1) Formación especializada con aplicación directa. La maestría está diseñada para que los conocimientos adquiridos resulten útiles en la práctica profesional, tanto en el litigio como en la asesoría, la función pública y la consultoría vinculada con la actuación del Estado.

2) Enfoque actualizado del derecho administrativo. El programa no se limita a una visión clásica de la disciplina, sino que incorpora los retos que hoy transforman el derecho público y exigen perfiles mejor preparados frente a nuevas dinámicas institucionales.

3) Visión integral de la relación entre Estado, legalidad y control. A diferencia de programas que abordan el derecho administrativo de forma fragmentada, esta maestría permite comprender de manera articulada cómo se organiza, actúa, se limita y se controla jurídicamente el poder público, lo que fortalece una comprensión más completa y útil de la disciplina.

4) Validez oficial con proyección profesional. Al tratarse de un programa con RVOE oficial de la SEP, la maestría ofrece un beneficio adicional frente a otras opciones de formación: permite obtener grado, título y cédula profesional con validez en todo el país.

5) Modalidad compatible con la vida laboral. Su esquema de clases en horario nocturno, los martes y jueves, cinco veces al mes, permite cursar un posgrado de alto nivel sin dejar de atender responsabilidades profesionales.

Sí, tiene validez oficial ante la Secretaría de Educación Pública, el número de registro es: 20261500

A abogadas y abogados que buscan especializarse en los problemas jurídicos relacionados con la actuación del Estado, la Administración Pública y los mecanismos de control frente a actos de autoridad.

Resulta especialmente adecuada para quienes trabajan o desean trabajar en litigio administrativo, asesoría jurídica, función pública, tribunales, órganos de control, contratación pública, responsabilidad administrativa, transparencia, regulación y consultoría en materia de derecho público.

También es una opción pertinente para profesionistas del derecho del sector privado que necesitan una preparación más sólida para intervenir en asuntos vinculados con procedimientos administrativos, sanciones, permisos, contrataciones, responsabilidades del Estado y medios de impugnación.