Por Mercedes Carbonell Peláez

Desde 2011, cada año, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE), una herramienta fundamental para entender la magnitud, naturaleza y distribución del fenómeno delictivo en México. La ENVIPE permite conocer cuántas personas han sido víctimas de delitos, qué tipos de delitos son más frecuentes y cómo perciben la seguridad en sus entornos cotidianos.

Esta información no sólo aporta evidencia sobre el impacto real de la inseguridad, sino que es crucial para el diseño, monitoreo y evaluación de políticas públicas en materia de seguridad. Por ello, resulta particularmente preocupante cualquier intento de recortar el presupuesto destinado al INEGI: comprometer esta fuente de información implica, en última instancia, diseñar políticas a ciegas.

A continuación, se presentan algunos de los datos más relevantes de la edición 2024:[1]

• Se estima que 21.9 millones de personas fueron víctimas de algún delito, lo que representa una tasa de 23,323 víctimas por cada 100,000 habitantes.
  • Las entidades con mayores tasas de victimización son el Estado de México, Aguascalientes y la Ciudad de México.
• A nivel nacional se registró una tasa de 33,267 delitos por cada 100,000 habitantes, lo que representa un aumento cercano al 3% respecto a 2022. En total, se cometieron 31.3 millones de delitos.
• Los más frecuentes fueron: fraude (20.9%), robo o asalto en calle o transporte público (19.6%), extorsión (15.7%) y robo de vehículo (10.5%).
• El costo económico total derivado de la inseguridad y el delito en hogares fue de 282 mil millones de pesos, equivalente al 1.15% del PIB.
  • Esto representa un gasto promedio de 6,853 pesos por persona afectada, aunque esta cifra varía dependiendo de la entidad: en Jalisco puede ascender a 9,325 pesos, y en Chiapas puede ser de 4,236 pesos.
• Sólo el 7.1% de los delitos fueron denunciados y dieron lugar a una carpeta de investigación; el 92.9% restante conforma la llamada cifra negra, con grandes variaciones entre estados: Guerrero encabeza la lista con 97.5% y Durango reporta el nivel más bajo con 88.9%
  • Incluso cuando se inicia una carpeta de investigación, en 47.9% de los casos no hubo continuidad o resultado.
• Las principales razones para no denunciar están relacionadas con la desconfianza institucional:
  • 34.4% considera que denunciar es una pérdida de tiempo, 12.7% desconfía de la autoridad; y otras razones incluyen la complejidad de los trámites, el miedo a represalias y el temor a ser extorsionado por las autoridades.
• La percepción de inseguridad también es alarmante: 74.8% de las personas entre 30 y 59 años consideran insegura la situación en su estado, 63.9% en su municipio, y 42.1% en su colonia.
  • Los lugares donde la población se siente más insegura son los cajeros automáticos en vía pública (72.3%), el transporte público (63.5%) y la calle (61%).
• Respecto al futuro, 60.7% de la población cree que la situación de seguridad en el país se mantendrá igual de mal o empeorará. Esta percepción es compartida a nivel estatal (56.6%), aunque el desánimo disminuye a nivel municipal o local (41.8%).
• La inseguridad se percibe como el problema más importante del país (60.7%), por encima de la escasez de agua (36.8%) y el aumento de precios (34.4%).
• A nivel nacional, el nivel de confianza en las autoridades es relativamente bajo: menos de la mitad (48.5%) confía en la policía de tránsito; mientras que el 58.3% confía en la policía preventiva municipal, 59.7%, en el Ministerio Público o Fiscalía, y 60.5%, en los jueces.

Los resultados de la ENVIPE 2024 confirman una realidad persistente y alarmante: la inseguridad sigue siendo el principal problema que afecta a México. No sólo ha aumentado la victimización, sino que también se mantiene una profunda desconfianza hacia las instituciones encargadas de garantizar justicia y seguridad. La mayoría de los delitos no se denuncian. A esto se suma una percepción generalizada de que la situación no mejorará en el corto plazo.

En conjunto, estos hallazgos revelan una crisis estructural, en la que el Estado no está logrando ofrecer respuestas eficaces ni efectivas ante la crisis de inseguridad, ni recuperar la confianza ciudadana. La estrategia actual, tanto a nivel federal como estatal, han sido insuficiente.

Si bien no existen soluciones inmediatas ni universales para afrontar un fenómeno tan complejo, es urgente avanzar hacia estrategias integrales, multifocales y de largo plazo. Esto implica fortalecer las capacidades institucionales de todas las agencias involucradas (desde la policía municipal hasta el Poder Judicial) y abordar las múltiples dimensiones —sociales, económicas, institucionales y territoriales— que alimentan la violencia y la impunidad. Apostar por el uso riguroso de los datos, como los que proporciona la ENVIPE, es el primer paso para diseñar políticas de seguridad que respondan a la realidad del país y no a percepciones o discursos políticos desanclados del diagnóstico de la realidad.

Si quieres saber más, te invito a leer el informe completo:

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[1] A menos que se especifique, todos los datos son sobre población de 18 años y más. Aunque es la edición 2024 (por su año de publicación), la información recolectada es sobre el 2023.