Por Mercedes Carbonell Peláez

A principios de mayo, Integralia Consultores —una firma especializada en asuntos políticos, económicos y sociales en México y América Latina— publicó un informe sobre la violencia política registrada en el país durante el primer trimestre de 2025.[1] Los hallazgos, déjenme decirles, revelan un panorama poco alentador. Si bien hubo una disminución en el número total de incidentes, el análisis confirma que la violencia política sigue siendo una herramienta de control territorial en manos del crimen organizado. A continuación, presento ocho puntos clave del reporte para entender mejor las dinámicas, riesgos y retos que enfrentamos.

Lo bueno

1. Reducción significativa de incidentes

Se registraron 104 casos de violencia política a nivel nacional entre enero y marzo de 2025, lo que representa una disminución del 59.2% respecto al mismo periodo del año anterior. Esta baja se atribuye al menor número y relevancia de cargos en disputa tras el proceso electoral 2023–2024.

2. Sin violencia contra candidaturas judiciales (por ahora)

No se reportaron ataques contra aspirantes del proceso electoral del Poder Judicial (hasta el 31 de marzo).

No obstante, esto podría cambiar conforme se acerque la jornada del 1° de junio.

Aunque los datos muestran una disminución significativa en el número de incidentes de violencia política, esta reducción parece ser más un efecto del calendario electoral que de una mejora estructural. Asimismo, la ausencia de ataques contra candidaturas judiciales podría ser sólo temporal. En este sentido, lo “bueno” no es, en realidad, un avance definitivo, sino que debe considerarse como una pausa frágil en un contexto volátil.

Lo malo

3. La violencia se concentró en el ámbito municipal

El 81.7% de las víctimas estaban vinculadas a gobiernos municipales, ya sea como funcionarios actuales, anteriores o aspirantes. Esto refleja la fragilidad institucional de los municipios frente al crimen organizado.

4. Morelos fue el estado más violento

Con 17 incidentes, Morelos encabezó el ranking estatal, seguido por Veracruz (13), Oaxaca (12), Puebla (11) y Guerrero (9). Esto refuerza el patrón de concentración geográfica en zonas con alta criminalidad.

5. Morena concentró el mayor número de víctimas

Con 30 casos, Morena fue el partido con más incidentes registrados, seguido por el PRI (10) y Movimiento Ciudadano (9). Esto se relaciona con su alta presencia en cargos públicos.

El hecho de que la violencia se concentre en el nivel municipal es un síntoma alarmante de la vulnerabilidad de las instituciones locales. Los municipios se han convertido en el eslabón más débil del sistema político y en el principal blanco de los grupos criminales que buscan control territorial y presupuestal. El caso de Morelos, y la alta incidencia en otras entidades con fuerte presencia del crimen organizado, evidencia una geografía del riesgo.

Lo feo

6. El homicidio fue el delito más frecuente

De los 104 incidentes, 50 fueron homicidios, seguidos por amenazas (24), atentados con arma de fuego (15), secuestros (11), y desapariciones (2). Las amenazas aumentaron notoriamente en marzo

7. Cuernavaca y Huitzilac, epicentros municipales

Ambos municipios de Morelos registraron cinco casos cada uno, siendo los de mayor incidencia a nivel municipal.

8. Funcionarios en funciones y exfuncionarios fueron los más afectados

El 75.9% de las víctimas eran funcionarios o exfuncionarios; 15.4% eran aspirantes y 8.7% políticos sin cargo activo

Cuando el homicidio es el delito más frecuente en el contexto de violencia política, el problema trasciende lo electoral y se convierte en una crisis de seguridad y gobernabilidad. Que personas funcionarias y exfuncionarias sean las principales víctimas habla de un contexto donde ejercer el poder público se ha vuelto letal. Las cifras revelan no sólo la brutalidad, sino también la sistematización del terror como herramienta política en ciertos territorios del país.

Conclusión

Lamentablemente, la violencia política en México no es algo excepcional; por el contrario, parece ser un problema estructural y persistente que, en los diferentes niveles de gobierno, supone una amenaza a nuestra democracia. En los casos más graves, incluso puede derivar en la cooptación de las instituciones por actores violentos o ajenos al interés público.

Lo más preocupante es la falta de una estrategia estatal para combatir esta violencia. Más allá de la vigilancia electoral, no hay una respuesta coordinada ni integral por parte de las autoridades que aborde las causas estructurales de la violencia política ni que proteja efectivamente a quienes participan en la vida pública.

Una democracia verdaderamente consolidada no puede tolerar la normalización de la violencia ni como parte del juego político ni en ningún otro sentido. Además, garantizar la participación libre y segura de todas y todos es indispensable para fortalecer el Estado de derecho, preservar la legitimidad institucional y fomentar la consolidación de una ciudadanía activa.

[1] Si quieres consultar el reporte, puedes acceder a él en este enlace: https://integralia.com.mx/web/reporte-trimestral-violencia-politica/

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