Llevamos meses enfrascados en México en la discusión de una posible reforma al poder judicial. Lo cierto es que la iniciativa presentada por el Presidente de la República el pasado 5 de febrero de 2024 ha sido muy cuestionada y ha generado amplias resistencias y críticas fundadas. Sin embargo, parece haber un amplio acuerdo en la sociedad mexicana sobre la necesidad de hacer modificaciones para que mejore el sistema de justicia. Les comparto algunas propuestas para una reforma que sí necesitamos y que sí fortalece a las instituciones en vez de debilitarlas:

1. Acceso a la justicia

Problema: actualmente, existen barreras económicas, geográficas y de conocimiento del marco jurídico vigente que limitan el acceso a la justicia.

– Propuesta:

  – Justicia accesible: implementar procedimientos sumarios para cuestiones de escasa cuantía, con énfasis en áreas rurales y grupos vulnerables.

– Tribunales itinerantes y digitales: creación de tribunales itinerantes que se acerquen a las comunidades para evitar que quienes tienen problemas jurídicos no los puedan resolver por las distancias y los gastos que se requieren para llegar a la sede de los poderes judiciales. De la misma forma, propongo el uso intensivo de plataformas tecnológicas para presentar casos, presentar documentos y desahogar audiencias a distancia. La correcta implementación del nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es una buena oportunidad para lograrlo.

  – Asistencia legal gratuita: incrementar los recursos y la difusión de los servicios de defensorías públicas y de abogados que hacen pro bono, asegurando una mayor cobertura geográfica de la asistencia jurídica.

2. Modernización tecnológica

Problema: el uso de tecnologías en el sistema de justicia es todavía hoy en día limitado, lo que genera ineficiencias y retrasos.

– Propuesta:

  – Digitalización de procesos: implementar sistemas de gestión digital de expedientes, que permitan la presentación y consulta de documentos en línea, la existencia de oficialías de parte virtuales, diligencias por videoconferencia, etcétera.

  – Audiencias virtuales: es especialmente importante establecer plataformas confiables para audiencias y procedimientos judiciales virtuales, reduciendo la necesidad de traslados físicos y acelerando los tiempos procesales. Las nuevas tecnologías, aplicadas a la impartición de justicia, nos pueden ahorrar tiempo y dinero.

  – Inteligencia artificial y análisis de datos: utilizar herramientas de IA para la asignación de casos, la evaluación de riesgo de reincidencia en los procesos penales para determinar las medidas cautelares procedentes en cada caso y el seguimiento de plazos procesales.

3. Reducción de las cargas procesales

Problema: La congestión de los tribunales es uno de los mayores problemas, provocando largos tiempos de espera y sobrecarga de trabajo para los jueces.

– Propuesta:

  – Reforma procesal: podemos comenzar simplificando (o desformalizando, como algunos lo llaman) los procedimientos judiciales, eliminando trámites innecesarios y adoptando el principio de oralidad en todas las etapas procesales.

  – **Mediación y arbitraje: no todos los problemas jurídicos deben llegar hasta el conocimiento de los tribunales. Llevo años repitiendo la idea de que hay que promover mecanismos alternativos de resolución de conflictos, como la mediación y el arbitraje, para lograr soluciones más flexibles y expeditas, en beneficio de todas las partes. La nueva Ley General de MASC promulgada en enero de 2024 nos puede ayudar mucho a lograrlo.

 -Especialización de tribunales: aunque parezca increíble, todavía al día de hoy existen muchos juzgados que tienen competencias mixtas, lo cual quiere decir que les llegan asuntos de materias muy diferentes entre sí. Eso impide una buena administración de justicia. Es indispensable que la gran parte del trabajo jurisdiccional esté a cargo de tribunales especializados, para mejorar la eficiencia y calidad de las decisiones judiciales.

4. Formación y capacitación del personal judicial

Problema: el personal judicial requiere una capacitación constante para enfrentar los desafíos de un sistema de justicia en evolución.

– Propuesta:

  – Capacitación continua: implementar programas de formación continua para jueces, fiscales, defensores y demás personal, en temas relacionados con nuevas tecnologías, los derechos humanos, la jurisprudencia internacional y las mejores técnicas de resolución de conflictos.

  – Ética judicial: fortalecer la enseñanza de principios éticos y de imparcialidad en la formación judicial, con una evaluación periódica de su cumplimiento.

