Por Mercedes Carbonell Peláez

El pasado domingo 1 de junio se llevaron a cabo las elecciones judiciales en la cuál se disputaron 881 cargos federales y 1,800 locales. La participación ciudadana rondó el 13%. ¿Y ahora qué sigue?

A diferencia de otros procesos electorales, esta jornada presentó retos logísticos particulares por la cantidad de puestos en juego y las múltiples combinaciones posibles en la boleta. Por ello, los resultados no se darán a conocer inmediatamente. Las personas funcionarias de casilla no contaron los votos, sino que únicamente separaron las boletas por tipo de cargo, registraron el total de personas votantes y entregaron los paquetes. A partir de ahí, son las y los funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los Organismos Públicos Locales Electorales quienes están a cargo del conteo, el cual inició el mismo domingo y continuará por 10 días. Los resultados finales se publicarán el 15 de junio.

Después de eso, aún quedan fechas importantes:

• El 28 de agosto es la fecha límite para la resolución de impugnaciones derivadas del proceso electoral.
• El 1 de septiembre es la fecha de toma de protesta de funcionarias y funcionarios electos.

Existe la percepción de que la participación ciudadana termina al depositar el voto en la urna. Pero en realidad, votar es apenas el primer paso. A partir de ahora, hay al menos dos tareas fundamentales para mantener viva la responsabilidad democrática: primero, mantenerse informada sobre el resto del proceso electoral —cómo van los conteos, qué resultados preliminares se conocen, cómo se desarrollan las impugnaciones—; y segundo, seguir dialogando sobre la reforma judicial que verdaderamente necesitamos.

Esta reforma puso sobre la mesa las deficiencias del Poder Judicial. Si bien hay aspectos que deben revisarse y mejorarse, la discusión sobre el sistema de justicia no puede limitarse a una sola instancia (el Poder Judicial), a un sólo problema (nepotismo), ni a una única solución (elección judicial). Debe haber un debate amplio y plural que nos permita explorar las diferentes instancias involucradas en la procuración e impartición de justicia (Fiscalías, Defensorías, Servicios Periciales, Unidades de Medidas Cautelares) y los muy diversos problemas (insuficiencia de recursos humanos, materiales y presupuestales; profesionalización y capacitación, capacidad de gestión y eficiencia, imparcialidad, entre otros).

Por eso, es momento de reflexionar sobre otras aristas que también necesitan atención si queremos garantizar una justicia imparcial, pronta y expedita:

• Suficiencia y no regresividad del presupuesto: Contar con recursos suficientes es condición básica para garantizar la independencia judicial. Un presupuesto estable y progresivo reduce la posibilidad de que las decisiones de jueces y juezas estén condicionadas por intereses políticos o económicos. Además, permite expandir la capacidad operativa de los juzgados —por ejemplo, aumentando personal o infraestructura— para atender de manera más eficiente y oportuna la creciente demanda de servicios de justicia.  
• Uso estratégico de las nuevas tecnologías: La digitalización del sistema de justicia no debe limitarse a mejorar la eficiencia interna, sino que también debe pensarse como una herramienta para ampliar el acceso. La tecnología, bien implementada, puede acortar distancias físicas y simbólicas entre las instituciones y la ciudadanía.
• Fortalecimiento de la gestión y la capacidad de priorización: No basta con más recursos; es clave también usarlos mejor. Mejorar la capacidad de gestión interna tanto de los tribunales como de las otras instituciones, desde la distribución de cargas de trabajo hasta el seguimiento de casos estratégicos, permite resolver con mayor agilidad los asuntos urgentes, evitar rezagos y garantizar una atención más equitativa. Un sistema judicial que gestiona con criterios claros es un sistema más transparente y confiable.
• Mejora en defensorías y procuradurías: Para lograr una justicia verdaderamente accesible, quienes necesitan asesoría legal o acompañamiento deben contar con defensorías y procuradurías profesionales, capacitadas, con recursos suficiente y con condiciones adecuadas de trabajo.
• Comunicación y articulación interinstitucional: La justicia no se construye en silos. Es fundamental fortalecer los mecanismos de coordinación entre las distintas instituciones para evitar contradicciones, duplicidades o vacíos. Esta articulación permitirá dar respuestas integrales a los problemas, mejorar los tiempos de atención y garantizar que ninguna persona quede desprotegida en medio de procedimientos fragmentados.

En resumen, las elecciones judiciales deben ser sólo el punto de partida para una conversación más amplia y constante sobre justicia. Como ciudadanía, podemos —y debemos— seguir observando, cuestionando, proponiendo. La transformación que buscamos no depende únicamente de quienes ocuparán los nuevos cargos, sino del compromiso colectivo por construir un sistema de justicia que funcione para todas y todos.

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