudadanía y educación cívica.

Conclusión

En suma, el debate sobre la reforma electoral debe ser precisamente eso: un debate abierto, incluyente y deliberativo. Un espacio en el que se contrasten diferentes perspectivas, se valoren con seriedad las ventajas y desventajas de cada propuesta y se busque la mejor solución posible para fortalecer la democracia. De nada servirá una reforma si se impone sin diálogo, sin escuchar a las diversas voces o, peor aún, si se parte de preconcepciones que ya definen el resultado de antemano. Proceder así no sólo empobrece la discusión pública, sino que vulnera los principios de pluralismo y de construcción democrática que tanto esfuerzo han requerido para consolidarse.

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