¿Cuál (o cuáles) deberían ser las autoridades encargadas de promover que la ciudadanía acuda a las urnas a emitir su voto el próximo 1º de junio?
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Por Carlos Enrique Ramos Chávez
Instituto Electoral de la Ciudad de México
Nos encontramos frente a una elección histórica en la que, por primera vez, se elegirán mediante voto popular a las personas titulares del Poder Judicial de la Federación, y de algunos poderes judiciales locales. Este ejercicio democrático es único en su tipo y, debido a lo novedoso y a su naturaleza tan particular, hay muchas cuestiones que generan debate y que se han ido definiendo sobre la marcha. Una de estas cuestiones es la promoción de la participación ciudadana: ¿Cuál (o cuáles) deberían ser las autoridades encargadas de promover que la ciudadanía acuda a las urnas el próximo 1º de junio?
El pasado 29 de marzo, un día antes de que iniciaran las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó el Acuerdo INE/CG334/2025 del Consejo General mediante el cual emitió criterios para garantizar la equidad en la contienda. Entre las disposiciones se estableció que el INE contaría con atribuciones exclusivas para la ejecución de actividades tendientes a la promoción del voto y de la participación ciudadana en el contexto del actual proceso electivo.
Este Acuerdo generó 39 impugnaciones, presentadas por personajes del partido en el gobierno ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El asunto provocó que el Tribunal Electoral dejara sin efectos esa disposición de los criterios del INE; estableciendo que las instituciones públicas y las personas servidoras públicas sí pueden promover la participación en el proceso electoral en curso.
El Tribunal determinó, a grandes rasgos, que los entes públicos sí tienen la facultad para promover el proceso electoral con fines didácticos o educativos, con el objetivo de esclarecer la forma en la que se podrá emitir el sufragio para cada uno de los cargos. Sin embargo, tienen límites: las instituciones y las personas servidoras públicas no podrán promocionar candidaturas ni llamar a votar a favor o en contra de alguna de las personas candidatas.
Para analizar este asunto es importante tener en cuenta que las reglas electorales en nuestro país se han construido sobre la base de un sistema de desconfianza y suspicacia entre las distintas fuerzas políticas. Esto ha generado que nuestra normativa electoral intente regular todos los aspectos de las elecciones, provocando, en muchas ocasiones, disposiciones excesivas.
¿Realmente el INE debería tener atribuciones exclusivas para promover y difundir este proceso electoral judicial que resulta tan novedoso? Considero que no. En primer lugar, porque mientras más personas e instituciones se involucren en la promoción de la participación ciudadana en las elecciones, contaremos con un voto más informado y los resultados serán mejores. En segundo lugar, porque frente a los recursos limitados con los que actualmente cuenta el Instituto Electoral, resulta conveniente que las instituciones públicas facultadas para ello también se involucren en la construcción de una ciudadanía cada vez más informada y participativa.
Sin embargo, también es importante advertir los riesgos que conlleva la resolución del Tribunal Electoral. Por un lado, el INE tendrá la importante labor de verificar que ninguna institución pública ni persona servidora pública utilice recursos públicos para afectar la equidad en la contienda. Para ello, deberá emitir lineamientos que regulen la promoción del voto sin favorecer a candidaturas específicas. Por otro lado, en el contexto actual, caracterizado por la hegemonía de un solo partido político, los riesgos de que se violen los principios de equidad e imparcialidad desde el sector público son cada vez mayores. Frente a esta situación, tanto las candidaturas como la ciudadanía desempeñan un papel importante: alzar la voz frente a cualquier intento por desequilibrar la balanza en las elecciones y acudir a las urnas para emitir un voto informado. Las elecciones no están decididas, los resultados no están escritos. Informarse y participar es la única manera de fortalecer a nuestra democracia y de impulsar una mejor actuación de las y los servidores públicos.
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