– Intercambio de experiencias: fomentar programas de intercambio y colaboración con otros sistemas de justicia en el extranjero, permitiendo que los jueces y abogados aprendan de las mejores prácticas a nivel internacional.

5. Lucha contra la corrupción y fortalecimiento de la transparencia**

Problema: la corrupción dentro del sistema judicial es uno de los problemas más graves que socava la confianza pública en sus instituciones.

– Propuesta:

  – Transparencia absoluta de las decisiones judiciales: publicar de manera proactiva y accesible todas las decisiones judiciales, promoviendo la transparencia, tal como lo ordenó la SCJN al resolver en Amparo en Revisión 271/2020.

– Órganos de control independientes: crear o reforzar organismos de control y fiscalización judicial con independencia del poder político y judicial, que supervisen la conducta de jueces y funcionarios. La participación ciudadana nos puede ayudar a lograr este objetivo.

  – Sistema de denuncias anónimas: implementar en todos los niveles de la justicia, sistemas que permitan la denuncia anónima de conductas corruptas o inadecuadas dentro del sistema judicial, con garantías de protección para los denunciantes.

6. Mejora de la infraestructura judicial

Problema: la infraestructura de los tribunales y centros de justicia es obsoleta y, en muchos casos, insuficiente para la demanda actual. Esto dificulta el trabajo de quienes laboran en esos tribunales y fiscalías, y afecta la calidad en el servicio que prestan

– Propuesta:

  – Modernización de edificios judiciales: renovar y construir edificios judiciales modernos, que cuenten con tecnología adecuada y espacios que faciliten la labor de jueces, abogados y usuarios.

  – Condiciones laborales del personal judicial: mejorar las condiciones laborales de jueces, defensores, fiscales y personal administrativo para evitar el agotamiento y aumentar la eficiencia del sistema.

7. Despolitización del sistema judicial

Problema: La influencia política en el trabajo judicial es una realidad, sobre todo en el caso de los poderes judiciales de las entidades federativas, lo cual evidentemente puede comprometer su independencia.

– Propuesta:

  – Reforma en la selección de jueces: establecer criterios estrictos, transparentes y meritocráticos para la selección y promoción de jueces, asegurando la participación de órganos independientes en estos procesos.

  – Períodos de nombramiento y evaluación: implementar evaluaciones periódicas de desempeño judicial por comisiones independientes y revisar los mecanismos de permanencia y destitución de jueces.

8. Protección de derechos humanos y tutela de la igualdad de las personas

Problema: existen deficiencias en la protección de derechos humanos y una grave falta de equidad en el acceso a la justicia.

– Propuesta:

  – Tribunales de derechos humanos: crear tribunales especializados en el conocimiento de casos que involucren violaciones graves.

  – Enfoque de género y diversidad: asegurar que la formación y actuación judicial incorpore un enfoque de género y de respeto a la diversidad, garantizando que las personas más vulnerables tengan acceso a un trato justo y equitativo. Prevalece en la justicia mexicana un fuerte sesgo machista e incluso homofóbico que hay que erradicar.

9. Mejora de la relación entre justicia y ciudadanía

Problema: existe una grave desconexión entre la ciudadanía y el sistema judicial, lo que genera desconfianza, la cual es sobre todo fruto de una no muy buena comunicación hacia la gente respecto al trabajo que hacen los impartidores de justicia.

– Propuesta:

  – Programas de educación legal: implementar programas de educación legal en escuelas y comunidades para que los ciudadanos comprendan mejor sus derechos y el funcionamiento del sistema de justicia. Para ello también pueden ser de utilidad las nuevas tecnologías.

  – Participación ciudadana: fomentar la creación de mecanismos de participación ciudadana en la fiscalización y evaluación del funcionamiento del sistema judicial, como observatorios ciudadanos y mesas de diálogo entre justicia y sociedad.

Conclusión

Son muchos los problemas que hay que resolver en la justicia mexicana, de eso no hay duda. Las medidas que se acaban de enunciar están enfocadas en llamar la atención sobre aspectos clave como la accesibilidad, modernización tecnológica, reducción de las cargas de trabajo y del rezago judicial, capacitación del personal judicial, lucha contra la corrupción, mejora de la infraestructura, fortalecimiento de la independencia judicial y un mayor énfasis en la protección de derechos humanos. Para garantizar el éxito de estas reformas, es fundamental un enfoque coordinado entre el poder judicial, el legislativo y la sociedad civil. Ojalá que entre todos lo logremos.

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